El hecho ocurrió el martes, cerca de las 20, cuando dos hombres transitaban la avenida Cazadores al 5100, y otro auto los encerró, y del interior dispararon nueve veces en un acontecimiento que “se presenta como una situación casi impensada en la tranquilidad de la Ciudad de Corrientes”, según el Gobierno.

Por el hecho, luego, fueron detenidos tres hombres, y uno de ellos recuperó la libertad al comprobarse que no participó en el doble homicidio.

Minutos después el ministro de seguridad de la provincia, Horacio Ortega, afirmó que el atentado “lo consideramos como un hecho aislado” y atribuyó la situación a “una cuestión de rencores familiares”.

Pese a esta sospecha no tuvo obstáculo para reconocer que estaba eliminada toda posibilidad de custodia a los familiares de los sospechosos del crimen, pese a ser consciente que existían mensajes intimidatorios hacia ellos en el marco de un plan de venganza.

Durante toda la semana el área gubernamental evitó que la fuerza de seguridad provincial difunda detalles de las actuaciones.

El hecho ocurrió 48 horas después que un empresario de la localidad de Santa Lucía denunció que ladrones violentaron su casa, inhabilitaron las cámaras de seguridad, rompieron una caja fuerte y se robaron $200.000 y electrodomésticos.

Los peritos policiales aseguraron que los delincuentes “utilizaron guantes” y no pudieron hallar indicios de ellos. Por el episodio no hay detenidos y las averiguaciones están estancadas.

Un día antes, otro empresario, pero en la el barrio Ciudad de Arequipa –zona de las Mil Viviendas- pidió auxilio a la policía después que desconocidos ingresaron a su casa de donde sustrajeron $300.000. Las averiguaciones están paralizadas. No se pudieron obtener indicios y no hay detenidos.

El 29 de noviembre, un asaltante apuntó con un arma a un kiosquero en un local de la avenida 3 de abril al 1300 y se llevó la recaudación y todos los chocolates. No hubo responsables.

Ocurrió después que el 7 de noviembre, Adrián Segovia recibió tres puñaladas en el barrio Santa María por parte de un dúo de maleantes que quisieron robarle la moto. El joven de 20 años murió. Hay un detenido, el otro está prófugo, pero se desconoce su identidad.

En octubre dos delincuentes asaltaron el municipio de Santa Lucía y se llevaron la plata de los sueldos. Los ladrones golpearon a un funcionario municipal y huyeron con el dinero. Horas más tarde la policía detuvo al colaborador del municipio –quien había sido brutalmente golpeado- y después se recuperó parte del dinero. El caso aún está irresuelto.

En esos días un cura párroco denunció que los ladrones se robaron hasta las monedas de la alcancía de una iglesia, también en Santa Lucía.

Por los hechos, vecinos de esa localidad, de Bella Vista y de Goya salieron a la calle a pedir seguridad ante la ola de robos en la zona sur de la provincia.

Iguales medidas protesta tomaron los habitantes de las barriadas Capitalinas cuando se reunieron en la avenida Armenia al 3100 para pedir seguridad en cercanías de las escuelas.

Esta protesta fue consecuencia de los recurrentes hechos delictivos que ocurren a toda hora del día, incluso frente a los establecimientos escolares donde los vándalos atacan a los adolescentes más imprudentes.

Otra medida de protesta había sido llevada adelante en Itatí, donde incluso los habitantes denunciaron un fuerte crecimiento de la actividad de bandas narco, y culparon de la situación a las autoridades policiales a las que tildaron de “curruptas”.

Esta movilización fue en julio, horas antes de la fiesta patronal, ocurrió el primero. Miguel Angel Zalazar recibió un tiro en la cabeza cuando trabajaba en un lavadero de autos.

En esa ocasión fue la primera vez que desde el Estado provincial se habló de un “hecho aislado”.

Ministro aislado

Los “hechos aislados” ocurren en la provincia en forma habitual, y aparentemente están lejos de engrosar las estadísticas oficiales.

Y es que, pese al clamor vecinal, el titular de la cartera de seguridad atribuyó la preocupación de la ciudadanía a las publicaciones de los medios de comunicación y para justificarse echó mano a una frase prediseñada desde tiempos del gobierno de Néstor Kirchner: “existe una sensación de inseguridad”.

Desde el punto de vista de Ortega, “no vivimos un flagelo como se pretende plantear en los medios de comunicación. Las estadísticas me dan una situación distinta”.

Entonces dio a conocer algunos números estadísticos de la segunda quincena de noviembre para en la Capital. “El 19 de noviembre tuvimos arrebatos en las zonas de la Comisaría 21 y 1, y robos en motocicletas no tuvimos ninguno; y el día 20 de noviembre se registraron dos arrebatos y 4 hubo robos en motos”.

Las explicaciones, lejos de calmar los ánimos generaron más preocupación debido a que quedó claro que los funcionarios carecen de conciencia de la realidad.

Esta intranquilidad se agrava toda vez que el gobernador, Ricardo Colombi, evita referirse a la problemática, y lejos de esto, cavila planes procelitistas frente a las eleccioenes de 2017.

Casita

La causa judicial federal que tiene como imputado al titular del Poder Ejecutivo, Ricardo Colombi, podría tomar un nuevo impulso en las próximas semanas ya que, según trascendió de oficinas gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte Suprema evalúa unifircar todas las acusaciones en contra del mercedeño bajo la carátula de "corrupción".

Este es un pedido del Ministerio Público Fiscal que lo investiga por varios hechos que podrían configurar delitos financieros y tributarios, entre las cuales se encuentra la causa -ya histórica- "Casita Regalada" relacionada con la adquisición irregular de un inmueble y cuya escritura fue firmada en Santo Tomé un día inexistente, 31 de noviembre de 2006.

A la par de ésto se podrían solicitar medidas de recoleccion de pruebas para ser adjuntados a los expedientes y la intervención de organismos nacionales.

La causa es tramitada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde a mediados de año se inició una investigación por filtración de datos de causas judiciales y manejos remotos de las computadoras y cámaras de seguridad de la dependencia judicial.

El caso fue tomado en cuenta por el Concejo de la Magistrarura desde donde se designaron peritos y se avanzó en una investigación.

En ese contexto también se supo que se perdieron al menos dos carpetas del expediene en el que está involucrado Colombi, y por ésta maniobra se puso la lupa sobre las actividades de los administrativos que presan servicios allí desde hace algunos años.

El extravíos, sin embargo, podría ser subsanado con copias que oportunamente fueron realizadas y que están guardadas en otra oficina.

El expediente es tramitado en un juzgado que carece de magistrado titular desde 2009, tras la renuncia por jubilación del magisrado Juan Oliva, y por ésto, Colombi "rosquea" (negocia a escondidas) la designación de un titular que pueda beneficiarlo. Se trata de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, secretario del Juzgado Federal 1 de Corrientes.

Así las cosas, al cumplirse diez años de aquella adquisición (¿el 31 de noviembre?) la investigación sigue con más avances que retrocesos.