Asimismo, obligaron a la jueza a “evitar todo dispendio innecesario de tiempo que derive en un supuesto de mora o retardo judicial”. Aclararon que la disposición se hace “bajo apercibimiento de que se repetirse situaciones similares, se aplicarán sanciones administrativas severas”.

La disposición del Superior Tribunal de Justicia surge de una denuncia de la abogada María de las Mercedes Solís de Zambrano quien pidió la investigación del accionar de la jueza quien “podría haber incurrido en un supuesto mal desempeño de sus funciones”.

La letrada denunció el retraso en el tratamiento de una medida solicitada el 5 de julio de 2017, “que se advierte un atraso excesivo en la firma del despacho, lo que entorpece el normal desenvolvimiento de la causa”.

Denunció que “además de eludir pronunciarse en plazos razonables sobre peticiones concretas, la Magistrada ordena medidas inconducentes o dilatorias o simplemente no da respuestas dentro de los plazos legales”.

Tras esto, surgieron otras causas relacionadas principalmente con gestiones jubilatorias, cuyas acciones son contra la Provincia de Corrientes que también habrían sido estancadas. La situación derivó en un fallo del Superior Tribunal que advierte a la jueza que podría recibir sanciones graves por su accionar.