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Piden renuncias por daño ambiental

Organizaciones ecologistas marcharon para pedir que se activen causas penales contra funcionarios correntinos

Organizaciones de ecologistas habían denunciado que el dragado en el Riachuelo perjudica la fauna y la flora, al tiempo que se generarían más inundaciones.

Unas 22 entidades ecologistas marcharon hacia los Tribunales de la Capital correntina para denunciar el estancamiento de causas en las que se denunciaron daño ambiental y hechos de corrupción con las obras de dragado del arroyo Riachuelo. 

La manifestación comenzó con una concentración en el Parque Mitre. Desde allí, los representantes de las organizaciones ecologistas se condujeron hacia el edificio de la calle Pellegrini al 700 donde instaron a las autoridades judiciales a iniciar las investigaciones en base a las pruebas presentadas a principios de año. 

En ese contexto también se dirigieron a la Casa de Gobierno donde dejaron una nota al gobernador de la ProvinciaGustavo Valdés. En el escrito pidieron a Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, por evitar la protección ambiental y habilitar la contratación directa de empresas para el desarrollo de obras de dragado. 

Respecto a lo último, durante la manifestación los ecologistas expresaron que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques, es inaudito que quien está al frente de una autoridad aplicación local y ejerce un cargo nacional tan importante como es presidir el COFEMA, sea quien lleva adelante y defienda desmontes ilegales.” Según consta en la carta circulada.  

En este contexto,  Emilio Spataro, referente de la organización Amigos de la Tierra Argentina, remarcó “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el Instituto Correntino del Aguay el Ambiente y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A. 

El referente, el 11 de septiembre, denunció a las autoridades gubernamentales como responsables de los daños ambientales.  

En el expediente  187238 iniciado en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la  fiscal Graciela Fernádez Contarde, se dieron a conocer los hechos lesivos,  “sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales pese a la gravedad y urgencia del daño ambiental y la arbitrariedad manifiesta por parte de los funcionarios a cargo de la obra”.   

Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaró que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.  

En la carta las organizaciones ecologistas de todo el país dejan un duro mensaje para el Gobernador de Corrientes, “es inadmisible fundar en una urgencia pasada, ya finalizada una obra de envergadura, por fuera de todo marco legal ambiental vigente, que destruye por completo los humedales de un río, deforesta sus selvas en galería  y vulnera un área protegida.  Por todo lo expuesto es que exigimos la paralización inmediata de las obras y el desplazamiento de los funcionarios directamente involucrados mientras la justicia investiga las responsabilidades que le caben. La destrucción de los ecosistemas tiene consecuencias negativas sobre las personas y por lo tanto debe tener consecuencias políticas para quienes la promocionan”.  

Asamblea Ambiental de Colón, Entre Ríos); Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay, Asamblea Ciudadana de Concordia, Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú; Asamblea Delta y Río de la Plata, Asamblea Pachamama, Uruguay; Asamblea Trama la Tierra Acción Audiovisual; Asamblea Villa Giardino despierta de Córdoba, Asociación de Abogados Ambientalistas, Asociación por la Justicia Ambiental, Colectivo Basta es Basta x Una Vida sin Agrotóxicos en Basavilbaso, Colectivo El Paraná NO se toca, Santa Fe; Colectivo Es de ACA Concepción del Uruguay, Colectivo Me Hago Cargo de Lujan, Fundación Amigos de la Tierra Argentina, Fundación Encuentro Por la Vida Cultura y Democracia Ambiental, Chaco; Fundación Greenpeace Argentina; Grupo Ecologista ProEco, Tucumán; Grupo Güerta y Energía; Observatorio de Humedales Delta; Organización Guardianes del Iberá Red del Rio Lujan. 

Pedido de Renuncia 

En la visita a la Casa de Gobierno, los representantes de las organizaciones ecologistas dejaron una carta dirigida el gobernador donde exigieron  “la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce”.   

También reclamaron “la inmediata separación de su cargo del Ing. Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)”.  

Justificaron el pedido en que “un momento en los cuales enfrentamos enromes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques, es que nos parece inaudito que quien está al frente de una autoridad aplicación local y ejerce un cargo nacional tan importante como es presidir el COFEMA, sea quien lleva adelante y defiende desmontes ilegales”.  

“La absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A”, dice la carta. 

Por otra parte, recalcaron que  “en todo el mundo existe una profusa bibliografía científica sobre la importancia de la comprensión y cuidado del funcionamiento estructural de los humedales como enfoque efectivo para mitigar el cambio climático y reducir las consecuencias de los eventos climáticos extremos”.  

Sustuvieron que “luego de transcurrido los 180 días de Emergencia Hídrica contenidos por la Ley  6408, habiendo sido concluida la obra de dragado original, verificándose no ya una situación de inundación, sino por lo contrario una bajante pronunciada de todos los cursos de agua de la región, sin urgencia verificable y sin marco legal justificable, en pleno abuso de su autoridad el ICAA promueve una nueva obra de dragado con desmontes en ambas riberas”.  

Recordaron que  “el ilegítimo e ilegal proceder es gravísimo dado que es el mismo ICAA el que desconoce todos los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental -expresamente regulado en el Código de Aguas de la Provincia de Corrientes – según la Ley  191 y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental  5067/96; “así como también todas las consultas y/o instancias de participación que establecen en las Leyes  25.675 y  N 5067 y los Decretos  191/01 y  876/05”.    

Indicaron que “corresponde igualmente denunciar que las actuales obras de dragado y desmontes complementario, no solo son susceptibles de provocar un daño irreparable a la fauna ictícola y en general a toda la fauna y flora asociada al ecosistema fluvial del Riachuelo, sino que también se están violando la Ley Nacional  26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial   5974 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, ambas normas que salvaguardan las selvas y bosques ribereños que aquí están siendo destruidos”. 

También pidieron que se investigue la responsabilidad de otros funcionarios al indicar que “no menos responsabilidad le cabe al Sr. Ministro de Turismo y al Sr. Director de Parque y Reservas como autoridades máximas del Parque Provincial San Cayetano. Esta Área protegida creada mediante la ley N º 6360 establece en sus artículos 5 y 6 claramente sus rigurosos objetivos de conservación”.  

Le indicaron al gobernador que “es inadmisible fundar en una urgencia pasada, ya finalizada una obra de envergadura, por fuera de todo marco legal ambiental vigente, que destruye por completo los humedales de un río, deforesta sus selvas en galería  y vulnera un área protegida”.   

Y es por ello que “exigimos la paralización inmediata de las obras y el desplazamiento de los funcionarios directamente involucrados mientras la justicia investiga las responsabilidades que le caben”.  

Recordaron que “la destrucción de los ecosistemas tiene consecuencias negativas sobre las personas y por lo tanto debe tener consecuencias políticas para quienes la promocionan”. 

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