Judiciales y Policiales
Corrupción en la Justicia Federal

Revelan supuestos vínculos de un gendarme con un juez para el cobro de coimas

Carlos Vicente Soto Dávila tiene más de quince denuncias en el Consejo de la Magistratura. (Dibujo: NOVA).

“Venimos a aportar serios elementos de cargo que prueban la existencia de una organización criminal integrada tanto por funcionarios judiciales como por abogados defensores que han garantizado a lo largo del tiempo –al menos desde el año 2011 a la fecha- la impunidad de diversas organizaciones narcocriminales que operaron principalmente desde la ciudad de Itatí”.

El texto corresponde a un pedido de informes de la Procuración de la Narcocriminalidad en el que solicitan que se investigue la relación entre funcionarios del Juzgado Federal 1 de Corrientes para brindar protección a narcotraficantes.

En el mismo texto se revela que en efectivo de la Gendarmería Nacional habría sido el nexo entre supuestos criminales con un magistrado federal, a quien se le pudo haber abonado “coimas” para mejorar la situación procesal de investigados en operaciones criminales.

Este efectivo, además, habría intervenido en forma directa en operaciones en las que incautaron estupefacientes, pero llamativamente no hubo detenidos.

El uniformado investigado es el subalférez José Daniel Borjas, apodado “Joselín” y quien, según una investigación del Ministerio Público Fiscal Federal, sería “el guardaespaldas de (Carlos Vicente) Soto Dávila”, titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes.

El dato surge de una solicitud de investigación de la Procuración de la Narcocriminalidad en el marco de la causa 9.886/2018 que se tramita en la Secretaría No 23 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12, cuyo titular es el juez porteño Sergio Torres.

En la misma se interceptó una serie de comunicaciones, “las cuales echarán luz respecto del rol que Borjas desempeñaría en las maniobras ilícitas en estudio, aprovechando el aparente vínculo laboral que lo uniría con un magistrado”. 

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