El peronismo se prepara para renovar autoridades. El acto comicial será el 2019, pero ya se vislumbran al menos tres sectores dispuestos a competir por la conducción partidaria. Esto es al menos ante los medios, porque puertas adentro siguen las negociaciones entre dirigentes de los grupos más experimentados para evitar la contienda, sin mucho éxito.
Esta semana el empresario ganadero, dueño de medios y millonario abogado vinculado al duhaldismo, José Martínez Llano, hizo oficiales sus pretensiones de conducir el partido.
Mañoso legalista, artífice en la sombra de golpes institucionales y maniobras de dudosa licitud, con vínculos tanto en la justicia provincial como federal, con llegada a funcionarios hasta de la Corte y a los bajofondos de la política, el ex legislador nacional y ex convencional constituyente de 1994, quiere ser presidente del grupo político, por las buenas.
Pretenderá así cerrar un ciclo que inició en su militancia universitaria antes de haber firmado una solicitada publicada en el matutino El Territorio de Posadas el 3 de marzo de 1979, al cumplirse un aniversario más de la dictadura iniciada en 1976.
En esa publicación defenestró al conductor natural y fundador del Partido Justicialista y respaldó los postulados del gobierno ilegítimo y genocida llamando a Juan Domingo Perón con el eufemístico mote de la época "tirano prófugo".
Las pretensiones de conducir, justamente, el Partido de Perón, fueron anunciadas en una conferencia de prensa llevada a cabo en las oficinas donde hace años funcionaba su diario. Allí estuvo Felipe Solá en el marco de la campaña preelectoral.
Tras esta reunión Martínez Llano dijo: “Me postulo como presidente del PJ, aquellos que quieran ser candidatos que salgan, que armen su lista y compitan”. Con esta ya son tres las líneas que compiten por el cargo que hoy ocupa Gerardo Bassi. Una de ellas es la que propone a un intendente como candidato. Este sector lo encabezan Martín Ascúa junto a una decena de jefes comunales peronistas.
Proponen al libreño como cabeza del grupo político
El otro sector es referenciado por los dirigentes kircheristas que presentan un proyecto político basada en las acciones llevadas adelante durante los 12 años de gobierno Justicialista a nivel nacional y emiten fuertes críticas hacia la administración machista.
Estos, en Corrientes, impulsan la confirmación de Unidad Ciudadana, un partido alternativo para la búsqueda de espacios de poder en las provincias. El sector se presenta como “la nueva política”, aunque esté integrado por referentes como Rubén Orugas, que ejerce cargos públicos desde la década del ’80. O como Fabián Ríos, quien también ejerce cargos desde hace 30 años.
El sector, sin embargo, tiene como cabeza visible a José Aragón, un joven diputado nacional que es considerado en la región como uno de los puntales del proyecto kirchnerista.
También se encolumna aquí el concejal Justo Stoup quien tiene una postura más bien dialoguista. Este había propuesto un consenso y aclaró que en ninguna oportunidad se refirió a las posibilidades o legitimidad de algún sector para conducir el espacio político.
Hasta el momento el grupo aboga por “el consenso" pero preparan un plan B de no lograr una coalición interna que les garantice espacios. Este plan, sería similar al que se propone en Chaco y Misiones: obtener la personería y el aval judicial para posicionar a Unidad Ciudadana como partido y a partir de allí negociar frentes electorales.
Así las cosas, ya habría dos partidos “nuevos” que buscarían espacios de poder. El otro es Cambio Solidario, la fuerza política encabezada por el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain.
Justicia empresaria
Una organización no gubernamental con el apoyo de instituciones sindicales y vecinales denunciaron que el Gobierno avanza en un plan para entregar tierras públicas a privados a costos bajos en perjuicio del Estado y que esa maniobra, además causaría un daño ambiental y patrimonial muy grave.
Ante esto, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 resolvió el rechazo de la acción de amparo presentada por la Asociación Civil Asamblea Ciudadana por los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes contra el Municipio de la Ciudad por el llamado Plan Urbano Costero.
El amparo ambiental promovido por la entidad pretendía que se declarara nulo el procedimiento administrativo llevado a cabo en el expediente N° 2316-S-18, y que diera origen a la ordenanza Municipal N°6635/18, tachado por la Asociación de nulo e inconstitucional.
La titular del Juzgado, doctora Sonia Filipigh, sostuvo que “la ordenanza cuestionada es una norma, que como tal, goza de presunción de legalidad, y fue sancionada siguiendo un procedimiento previamente establecido por el órgano con competencia para ello. Por dicha ordenanza se crea un Plan Urbano Costero, se desafectan distritos de zonificación de la planificación urbana, los cuales son afectados a otros fines (cambio de afectación o cambio de calificación urbana), y se establecen lineamientos de urbanización y pautas generales de construcción “ambientalmente sustentables”.
La magistrada indicó que la norma legal aprobó la viabilidad de un proyecto que “hoy es sólo una declaración de voluntad. No es un plan de trabajo concreto”. Añadió que “no surge de la ordenanza ni de su expediente administrativo de trámite previo, la existencia de daño ambiental alguno que habilite la legitimación para que la Asociación pueda solicitar su cese”.
“De la manera en que se encuentra redactada la norma, conteniendo buena o mala técnica legislativa -lo que no nos compete valorarla-, no existe daño ambiental alguno, siendo imposible en esa etapa la participación del ICAA, la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la audiencia pública y demás recaudos pretendidos, dado que la misma no determina la realización de los trabajos, obras y/o construcciones que concretamente se realizarán en dichas áreas”.
“(…) hoy no se evidencia una lesión constitucional, grave, palmaria, manifiesta, ni siquiera amenaza concreta al medio ambiente, que habilite la legitimación de la entidad, sólo es una declaración de voluntad de iniciar trabajos dentro de un denominado Plan Urbano Costero. Si eso es lesivo, la vía claramente no es el amparo, sino otra donde pueda discutirse y debatirse con amplitud probatoria las cuestiones”, expresó la magistrada.
(…) una vez determinados y precisados que trabajos, obras y/o construcciones se harán en cada lugar, en cada espacio, en cada ámbito, deberá contarse con el respectivo EsIA, la audiencia pública -ámbito propicio para recibir, escuchar y receptar todas las opiniones sobre las decisiones que se van adoptar concretamente para cada espacio, como así también, en caso que correspondiera, dar intervención a los organismos y comisiones a los fines de receptar las opiniones técnicas y pertinentes al efecto”.
Explicó la magistrada que la ordenanza cuestionada -al no determinar acción alguna a emprender sobre bienes inmuebles declarados de interés municipal- hace caer el agravio del no cumplimiento del art. 18 de la Ordenanza N° 4158 “Preservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico Urbanístico”.
Y señaló que de acuerdo a la ordenanza cuestionada los bienes cuya calificación urbana se cambian son de dominio Nacional y Provincial (art. 20 de la ordenanza N° 6635), por lo que no resulta de aplicación el art. 41, inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, la cual refiere a los bienes de Dominio Público Municipal.
Finalmente, en cuanto a los restantes fundamentos de la Asociación, la doctora Filipigh afirmó que excedían la legitimación acotada al marco ambiental, cuestiones administrativas que debían ser tratadas que deben ser tratadas por otras vías. Al no reunir los presupuestos sustanciales, la acción de amparo presentada devenía improcedente.
