En una clara medida de xenofobia y racismo la Policía de Corrientes persigue a los extranjeros radicados en la provincia como una “medida de prevención”.
La acción de xenofobia fue comunicada oficialmente y comenzó a ponerse en marcha en la localidad de Curuzú Cuatiá donde “se cita a las personas extranjeras que habitan la ciudad en la Unidad Regional III, situada en calle Berón de Astrada 429”.
Los mandos policiales dieron a conocer que “empadronan” a los foráneos “ “para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos de la comunidad”, es decir, que todo aquel que es foráneo es considerado un criminal, y por tal motivo “la Policía llevará el control de los habitantes de otras nacionalidades”.
El operativo comenzó el 4 de diciembre con el fin de “identificar” especialmente a los residentes de Asia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Colombia que están radicados en la jurisdicción de la la Unidad Regional III, en el Sur provincial.
Las autoridades locales policiales reconocen la habitualidad de esta práctica persecutoria pero que “esta medida no se venía ejecutando desde hace tiempo, pero ahora se empezó a realizarse el control porque hay muchas personas que se dedican a actividades ilegales, entonces este relevamiento sirve a los fines de poder reforzar la seguridad”.
Justifican el accionar en que “esto ayuda a la prevención y a combatir el delito y sirve para averiguar los antecedentes que pueda tener una persona en cooperación con la Justicia”.
En este contexto los efectivos exigen a los foráneos a exhibir documentación de permanencia, una facultad privativa de la Dirección Nacional de Migraciones.
También exigen la entrega de papeles que pueda constatar su identidad, dirección y motivo de la permanencia, por lo que deberían presentar principalmente documentos, visa o autorizaciones de permanencia y otros documentos que acrediten domicilio, en una clara transgresión a las normativas nacionales y constitucionales.
Lo llamativo es que la exigencia a participar del empadronamiento se realizó a través de los medios de prensa, pero ninguna institución de derechos humanos y tampoco el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo intervino en la medida de dudosa legalidad llevada adelante por las fuerzas de seguridad.
La cuestión es conocida por los integrantes de la Legislatura provincial, donde advirtieron la ilegalidad de la práctica. En las próximas horas se cursarían pedidos de explicación al Poder Ejecutivo.
