Esa medida, si bien ya alcanza a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes; busca que la exención impositiva alcance también a las cooperativas eléctricas, Comisiones Vecinales de Saneamiento, Asociaciones Vecinales de Saneamiento y prestatarias de cualquier forma jurídica.

El objetivo del Justicialismo es que, retirada esta carga tributaria provincial; las prestatarias de estos servicios reduzcan los costos de esos servicios para los usuarios; moderando así el fuerte impacto que los tarifazos están teniendo en las economías familiares.

Sólo en el caso de la energía eléctrica, en el último año el valor aumentó más del 300% y en las próximas semanas llegará un nuevo aumento de hasta el 50% en las tarifas residenciales: en enero de 2016 el precio del kilowatt era de $0,58; en octubre de 2017 saltó a $1,37; en enero 2018 pasó a $2,33 cada KW y se anunció que próximamente pasará a $2,18 los primeros 600 KW, a $2,45 de 600 a 900 KW y a $2,51 después de 900 KW.

Las facturas de la Dpec no contienen cargas de impuestos provinciales; pero sí cargan con impuestos nacionales donde el más alto es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%.

Por esta razón, en otro proyecto de resolución el Bloque de Diputados Provinciales del PJ le pide al Gobierno Nacional la “exención en el pago del Impuesto al Valor Agregado a las Empresas prestatarias del servicio de energía eléctrica y a los consumidores de la misma en todo el ámbito de la Provincia de Corrientes”, indica la iniciativa elaborada por el legislador Alberto, Acevedo, Félix Pacayut, José Mórtola, Ernesto Meixner, Martín Barrionuevo, María Giraud, Marcos Bassi y Alicia Locatelli.