La autoridad judicial afirmó ante la consulta: "no sé nada de eso, no estoy notificado de nada y no puedo hablar de lo que no sé”.

También está sospechado de participar en el ardid el titular de la Secretaría Penal 2 de esa judicatura, Pablo Molina. El asistente del juez se guardó a silencio, aunque tampoco habría sido notificado de la presentación en su contra.

La denuncia transcurrió mientras este juzgado recibió las actuaciones realizadas en el contexto de una causa judicial en la que se investiga a referentes políticos del radicalismo por regentear prostíbulos en el Interior provincial.

Los fiscales habían hecho notar que el juez había recibido la denuncia del funcionamiento de esos lugares en 2012, y que nunca realizó diligencias, sino hasta este año.

Otra de las causas en la que se puso en duda el desempeño del magistrado fue en el desarrollo de una denuncia por delito tributario iniciado al gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, quien fue beneficiado con la falta de mérito.

Además se sospecha que intervino en causas por lavado de activos en la que figura como uno de los clientes de una cueva financiera.

Denuncia por mal desempeño

En la última denuncia el titular del juzgado, su secretario y administrativos de menor rango están acusados de fraguar documentación para facilitar la entrega de un automóvil a una organización narco involucrada además en maniobras de lavado de activos.

Los fiscales denunciaron que Soto Dávila, Molina y el escribiente Zacarias Issolo colaboraron con los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, en acciones que configurarían una “estafa procesal” y se los acusa también de encubrir un ilícito.

Las maniobras en cuestión están relacionadas con la devolución de un Mercedes Benz 997-C250 secuestrado en una agencia de autos de Posadas, Misiones, que era utilizaba el procesado Roberto Rodríguez para lavar activos provenientes del narcotráfico.

Según dio a conocer el Ministerio Público Fiscal, Víctor Manuel Fernández sostuvo haber adquirido el vehículo secuestrado, de buena fe y por medio de sus abogados Agnello y Barboza Galeano pidió la entrega del rodado en la secretaría a cargo de Molina. Recibió ese pedido Zacarías Issolio.

Debido a esto, el fiscal federal, Flavio Ferrini, pidió que se cite a declarar a Víctor Manuel Fernández y también al antiguo dueño del auto, Fernando Gauto, oriundo de Eldorado, Misiones.

Pero, según los fiscales, el supuesto comprador se habría presentado “espontáneamente” incluso antes que se haga constar la recepción del pedido de convocatoria, y se hizo constar también que había declarado el anterior dueño del auto.

Luego de esto, se devolvió el automóvil.

Anoticiado de esto, el fiscal Ferrini pidió información a la fiscal federal de Eldorado, Lilian Delgado, para que entreviste a Fernando Gauto para que reconozca su declaración.

Pero el citado negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración.

Para el Ministerio Público de Corrientes existió “un plan con el objetivo de recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez”

Para concretar el objetivo, “se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Sr. Gauto) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama”.

La sospecha de los fiscales es que “los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado”.

Y es por ello que pidieron al Juzgado Federal 2, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, a que se investigue las maniobras.

Antecedentes

El juez Carlos Soto Davila asumió en el cargo en 1996, y desde entonces se pidió su remoción por mal desempeño en al menos cinco oportunidades.

La última fue en 2009 cuando el diputado Carlos Kunkel denunció ante el Consejo de la Magistratura supuestas irregularidades cometidas por el juez en los cambios de cauciones reales por personales, en la tramitación de diferentes incidentes de excarcelación y la devolución de embarcaciones y vehículos secuestrados. La denuncia fue desestimada.