La creciente crisis económica aporta al un caldo de cultivo que podría derivar en una crisis general, tal como ocurrió en 1.999.

En este sentido, Feliciano “Chano” Romero, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) provincial, advirtió a las autoridades sobre la situación.

Frente a la casa de Gobierno y acompañado de centenares de trabajadores advirtió: “Que el gobernador no se olvide que fuimos nosotros los que organizamos la Carpa Blanca en el ’99 y que hoy nos hacemos presentes con los mismos reclamos”, subrayó, dando a entender que, si no se dan soluciones concretas a los diferentes reclamos, podría generarse un estallido social.

Conflicto policial

Después de varios días de acampe en la Plaza 25 de mayo de esta Capital y bajo la amenaza de tomar las comisarías, los uniformados de la policía, servicio penitenciario y representantes pasivos se reunieron en asamblea con el Jefe de Policía, Eduardo Acosta.

Tras el encuentro, se redactó un petitorio para ser presentado al gobernador de la provincia, Ricardo Colombi y el Ministro de Seguridad, Horacio Ortega.

El petitorio, que consta de doce puntos, entre los que se incluye desde el reclamo por mejoras salariales, uniformes y otros elementos necesarios para el buen desempeño de la fuerza, hasta elementos de limpieza y presupuesto para refacciones de comisarías que, explicaron, se encuentran en estado lamentable, fue presentado al gobernador.

Tras la presentación, el gobernador habló por primera vez del conflicto y sólo se limitó a declarar en diferentes medios locales que el conflicto “está resuelto”, sin dar detalles al respecto.

Por su parte, el ministro Ortega, en un intento de generar una tregua ante la inminencia del conflicto, sostuvo que “el Gobierno dio señales efectivas en lo salarial”, esto es, un incremento de $1.600 para activos y pasivos, y remarcó: “lo que dijimos es lo que se puede establecer”, pese a que esta propuesta fue rechazada por los uniformados, por lo que no descartan la posibilidad de realizar nuevos reclamos este martes 18 de octubre, incluso, una marcha general antes de fin de mes.

En las asambleas de policías activos, retirados y penitenciarios no dejan de recordar las asonadas de 2008 cuando se cerraron las unidades del orden público y cortaron, armados, el puente interprovincial Corrientes-Chaco. Prometen una hazaña similar si para noviembre los incrementos salariales son desestimados por el Gobierno.

Docentes

El titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Rufino Fernández, aseguró esta semana que, de no generarse nuevos espacios de diálogo con el ejecutivo provincial, los docentes correntinos se verían obligados a tomar medidas de fuerza.

En este sentido, desde el organismo afirmaron que el aumento salarial que aprobó este mes el gobierno es insuficiente, por lo que esta semana se realizarán asambleas con otros gremios afines “para insistir en el diálogo y, si no ocurre, iniciar un plan de lucha”.

Además de la cuestión salarial, el sector manifiesta que existen otras problemáticas que, a pesar de los reiterados reclamos, no han podido ser atendidas, entre ellas, las paupérrimas condiciones edilicias en que se encuentran muchos establecimientos educativos de la provincia; y la necesidad de reforma del sistema educativo local, que, en relación a otras provincias, deja mucho que desear.

Al respecto, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Corrientes (SUTECo), Fernando Ramírez, señaló que “En Corrientes, sin invertir en infraestructura escolar y sin aplicar la jornada extendida, los indicadores no van a ser positivos, pero hay que evaluarlos en el contexto”.

El sindicalista se refirió además a la nueva modalidad de evaluación que se ejecutará a través del Programa Aprender, con el que se analizaría la situación educativa. “El Gobierno tiene que evaluar las políticas hacia adentro. Se busca que la responsabilidad recaiga sobre los docentes y no sobre las jurisdicciones”, subrayó.

En ese mismo sentido, el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, expresó que “no coincidimos con esta metodología y no sabemos cuál es el fin de esta evaluación. Una prueba estándar puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Se realiza solamente para ver las debilidades del sistema y están midiendo otras cuestiones”.

Bancarios

El sector organiza una jornada de paro de alcance nacional para la semana próxima, en caso de no reabrirse las negociaciones con el gobierno por paritarias.

Al respecto, Sergio Palazzo, titular del gremio la Bancaria, indicó que “aún no recibimos respuestas concretas. Ni los bancos ni el Gobierno cumplen con la Ley y el acuerdo. Nos niegan la seguridad jurídica que tanto pregonan”, se quejó.

Este martes se realizarían asambleas en todo el país a fin de definir posiciones de La Bancaria, aunque trascendió que, de no haber soluciones concretas a los reclamos, se anunciaría el paro para el día 28 de octubre.

Ioscor

Si bien, después de 75 días de paro, la obra social de la provincia retomó sus actividades, no se descartan nuevas medidas de fuerza, siendo que el incremento salarial de $2300 obtenido no beneficiaría a todos los trabajadores de manera equitativa, ya que en la mayoría de los casos, los aumentos no superan el 10 por ciento del sueldo y, en algunos cargos jerárquicos, sólo el 3 por ciento.

En este sentido, Guillermo Escalante, uno de los voceros de los empleados, sostuvo que "es una victoria agridulce porque ganamos que reconozcan la recomposición salarial pero por otro lado seguimos negociando los descuentos".

Por su parte, Gustavo Vega, contador de la institución, afirmó a un medio local que “Hablar de números en pesos es abrir una expectativa que no se cumpliría en algunos casos y que podría generar nuevos problemas", ya que el incremento será aplicado en porcentajes diferentes, de acuerdo al cargo, antigüedad y otras cuestiones.

Esta semana se realizarán asambleas para definir qué camino tomar en relación a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Provincial de levantar la intervención del organismo y eximir de descuentos en sus salarios a trabajadores que se plegaron a la medida de fuerza.

In.Vi.Co

Después de los anuncios de incremento salarial para todo el sector público prometido por el gobierno provincial para este mes, los conflictos comenzaron a generarse tras conocerse la inequidad con que se aplican estos aumentos.

En este sentido, Juan Arnedo, gremialista de la localidad de Paso de los Libres denunció esta semana que sólo algunos empleados con cargos jerárquicos fueron beneficiados con hasta $3500 de plus en sus haberes, mientras que el resto del personal no recibió nada.

“El único camino que nos queda a los trabajadores es unirnos en un plan de lucha conjunto de todos los gremios, como están haciendo los trabajadores del Ioscor, hasta lograr que el gobierno atienda todos los reclamos salariales y laborales en curso”, enfatizó Arnedo.

Judiciales

El sector se encuentra en estado de asamblea permanente, luego de recibir un incremento salarial no acorde a lo requerido.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJ), Juan Carlos González, explicó que la medida “no se ajusta a lo que reclamamos, este porcentaje no es el ideal y nos da margen para seguir reclamando”.

Por su parte, el titular de prensa del Superior Tribunal de Justicia, Luis Mansutti, se manifestó en contra de la actitud tomada por los trabajadores y expresó que “son razones presupuestarias.

Esto es lo que se puede. Si las posibilidades presupuestarias hubiesen sido las pretendidas por SiTraJ, por supuesto que se habrían cumplido”.

Productores

Desde la Federación de Cooperativas de Corrientes (FedeCoop) reclaman a la Provincia mejores condiciones para el sector.

En este sentido, el vicepresidente de la entidad, Daniel Sequeira, explicó a medios locales que “siempre reclamamos mayor respaldo de la provincia hacia las cooperativas, porque el sector necesita mayor acompañamiento, y sentimos que no lo tienen. Nosotros recibimos mucho respaldo del sistema cooperativo nacional, pero de la Provincia nada, ningún tipo de asistencia económica”.

El referente recalcó además la situación por la que están pasando las cooperativas productoras de energía y agua potable, ubicadas en Monte Caseros, Gobernador Virasoro, Bella Vista y Colonia Pujol. “Es preocupante, ya que están con problemas por el costo de la energía que nos venden a valor elevado y nosotros debemos cobrar más caro, lo que nos resulta menos rentable y ese reclamo ya lo elevamos a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, pero hasta ahora no tenemos respuestas”, resaltó.

Sin médicos

El cierre del programa “Médicos Comunitarios” dejó sin atención a la salud dejó a miles de ciudadanos que acudían a los centros de primaria a la salud de sus barrios para curar sus dolencias desde 2004 cuando se inició la aplicación de esta asistencia con apoyo de las universidades.

Tras la determinación del gobierno macrista de eliminar la estructura sanitaria, en Corrientes quedaron sin trabajo 360 profesionales.

Los médicos correntinos son los peores pagos de la Mesopotamia. Cobran entre $8.000 y 11.000 pesos, incluyendo guardias.

Esto llevó a una serie de manifestaciones en julio por mejoras salariales, insumos en los hospitales, reparación de edificios, entre otros reclamos.

Llegó octubre y la situación es más grave. Algunos municipios como el de Monte Caseros declararon la emergencia sanitaria debido a que el Hospital Samuel Robinson carece de anestesias y tampoco existen profesionales capacitados para aplicarlas.

Ante la falta de atención del Ejecutivo, plantearon la problemática en la Cámara Baja y pidieron una ley que los ampare. Evitan hablar de retención de servicios pero el clima en los centros de salud es tenso.

Reforma

En este contexto, en la Cámara de Diputados la Comisión de Acuerdos dio despacho favorable a la ley para reformar 75 artículos de la Constitución Provincial y para posibilitar la prórroga de mandato para Ricardo Colombi, gobernador provincial.

La iniciativa contó con la firma de cuatro diputados de la alianza gobernante Encuentro por Corrientes, pues el único representante del PJ estuvo ausente.

Esta semana será tiempo de negociaciones en la Cámara Baja, porque la coalición gobernante carece de los 20 votos necesarios para aprobar el proyecto y convertirlo en ley; y deberán contar con algunos votos peronistas.

En tanto el PJ lejos de amilanarse por la avanzada radical, ratificó el 26 de noviembre como fecha para el Congreso Partidario en el que se tratará la cuestión de la reforma.

Muchos son los dirigentes que ya se expresaron en contra de la iniciativa. Uno de ellos es el intendente de la Capital, Fabián Ríos, quien en los hechos lleva la voz cantante del peronismo. Igualmente su postura es similar al del presidente de ese grupo político, Gerardo Bassi, intendente de Goya.