Está poco clara la intencionalidad de Urtubey en visitar Corrientes. Lo que se sabe es que sería uno de los inversores de un gran emprendimiento turístico en los Esteros del Iberá, negocio en el que estarían asociados empresarios correntinos y actuales funcionarios y legisladores.

Pero, además, su intención es política, ya que buscaría el apoyo de Valdés para armar un grupo político con el fin de participar en las elecciones presidenciales del año que viene.

Pare ello, antes, Urtubey deberá superar la contienda electoral interna del PJ. Respecto a esto, sostuvo que está dispuesto a participar de las PASO y enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. “Somos espacios diferentes y competiremos en las generales. Cada uno por su lado presentará su opción y será la gente quien determine para dónde va la Argentina después”, manifestó.

Remarcó que “nosotros expresamos una opción política diferente a la del kirchnerismo. Naturalmente no dudo de la legitimidad de la ex presidenta que tiene un sector que la ayuda, acompaña y si creen que es la alternativa, en buena hora para ellos, pero nosotros expresamos algo distinto”.

Díscolo

El ex intendente de Corrientes evitó realizar declaraciones durante su visita a la Casa de Gobierno de Corrientes, pero participó de la reunión con Valdés. Uno de los temas que habría tratado con el gobernador sería el futuro del pliego de Gustavo Fresneda, propuesto para ocupar el cargo de juez federal de Paso de los Libres.

La última reunión que tuvo Espínola con Valdés fue antes que el senador firmara el despacho para que ese pliego pueda ser tratado en el recinto. Fresneda fue abogado de Ricardo Colombi, quien tiene al menos cinco causas activas en el juzgado de Paso de los Libres.

El aspirante a juez es un cuestionado funcionario del Juzgado Federal 1 y había sido suspendido por haber realizado maniobras cuestionables con expedientes de causas de narcotráfico. En 2016 fue propuesto como juez por Mauricio Macri, luego que Cristina Fernández cuando fue presidenta retirara su pliego justamente por su cuestionable desempeño como secretario judicial.

Luego de haber entrado nuevamente en juego, Espínola se encargó de buscar voluntades en el Congreso para que ese pliego avance. En esas negociaciones también estuvo José Viero, amigo de Colombi, ex gendarme y actualmente sindicado como el líder de una organización que explotaba mujeres y menores de edad en prostíbulos de Paso de los Libres.

Pero, pese a todos los esfuerzos, el pliego quedó con despacho de Comisión y se esperaba que el miércoles fuera tratado. Pero una pelea política entre los radicales y Cambiemos -por la designación en el Consejo de la Magistratura- levantó la sesión y es muy probable que también la de la semana que viene, la última del año.

Pese a la fuerte presión de organizaciones sociales, civiles y políticas que advierten que el nombramiento de Fresneda pondría en riesgo a la Justicia debido a que éste fue cuestionado por haber intervenido en causas en las que se liberaron narcotraficantes, los senadores por Corrientes Pedro Braillard Poccard (ECO+Cambiemos) y Espínola firmaron el dictamen de Comisión, el pasado 14 de noviembre, que puede perder estado parlamentario al año de no ser tratado en el recinto, o cuando cambian la composición de las cámaras.

Como consecuencia de esto, el Partido Justicialista correntino instruyó a sus representantes en la Legislatura nacional para que quiten el apoyo al avance del pliego. Pero, pese a ello, “Camau” firmó el despacho para que esa propuesta sea analizada en el recinto. Esto le valió la reprimenda de su partido, de organizaciones vinculadas a la Iglesia y de gran parte del arco político correntino opositor.

En ese contexto, La Alameda, una fundación vinculada al papa Francisco y que lucha contra la trata de personas y la esclavitud, emitió un duro comunicado. En el escrito, se dirigió a los legisladores nacionales, a quienes advirtió lo peligroso que sería nombrar a Fresneda en un juzgado ubicado en la frontera con Brasil.

La carta enviada a los legisladores remarca que “el candidato a juez se encuentra investigado en una causa de tráfico de influencias -derivado de una megacausa de trata y otra de lavado de dinero- que en septiembre de 2017 expuso la conversación del entonces gobernador correntino Ricardo Colombi y el ex comandante en Inteligencia de Gendarmería José María Viero, hoy procesado por trata y contrabando, que estaban haciendo tráfico de influencias en el Senado a favor de Fresneda”.

El dictamen para que avance el pliego, además, había sido tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación en noviembre del año pasado, cuando Fresneda estaba suspendido por estar investigado por supuestos pedidos de coimas.

Esteros en venta

Otro de los temas que interesa tanto a Espínola como a Urtubey es el traspaso del territorio de los Esteros del Iberá a la órbita nacional. Esto posibilitaría que desde la Nación se puedan establecer acuerdos con empresas privadas, hasta entregar parte de esos terrenos para explotación económica de privados sin que intervenga la provincia.

Es que tanto el salteño como el ex olimpista tienen un preacuerdo para instalar hoteles de alta gama y poner en marcha emprendimientos turísticos privados en terrenos que hasta ahora están protegidos.

Los Esteros del Iberá están resguardados por normativas provinciales y la Constitución Provincial los declara patrimonio de todos los correntinos. La Carta Magna no habilitaría, según esta postura, que el Estado provincial pueda explotar esos recursos naturales.

La iniciativa de pasar el territorio a la Nación, “viola la Constitución Provincial, en especial su artículo 66 que determina que los Esteros del Ibera son Patrimonio Estratégico, Natural y Cultural de la Provincia de Corrientes cuya preservación, conservación y defensa a perpetuidad, corresponde a la Provincia”, habían denunciado organizaciones sociales y ecologistas.

Remarcaron que “el oficialismo quiso modificar el proyecto para preservar el Segundo Párrafo de este artículo: debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural, dejando a los correntinos y correntinas que habitan los Esteros, inclusive en las tierras de este pretendido Parque, a merced de la Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales que habilita el desalojo de toda presencia humana”.

En tanto, sostuvieron que al pasar el territorio al Estado Nacional “se atropella el artículo 2 de la Constitución de Corrientes que establece una doble lectura -dos leyes provinciales de distinta composición legislativa- para ceder jurisdicción territorial de la Provincia a la Nación”.

Según esto, “la Jurisdicción entonces no se ha cedido aún y ello anticipa una eterna judicialización federal”. Aclararon que “con esta Ley, se acepta la cesión del dominio eminente y la jurisdicción efectuada por Corrientes al Estado Nacional mediante la ley provincial 6384/16, pero falta otra Ley que debió tratarse y no se hizo”.

Dejaron claro, además, “que se solicita la creación del Parque Nacional Ibera sobre una superficie de 157.000 hectáreas que una empresa de Estados Unidos (Conservation Land Trust – CLT) dice donar al Estado Nacional para ello, sin embargo, de los 52 inmuebles en cuestión, 26 consisten en transferencias del dominio público provincial realizados de manera ilegal por parte de los socios provinciales de esta empresa trasnacional”.