En un último intento de impedir una reunión en la que su sector se vería en evidente desventaja, el titular de la línea “Vamos Compañeros” se opuso a la reunión al exponer que desde su punto de vista la casa partidaria es insegura. En una radio de la Capital dijo que las instalaciones “no están en condiciones” y además que era un hecho que se suspendería el Congreso que “se hará el próximo sábado en el Sindicato de Luz y Fuerza”.

Un lacayo de Martínez Llano, Adolfo Ojeda, fue quien inició, el pasado 25 de octubre un trámite en la Municipalidad de Corrientes donde solicitaba la clausura del inmueble ubicado en Salta 663. El acto que tendía a frustrar el cónclave en el que, entre otras cosas, se trataría la modificación de la Carta Orgánica y se establecería la convocatoria a elecciones internas, finalmente cayó.

Un comunicado oficial del Partido Justicialista confirmó la realización, pero se determinó que “sólo se permitirá el ingreso a la sede partidaria de los Congresales Partidarios debidamente identificados, las Autoridades Partidarias y las Autoridades Institucionales (legisladores, intendentes). El resto de los concurrentes deberán seguir las definiciones desde afuera del edificio”.

Con esto quedó claro que los medios de comunicación estarán vedados de seguir las instancias de la junta partidaria o, lo que es lo mismo, será de espaldas a los afiliados sin cargos partidarios.

La medida restrictiva es consecuencia de una denuncia realizada por una persona identificada como Gustavo Adolfo Ojeda, empleado y secretario de Martínez , ante la Municipalidad de Corrientes “con la que intentó impedir la reunión del Máximo Órgano de decisión del PJ de Corrientes, argumentando que la nueva Casa del PJ -habilitada el 17 de octubre pasado- no podría albergar a muchas personas”, dice el comunicado.

El mismo documento explica que “tras dos nuevas inspecciones realizadas este viernes 26, la comuna capitalina constató las instalaciones del nuevo edificio que este sábado será sede del Congreso Provincial del PJ. Pero para evitar nuevos condicionamientos a la realización del encuentro, sólo se permitirá el ingreso Congresales Partidarios, Autoridades Partidarias y Autoridades Institucionales”.

Respecto a esto, el vicepresidente del Partido Justicialista, Jorge Antonio Romero, advirtió que una clausura en el edificio sería un grave atropello a un acto partidario realizado amparado por las garantías constitucionales y advirtió que “sería lamentable que el municipio se entrometa en una actividad partidaria del mayor partido opositor de la provincia en la casa del PJ”.

En tanto, el juez federal que tiene a cargo el fuero electoral en Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, designó un veedor judicial para garantizar el desarrollo normal de la reunión partidaria. El magistrado puso como representante del Poder Judicial de la Nación al abogado Carlos dos Santos quien deberá controlar el buen desarrollo del cónclave.

El pedido de este contralor fue formulado por el sector que lidera el abogado Salvador Pischeda, quien en las últimas elecciones se alió a la Unión Cívica Radical y al PRO.

Pese a las chicanas que empañan la convocatoria que busca estabilizar la conducción del grupo político con mayor caudal de votos en la provincia, el intendente de Paso de los Libres y virtual candidato a la Presidencia del PJ, Martín Ascúa, sostuvo que “la expectativa respecto al Congreso es buena, porque entendemos que se trata del órgano máximo de nuestro partido”.

Recordó que “van a venir más de 200 congresales de la provincia, se reunirá la militancia y vemos que se está encaminado a un Congreso donde tenemos que establecer las reglas de juego de lo que serán la interna que vamos a tener el año que viene”.

El jefe comunal llamó a la mesura porque “debemos demostrar a la gente que somos un partido serio y también tenemos que hacer una autocrítica luego de no haber logrado los objetivos planteados el año pasado, sobre todo en el marco provincial”.

Un ministro con el pie afuera

Una movilización de 12.000 ciudadanos en la ciudad de Curuzú Cuatiá en reclamo de la habilitación de un Centro Oncológico puso en la cuerda floja al ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardozo.

De mal carácter, con malas formas y poco tacto, el funcionario decidió establecer un enfrentamiento con la fundación Centro Oncológico “Anna Rocca de Bonatti”, creado para administrar el centro de salud destinado a la atención médica de pacientes de cáncer de escasos recursos económicos.

El Centro fue construido y dotado de elementos técnicos por Elena Bonatti, una empresaria que donó 15.000.000 de dólares para tal fin y que además puso de sus propios recursos 2.000.000 de pesos para capacitar en Europa a médicos para que asistan a los pacientes.

Pero el Gobierno se niega a habilitar el Centro Oncológico y tampoco tiene intenciones de destinar profesionales de la salud para que trabajen en ese lugar. La desidia estatal, además de generar el repudio de los vecinos del Norte de Entre Ríos, Sur de Corrientes, Chaco, y la zona fronteriza del Brasil, también puso al desnudo la falta de interés del Estado en la salud pública.

Es la primera vez en 430 años que un gobierno se niega a poner en marcha una obra de alto impacto social por el que el Estado no realizó inversiones pero que, sin embargo, deberá administrarlo, claro, en coordinación con una Fundación.

Esto causó una crisis política puertas adentro de la Casa de Gobierno ya que en el Interior, concejales e intendentes de la Alianza política gobernante ECO+Cambiemos expusieron que están en desacuerdo con las decisiones tomadas desde la Gobernación.

En ese contexto formaron un foro para forzar la habilitación del Centro. El grupo formado por ediles y jefes comunales radicales habría comunicado al Ejecutivo su crítica al modo en que Cardozo conduce el área de Salud, y habrían pedido su renuncia.

Es que el funcionario había anunciado inauguraciones en el hospital de Curuzú Cuatiá, obras también pagadas por la señora Bonatti. En otros términos, presentó obras financiadas por un privado como una obra de gobierno. Esto puso en marcha una suerte de levantamiento entre radicales que podría poner en crisis hasta la relación entre los órganos partidarios y los referentes territoriales.