Economía y Empresas
Protesta por el nuevo tarifazo energético

La Justicia dio lugar a un recurso de amparo presentado por usuarios de la Dpec

El Titular de la AUC, Nélson Veas Oyarzo, insta a través del amparo a la empresa distribuidora de energía de Corrientes a retrotraer las tarifas y devolver el dinero excedente a los usuarios. (Foto: El Litoral).

El juzgado Contencioso Administrativo N° 2m a cargo de María Belén Güemes, resolvió dar lugar al recurso de amparo realizado por la Asociación de Usuarios y Consumidores en relación a un nuevo incremento de tarifas energéticas impulsadas desde la Dirección de Energía de Corrientes, con el aval del gobierno de Ricardo Colombi.

La decisión, si bien pone plazos para responder en 8 días a la Dpec y de 10, al Gobierno provincial, no pone de manifiesto la cuetión de fondo de una problemática que una vez más golpea al bolsillo de los sectores de la sociedad con menos recursos..

La Asociación de Usuarios, a través de su titular Nelson Veas Oyarzo, solicita se disponga y/o decrete la nulidad y/o la inconstitucionalidad y/o la inexistencia jurídica de la resolución 232/17 de la DPEC y el decreto provincial 516/17 que establecieron un nuevo cuadro tarifario en la prestación del servicio de energía.

Pide reconfiguración de facturas. Asimismo objeta el Decreto Nº 516 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 20 de marzo del 2017 que ratificó en todos sus términos la Resolución N° 232 dictada por el Interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes el 17 de marzo de 2017, aprobando la aplicación de los nuevos precios mayoristas para el servicio de distribución de energía eléctrica, lo que provocó una facturación excesiva y desproporcionada.

Por otra parte, cabe recordar que el Gobierno Provincial fue obligado a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia a devolver, a través de la entidad que corresponde, devolver a los usuarios el importe en efectivo que exede al cuadro tarifario nacional.

Si bien este fallo data de hace más de 15 años y fue ratificado en 2013, el gobierno de Ricardo Colombi no ha cumplido con lo que dicta la ley. y los usuarios deben pagar ltarifas exorbitantes por un servicio que, claramente, deja mucho que desear.

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