Investigan usurpaciones de empresas en propiedades privadas de Yahaveré
La jueza en lo Correccional N° 1 de Corrientes, doctora Gabriela Aromí de Sommer, y el titular de la Fiscalía en lo Correccional N° 1 de Corrientes, doctor Pablo Sosa, llevaron adelante el martes 16 del actual una inspección judicial en el Paraje Yahaveré, Departamento de Concepción, a los fines de recolectar pruebas en el marco de la denuncia radicada en esta última dependencia del Ministerio Público, por supuesta usurpación en perjuicio de pobladores originarios de esa zona.
Las diligencias ordenadas por la Jueza en lo Correccional y su presencia en el lugar acompañada por el Fiscal equivalente responde a una política de ambos de constatar in situ cualquier denuncia de este tipo; el supuesto delito fue denunciado en marzo, pero hasta ayer no había sido posible acceder a la zona, totalmente anegada por las extraordinarias lluvias de los últimos meses. Aún así, este martes se dispuso llegar en una lancha con tal de no demorar la constatación de la existencia o no del delito.
Ambos magistrados se constituyeron dialogaron con los afectados y dieron intervención a personal idóneo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégica (UFIE), las licenciadas en Criminalística Laura Maróttoli y Roxana Torres, quienes realizaron relevamientos con tomas fotográficas y planimetrías para determinar los lugares de ocupación de los pobladores (cementerio, escuela, etc.), que hoy viven aislados por la inundación, con 50 centímetros de agua dentro de su ranchos y sin asistencia sanitaria alguna.
Esas familias, con muchos de sus miembros sexagenarios ya, se niegan a abandonar el paraje porque afirman que los desplazarían definitivamente de esas tierras que habitan y que habitaron sus ancestros.
El denunciante del presunto delito es el ambientalista Emilio Spataro, de la ONG “Guardianes del Iberá”, quien acusa a Estancias San Eugenio (ex Forestal Andina) y Estancia “El Tránsito” (Conservation Land Trust) de afectar los derechos de los pobladores.
Al ingresar en la primera de esas estancias, la jueza Aromí y el fiscal Sosa también conversaron con el representante legal de ese establecimiento, Hernán González, quien notificado del procedimiento esperó a los magistrados y cuestionó que Spataro esté legitimado para denunciar como lo hizo y negó el delito que se menciona en la presentación ante Fiscalía.
