Judiciales y Policiales
Denuncias de corrupción

Piden investigar irregularidades en un Juzgado Federal

El hombre de la noche. Federico Grau, secretario del Juzgado Federal 1 que había sido cesado en el cargo, pero que ahora regresó y fue cuestionado.

Una persecución con posterior secuestro de marihuana en un automóvil que era conducido por el hermano de un ex viceintendente dio origen a una causa judicial que ahora está observada por el Ministerio Público Fiscal debido a la posible existencia de irregularidades en el trámite del expediente, incluido posible cobro de coimas y falsificación de firmas. 

El hecho involucra a Hernán Aquino, hermano del ex vice intendente de Itatí, quienes están detenidos por estar acusados de integrar organizaciones de narcotráfico que vendían grandes cantidades de marihuana a siete provincias.

Los hermanos Aquino permanecen detenidos en el marco de la causa del Operativo Sapucay en la que el juez porteño Sergio Torres procesó a 28 sospechosos y puso en dudas la intervención de un juez y funcionarios judiciales federales de Corrientes.

La causa observada y en la que está involucrado Hernán Aquino fue a raíz de un hecho ocurrido en abril de 2015 cuando agentes de la Comisaría Decimosexta de la Capital lo detuvieron.

El rodado tenía con adulteraciones y en el interior había más de dos kilos de marihuana. 

Ese día Aquino estaba en la esquina de la avenida Independencia y calle Thames e intentaba reparar ese vehículo que se quedó en la vía pública a raíz de un desperfecto mecánico, pero al notar la presencia de los funcionarios policiales que acudieron al lugar para ofrecer ayuda. 

Intentó darse a la fuga pero finalmente fue atrapado, tras esto quedó a disposición del Juzgado Federal 1 de la capital provincial, actuaciones llevadas por la Secretaría Penal 6, a cargo de Federico Grau. El imputado contrató los servicios del abogado Duylio Barboza Galeano -letrado imputado en otra causa penal en la que son investigados funcionarios judiciales- quien, según el informe de la Procunar lo acompanó durante su declaración indagatoria y el 8 de junio “fue dejado en libertad por el juez Soto Dávila, quien resolvió concederle la excarcelación bajo caución personal, imponiéndole la obligación de comparecer ante esa Judicatura el primer lunes de cada mes”. Pero Hernán Aquino volvió a incurrir en un delito, pese a los condicionantes que tenía tras su liberación. 

Fue el 15 de noviembre de 2015, cuando fue nuevamente detenido, luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 12, mientras viajaba a bordo de un rodado Honda City cargado con 334,268 kilogramos de marihuana. 

Esto originó el expediente 7059/2015, registrado en el Juzgado Federal 1 con la intervención de la Secretaría Penal 6. 

En el contexto de esta causa también fue liberado. La sospecha del Ministerio Público Fiscal es que esto pudo ser posible por un acuerdo extrajudicial. 

Basaron esta hipótesis en que el 29 de febrero de 2016 se interceptó una llamada telefónica en la que un letrado vinculado a la causa “le comenta al hermano de Hernán Aquino, es decir, a Fabio Aquino, respecto de una reunión ocurrida en una confitería de la ciudad de Corrientes, en la que habrían participado el abogado Duylio Barboza, el secretario (que de acuerdo con el registro de la causa y tal como se señaló anteriormente, es el doctor (Federico) Grau y una de las hermanas de los Aquino”.

Los fiscales aseguran que en ese cónclave “habrían discutido cuestiones relativas a la situación procesal del encausado”.  En esta comunicación telefónica el letrado “asegura tener conocimiento de que al día siguiente le iban a dar la libertad al imputado y que para ello, era necesario que llevaran al Juzgado la suma de treinta mil o cincuenta mil pesos”.

Esto, a su vez, fue sostenido por un testigo de identidad reservada que se presentó en forma espontánea a la Fiscalía Federal 1 de Corrientes.  El mismo habría hecho referencia a la detención de Hernán Aquino y aseguró que “el imputado fue rápidamente liberado ya que el abogado Galeano Barboza, sindicado como amigo y cómplice del ex viceintendente de Itatí, (Fabio) Aquino, habría hecho entrega de una suma de dinero”.

Con relación a esto, además, el Ministerio Publico advierte posibles irregularidades en el trámite de expedientes, ya que “detectó múltiples incongruencias entre las firmas de Hernán Aquino” y agregan que esto es “en las rúbricas de aquellas constancias de comparecencia al Juzgado”.

Socios silenciosos

El abogado Barboza Galeano está involucrado en otra investigación por posibles actos de corrupción del Juzgado Federal 1 y que involucra al titular del Juzgado Federal 1, Carlos Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello y a Víctor Manuel Fernández, cliente de los letrados. 

El objetivo de los estudios es determinar la presunta complicidad entre un estudio jurídico y los funcionarios judiciales para la entrega de bienes que están secuestrados en el contexto de una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La solicitud es el contexto de una investigación iniciada a solicitud de los fiscales federales Flavio Ferrini y Carlos Schafer por irregularidades en un trámite relacionados con una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Las medidas probatorias fueron a solicitud de la abogada Noelia Agnello, involucrada en el caso, quien se presentó espontáneamente a declarar porque se enteró “por los diarios” de la existencia de esta causa. 

Durante su exposición se desvinculó de las acusaciones en su contra al tiempo que denunció una confabulación entre el escribiente Zacarías Issolo, el secretario, Molina y el abogado Barboza Galeano para la realización de los hechos investigados.

Según el escrito al que tuvo acceso NOVA, la abogada relató que los hechos ocurrieron cuando este último se encontraba en Europa y le solicitó que realizara un trámite en su ausencia. “Me llamó pidiendo que le realice un trámite en el Juzgado Federal 1 y envió un correo electrónico un escrito. Mediante mensajes de Whatsapp daba las instrucciones”. 

Luego el abogado le envió un número de teléfono, para que se contacte con Fernández, el cliente. La abogada de 30 años completó con sus datos el escrito recibido y luego llamó al representado para que firme los papeles. “Nos encontramos en la Costanera, estaba en una camioneta con una mujer. Fernández firmó los papeles y no fue al juzgado”, habría declarado.

Con los documentos a su nombre y firmados por Fernández se dirigió a la dependencia judicial. “Barboza me dijo que vaya al Juzgado y pregunte por Zacarías y que le presente los papeles a él. Le di los escritos pero no firmé nada”, dijo.

Tiempo después, según el relato de Agnello, el abogado regresó a Corrientes y “dijo que había que hacer un escrito que lo dictó por mensajes de Whatsapp a fin de que se fijen audiencias testimoniales”. También constaría en el escrito que la letrada se ofrecía a diligenciar las notificaciones para acelerar los trámites.

En ese momento “Barboza estaba en las oficinas del Juzgado y desde ahllí dio las instrucciones de lo que debía escribir  en la nota”, afirmó. 

Aseguró que ese día cuando ella fue a presentar el escrito el otro abogado “estaba en la puerta del juzgado y pidió que entre sola y entregue el escrito a Zacarías”.

La joven letrada habría ingresado a la oficina y cuando el escribiente la vio “le dijo al que estaba atendiendo que él se haría cargo del trámite” y fue cuando el empleado judicial le habría entregado una nota “y me hizo firmar en el reverso”, expuso. 

Aparentemente el empleado dijo que “mediante ese escrito me notificaba que fueron al domicilio de Fernández y que no lo pudieron hallar por lo que tenía que aclarar la situación del cliente”.

Llamativamente la abogada reconoció, según el expediente al que accedió NOVA, que había firmado el papel sin leerlo porque “cuando intenté leer el papel vino Zacarías y me sacó el expediente, fue al escritorio, lo selló y ahí dijo que tenía que firmarlo”.

Afirmó además que “tengo buena memoria visual y recuerdo que la parte escrita en el reverso es de las mismas dimensiones de la providencia en la cual consta el cargo de notificación y mi firma, cuyo contenido de los notificado desconozco”.

Durante la indagatoria afirmó: “no me notifiqué de la medida en la que consta un sello de notificación debajo del cual se encuentra mi firma, pero yo aseguro que de eso no me notifiqué”, al referirse supuestamente a una solicitud de medidas probatorias.

Para que el juez Juan Carlos Vallejos confirme lo expuesto en la declaración, Agnello solicitó incorporar pruebas. 

“Solicitamos remitir a un correo del Juzgado Federal 2 toda la conversación mantenida con el doctor Barboza Galeano y adjuntar en soporte magnético toda la conversación mantenida por Facebook o bien que se habilite una audiencia para la exhibición del contenido de la red social”, pidió.

El juez hizo lugar al pedido. Los hechos están en proceso de investigación.

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