El acusado había sido detenido en 2016, pero el juez Carlos Vicente Soto Dávila le otorgó la libertad, resolución que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y por la Cámara de Casación penal.

En ambas instancias los magistrados advirtieron que correspondía ratificar la prisión preventiva de Romero Yurquina y de sus consortes de causa “que poseerían medios económicos para trasladarse y facilitar la salida del país, lo que constituirían indicios que permiten inferir que podrían eludir el accionar de la Justicia en el caso de obtener la libertad”.

Este fallo fue desoído por Soto Dávila, por lo que la Cámara de Apelaciones volvió a ordenar la detención de Romero Yurquina, encausado desde 2016 cuando la Municipalidad de Corrientes dio a conocer a la Justicia las condiciones inhumanas en las que vivía una familia boliviana –una pareja y sus cinco hijos- en una quinta ubicada a las afueras de la ciudad.

La denuncia fue realizada el 23 de marzo de 2016, cuando Hugo Adalberto Cena Zeballos, oriundo de la ciudad boliviana de Tarija se presentó en el Salón de Usos Múltiples municipal del barrio Esperanza para pedir ayuda.

Ese día el hombre había reclamado a los dueños de una quinta de tomates en la que vivían, Eliseo Romero Yurquina y Bernardo Romero Yurquina, que les otorgue una vivienda digna y el pago de sueldos convenidos por la actividad que realizaba junto a sus hijos y su esposa.

Ante este planteo los propietarios de la plantación los obligaron a salir del terreno, y arrojaron todas las pertenencias de la familia a la vera de la Ruta Nacional 12.

Tras conocerse el hecho en la dependencia municipal, el entonces intendente Fabián Ríos ordenó a que se le brinde contención al grupo familiar y alertó de la situación a la Fiscalía Federal 2 a cargo del doctor Flavio Adrián Ferrini.

Tras esto, Cena Zeballos relató en el Ministerio Público Fiscal que Eliseo Alfredo Romero Yurquina le había ofrecido trabajo en Bolivia, a través de una radio en la que se contactaban empleadores con empleados, llegando a un acuerdo para su traslado a la Argentina, adjuntando como prueba de ellos un contrato firmado por ambos.

En base al maltrato denunciado y los datos brindados se realizó la investigación en manos de la fiscalía a cargo de Flavio Ferrini, que derivó en un allanamiento realizado el 29 de marzo de ese año.

Como resultado, se pudo encontrar a una decena de personas, algunas de ellas con hijos, trabajando en tareas agrícolas para el imputado en condiciones deplorables, viviendo en casillas sin ventanas, con pisos de tierra, instalaciones eléctricas sin medidas de seguridad, sin baños, y en condiciones de extrema precariedad.

Algunas de las víctimas declararon que “el trabajo no fue lo que habíamos hablado” en primera instancia con el imputado y que a muchos de ellos les crearon un “sistema de deuda” para reforzar aún más la situación de sometimiento.

De esta manera, a partir de la prueba reunida y la declaración de las víctimas rescatadas, el representante del MPF sostuvo que el imputado era el encargado de captar a las personas a quienes, aprovechando su estado de vulnerabilidad, les ofrecía favorables posibilidades de trabajo.

Para eso, se hacía cargo o facilitaba el traslado de los trabajadores hasta la provincia de Corrientes. Una vez ahí, los “entregaba” a Bernardo Romero Yurquina, quien los recibía en el campo que explotaba, manteniéndolos en el mismo en condiciones infrahumanas.

Las víctimas debían trabajar de lunes a sábados sin contar ni siquiera con sanitarios, debiendo acudir a los montes para atender sus necesidades fisiológicas y con una asistencia mínima e indispensable para su subsistencia alimenticia. Además, los salarios no eran lo que habían pactado y no contaban con ninguna cobertura médica o social.