En segundo término, este escrito me permite desarrollar, a grandes rasgos, varios temas que ya he profundizado para el caso de otros estudios locales, a saber: a) la caracterización de las principales prácticas productivas, en el marco de una economía fundamentalmente rural, y dentro del sistema económico colonial conocido como espacio peruano, el cual ya he explicado en muchas de mis investigaciones previas; b) las funciones del gobierno municipal en relación a las actividades agropecuarias, a la circulación comercial y a la prestación de servicios básicos como el abasto de carne local, c) la identificación de los distintos mercados locales y regionales hacia el interior del espacio colonial; d) los variados mecanismos utilizados por los hispano-criollos para la explotación de la fuerza de trabajo indígena disponible; e) los rasgos generales de las sociedades rurales de frontera abierta, haciendo hincapié en los conflictos con los indios infieles, los cuales incidieron directamente sobre las poblaciones, la ganadería y la agricultura, y que condujeron a los funcionarios coloniales a tomar medidas en función de la organización de milicias y la erección de fuertes, entre otras cosas.

En cuanto al período analizado, el mismo se limita entre 1653-1665, cuando se dieron por primera vez con continuidad algunas descripciones del accionar del Cabildo de Corrientes en la jurisdicción de su par santafesino, al cual corresponden los documentos analizados.

Respecto al primer punto, lo correcto sería sostener que las actividades pecuarias más destacadas del período fueron las vaquerías tradicionales, a las cuales defino como expediciones de caza organizadas por las autoridades y los vecinos criadores interesados, con el objetivo de extraer determinados productos del vacuno, como las piezas de sebo y grasa, pero fundamentalmente cueros, principal producto ganadero de exportación, sobre todo a partir del proceso de orientación de la economía rioplatense cada vez más hacia el comercio ultramarino atlántico (desde la segunda mitad del siglo XVII).

Como todo cabildo, el de Corrientes no pudo evitar intervenir sobre estas prácticas, con el principal objeto de garantizar la continuidad de las mismas y sus alternativas mercantiles. Por ejemplo, el 11 de enero de 1654, se autorizó a los alcaldes ordinarios de Santa Fe y Corrientes a extender licencias para este tipo de faenas.

El 18 de febrero del mismo año, el procurador general santafesino solicitó la prohibición de las vaquerías en Corrientes. Una semana después, el mismo funcionario recomendó que se impidiera a los forasteros (y especialmente a los correntinos), seguir haciendo matanzas en los campos de la otra banda del Paraná, ya que aquellos ganados eran un recurso primordial en el marco de la mudanza de Santa Fe.

El 24 de noviembre del año siguiente, el ya mencionado representante capitular solicitó el envío de una persona hacia aquellos territorios, para que frenara los vaqueos realizados por los vecinos de Corrientes. Finalmente, el 20 de abril de 1665, se decretó la prohibición de las matanzas para aquellos.

Asimismo, vale la pena mencionar que, si bien fueron predominantes, éstas costumbres no fueron las únicas practicas sobre el ganado vacuno, y que bajo la misma denominación de vaquerías en muchos casos se consideró a las recogidas de ganado, cuya finalidad era reintegrar los animales alzados y dispersos a las estancias de los hacendados locales, o bien juntar rodeos para otros mercados como el bastimento de carne destinado al vecindario.

En pocas palabras, podríamos afirmar la existencia de la cría en los establecimientos productivos rioplatense (incluyendo los de Corrientes), la cual se iría imponiendo por sobre la mera caza desde los primeros decenios de la centuria siguiente.

Vale la pena marcar que la ganadería bovina también presentaba otras variantes comerciales, como los envíos de reses en pie hacia otras regiones, lo cual se trató en la sesión del 3 de noviembre de 1654, en la cual el Capitán Juan Gómez Recio solicitó autorización para enviar 4.000 vacunos a Corrientes. Este caso permite apreciar que había interesantes contactos comerciales entre estas dos jurisdicciones capitulares del Río de la Plata, aunque no está de más decir que las partidas enviadas por productores y comerciantes no se limitaban a las vacas, teniendo una relevancia innegable las de mulas, cuyo destino principal era el Alto Perú minero.

Así, el sector pecuario no se limitaba al bovino, al menos en el caso estudiado. Para citar un caso, podría mencionarse como el 2 de marzo de 1655 los alcaldes de primer y segundo voto recibieron la atribución de dar permisos para efectuar recogidas de potros, con el objetivo de que los potreadores no siguieran generando desórdenes. Este tipo de haciendas tenía importancia en relación a la carga y el transporte de personas y productos, además de su fuerte presencia en las labores agrícolas, que se desarrollaban tanto en chacras como en estancias mixtas.

En lo que toca a la intromisión del cabildo en cuestiones productivas y mercantiles, hay que destacar, además de las ya mencionadas para la esfera de lo pecuario, el remate del derecho del abasto de carne local, el control de las carnicerías, tiendas, pulperías, etc., la aplicación de los impuestos decretados por la Corona, el establecimiento de pesos y medidas, la administración de permisos para comerciar con otros territorios, entre otras cuestiones vinculadas a las transacciones monetarias, como cuando el 22 de marzo de 1653 se resolvió el retiro de la moneda antigua por orden de una cédula del virrey y un auto gubernamental.

Otra atribución muy importante que tenía el ayuntamiento era la fijación de los precios de los productos de consumo local, con excepción de la carne (que si fijaba mediante la negociación entre los funcionarios y los abastecedores), a través de los aranceles (listados de valores). A modo de ejemplo, el 11 de enero de 1654, se establecieron los precios para diversos géneros, como la yerba, el tabaco y el trigo, todos protagonistas en la dieta y los hábitos de consumo de los santafesinos y correntinos de la época, y que a su vez sirven como indicadores de las producciones agrícolas regionales.

Los últimos dos puntos planteados en la introducción tienen que ver con las distintas relaciones entabladas entre los integrantes de la República de españoles y los de la República de indios, las cuales fueron desde la compulsión laboral hasta los enfrentamientos directos, pasando por la consolidación de vínculos sociales y comerciales en la frontera, además de la inserción de los originarios como peones, agregados o arrendatarios dentro de las unidades productivas rurales.

Tocando la primera afirmación, hay que decir que dentro del espacio geográfico estudiado tuvieron un desarrollo particular las encomiendas y repartimientos de indios, los cuales implicaban la concesión de braceros a los vecinos destacados o feudatarios, los cuales debían brindar ‘‘protección, educación y evangelización’’, a cambio de lo cual recibían el derecho de recibir un tributo, generalmente pagado en especies o en turnos laborales dentro de sus explotaciones.

Simultáneamente, puedo sostener que no faltaron mediaciones sobre este tema: el 12 de noviembre de 1653, el procurador general de Santa Fe pidió que no se llevaran a la práctica las medidas del gobernador referentes a las encomiendas (obligatoriedad de la confirmación de las mismas), debido a que por lo general las que había en la Ciudad no superaban la veintena tributarios.

Ese mismo día se decidió acatar lo resuelto por un auto del visitador general Andrés Garavito de León, mediante el cual se estableció para Asunción, Corrientes y Santa Fe que las encomiendas de menos de 30 indios no necesitaban confirmación oficial. Diez años más tarde, el gobernador y capitán general, Alonso de Mercado y Villacorta, lanzó un auto que prohibía la venta, trueque o permuta por dinero o efectos de los más de 150 aborígenes chaguahasques, que habían sido repartidos tras la entrada de las milicias al Valle Calchaquí.

A su vez, los beneficiados quedaban obligados a tratarlos bien, educarlos cristianamente y se les prohibía someterlos a la servidumbre. Los infractores perderían las sumas invertidas en la empresa, mientras que se realizó una copia para mandar hacia Corrientes, donde se daban situaciones similares.

Por otro lado, estaban las intervenciones municipales en materia de conformación y organización de milicias, en un período en el cual no escasearon los conflictos armados: el 2 de abril de 1655 se designó al Maestre de Campo Juan Arias de Saavedra como Superintendente de armas de Santa Fe y Corrientes, para que se ocupara de la dirección de la entrada general contra los indios calchaquíes; días más tarde, el teniente de gobernador delegó sus funciones a favor del alcalde primero Alonso Fernández Montiel, con motivo de retirarse a Corrientes para conducir a la gente reunida para dicha expedición. El 13 de abril de 1662 se volvió a intervenir en este sentido, debido a que se manifestó en el cabildo santafesino que en los últimos 35 años los infieles habían causado la ruina de más de 40 estancias y la muerta de más de 80 personas en la región.

Es preciso señalar que, en este mismo contexto, también tuvieron lugar relaciones de intercambio entre blancos y nativos, al mismo tiempo que muchos de éstos últimos se integraban como milicianos amigos de los hispano-criollos, o bien en las actividades agro-pastoriles como trabajadores asalariados, o bien como campesinos dependientes de los propietarios de las tierras y los bienes de hacienda.

Sería más que interesante seguir profundizando sobre éstos y otros temas, dentro del caso correntino, tomando otros períodos temporales, problemáticas, fuentes y perspectivas de análisis. Me gustaría que este artículo sirviera como disparador para futuras investigaciones más profundas.

(*) Profesor en Historia egresado de la Universidad de Morón (UM), y Especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján.