Lo que se descubrió es que el grupo de empleados hicieron funcionar un mecanismo que supondrían la existencia de una “Municipalidad paralela” en el área Control Ambiental.

La investigación inició a partir de la denuncia de un particular que fue “apretado” por los agentes comunales.

“Empezamos a investigar y nos llevó a denunciar. Hay cuatro inspectores sumariados, quienes fueron denunciados judicialmente”, informó Mónica Miranda, subsecretaria de Contralor Ambiental. La funcionaria afirmó que “son muchos los casos, por lo menos más de 10”.

Los sospechosos labraban actas de clausura y amenazaban con multas a los comerciantes. Estos, al acercarse al área correspondiente, eran obligados a pagar una suma de dinero para que se les borre la sanción. Una vez abonada la coima “mágicamente” desaparecía toda sospecha y acusación.

Según los funcionarios comunales “hay documentación retenida de por lo menos 60 empresas”, explicó la funcionaria.

Lo que descubrieron es que “se hacían retenciones de documentación en infracciones que se realizaban a distintos comercios, y estas retenciones tenían como objetivo que los apoderados o dueños de las empresas se presenten a la oficina de Contralor Ambiental; luego, de manera sorpresiva, se solucionaban los temas”, explicaron.

Remarcaron que “el modos de operación consistía en labrar y se retener la documentación del comercio. Luego se confeccionaban documentaciones mellizas. La conclusión era o pagan la cuantiosa multa o pagaban la coima. Cuando el infractor accedía a la prevenda, se rompía el acta original y el dueño del comercio salía con el acta paralela con su negocio perfectamente habilitado y sin ninguna multa”

Las sumas de defraudación serían millonarias y los involucrados serían al menos cuatro inspectores que aparentemente gozarían de mucho prestigio.

Aseguran que “es posible que en la actualidad haya negocios que tengan una habilitación provisoria con este sistema de maniobra, por lo cual en algún momento deberán acercarse para solucionar la situación”.