La solicitud en análisis apunta a un requerimiento de ambos policías para volver a vestir el uniforme aun cuando la causa judicial debe ser analizada en un juzgado de primera instancia.

Ambos policías habían sido procesados por el juez Gustavo Vallejos en el marco de una causa abierta el 21 de diciembre del año pasado cuando un productor ganadero –identificado con el apellido Tettamanti- se acercó a la Fiscalía de Primera Instancia de Esquina para denunciar que dos policías y tres civiles habían intentado faenar diez vacas de su propiedad en un matadero municipal de Pueblo Libertad.

El productor habría denunciado que le robaron diez vacas, y de las investigaciones se desprendió que una de ellas fue llevada a la Comiaría del pueblo para hacer un asado.

En el marco de la investigación se allanó la Comisaría de la localidad y se detuvo a los hermanos Aguirre y a sus cómplices, y solicitó que se los aparte de la fuerza de seguridad. El 21 de enero de este año Vallejos los procesó.

Los abogados defensores elevaron la causa a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mercedes. En trámite caratulado "incidente de apelación interpuesto a favor de Diego Alejandro Aguirre en autos: López Lucio Fidel, Benítez Jesús Nazareno y otros p/sup. abigeato calificado”, los abogados Eduardo Gianechini y Juan Lotero pusieron en dudas la denuncia.

La defensa interpretó que “el Juez considera serio el relato parcial, mendaz y contradictorio del imputado Lucio Fidel López, quien pretende beneficiarse declarando contra su defendido por dichos de terceros. Que es Aguirre quien descubre la maniobra delictiva. Que los dichos de López fueron negados por su patrón Tettamanti (dueño del ganado)”.

Cuestionaron también la valoración que le da al testimonio del cuidador del matadero quien da aviso al empresario ganadero. El declarante “es el único testigo de la supuesta orden de faenar, cuando que fue Aguirre quien constató la irregularidad y dio la orden de no faenar”, dice el escrito presentado en segunda instancia.

En tanto el Fiscal, Juan Carlos Alegre hizo notar que los procesamientos se realizaron “sin especificar en calidad de qué realiza la imputación. Es decir que se omite aclarar, tanto en la calificación legal como en la parte resolutiva, si considera coautores a unos o a todos, o si son autores los primeros”.

En sus argumentos el fiscal advirtió que “al no advertirse que hayan participado personalmente en el desapoderamiento, debe especificarse si se tiene por acreditado que realizaron alguna de las conductas descriptas en los arts. 45 o 46 del C.P., a saber, haber prestado algún auxilio o cooperación, o determinaron a otro a cometerlo, o prestaron una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores y que esta omisión afecta el debido proceso y el derecho de defensa”

Los jueces Enrique Deniri, Carlos Martínez y Jorge Esper resolvieron desprocesar al comisario acusado de robar ganado, y enviar la causa nuevamente al juzgado de instrucción para que se determine el hecho delictivo que se le atribuye.

La causa ahora estará en manos de la jueza María Lourdes Silvero, quien ya exoneró “por falta de méritos” a Diego Aguirre en otra causa.

Connivencias

Fue cuando salió a la luz una red de connivencias en la que están involucrados funcionarios policiales de alto rango, integrantes del Poder Judicial, y también del Gobierno provincial.

Esto es porque desde el momento en que se abrió la causa los funcionarios judiciales que intervinieron recibieron sugerencias de políticos para que abandonen la causa. Hasta algunos jueces allegados al Gobierno –un juez del Tribunal Oral de Goya entre ellos- había intentado persuadir a los investigadores para que eviten ahondar en detalles.

En ese contexto dese la Jefatura de Policía habían ordenado también el traslado de un Comisario de Esquina que asistió al juez y al fiscal en las averiguaciones y en el allanamiento a la Comisaría de Pueblo Libertador cuando buscaban pruebas de las acciones denunciadas.

Todo esto se suma a que el director del matadero municipal de la ciudad de Pueblo Libertador es el esposo de una diputada provincial que responde al Gobernador, Ricardo Colombi.

Amenazas

En el transcurso de la investigación por abigeato el juez Gustavo Vallejos denunció que había recibido amenazas de muerte por parte de los policías involucrados.

Fue en enero, cuando el magistrado regresaba a su casa luego del trabajo. Un hombre se le acercó y le advirtió que le habían pagado para darle muerte.

El magistrado hizo la denuncia en la fiscalía local y la jueza María Lourdes Silvero recibió el expediente. Quedó relacionado al caso Diego Aguirre, pero la jueza lo desvinculó de la causa.