Con más un centenar de personas detenidas por causas judiciales federales, alojadas en dependencias no carcelarias y unidades del Servicio Penitenciario Provincial, Corrientes es una de las provincias que carece de cárceles federales pero en las que cada vez existen más expedientes tramitados en el fuero federal.
La situación complica el avance de trámites judiciales debido a que los magistrados y los fiscales deben resolver la situación de los imputados para evitar que se incumplan las normativas que custodian el derecho a la salud y un espacio digno a las personas sospechadas de haber cometido delitos.
Esta semana, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo manifestó que “estamos teniendo a necesidad de una cárcel federal de la provincia, donde sea”.
La magistrada apuntó que aumenta la cantidad de personas privadas de la libertad debido a que se intensificaron los controles en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El pedido desde la Justicia se conoce dos años después que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prometió una dependencia carcelaria en la provincia, y un año después que desde el Gobierno provincial se anunció la edificación de una cárcel federal.
En 2016 el problema de la falta de cárceles ya había sido denunciado por funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad. Fue durante una quema de drogas en Santo Tomé.
En esa oportunidad, la ministra Bullrich, reconoció que “es necesario cambiar el sistema carcelario porque el servicio penitenciario quedó obsoleto,” y dio a conocer que para ello “se trabaja en un plan en el Ministerio de Justicia”. Esta proyección estaría orientada a posibilitar que “las provincias puedan atender a las causas que establecen condenas no tan largas, para que el servicio federal se aboque a contener a reclusos con condenas extensas”.
Recordó que la provincia de Corrientes es una de las pocas en el país que carece de una cárcel federal, aun cuando es la jurisdicción en la que más habían crecido la cantidad de detenidos por delitos de tráfico de personas y de narcóticos.
Ese día dijo que “las cárceles federales deben estar donde el delito está más presente”, aunque evitó precisar qué tratamiento se dará a la solicitud enviada por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien recomendó en 2014 la edificación de una alcaidía para contener a sospechosos alojados en dependencias no carcelarias.
Actualmente, cada unidad federal no carcelaria –dependencias de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería- alberga entre 10 y 15 personas sólo por causas de narcotráfico.
