La iniciativa busca acordar gobernabilidad, y en ese contexto reflotan la Liga de Intendentes Peronistas, una iniciativa que ya había sido puesta en marcha años atrás pero que se disolvió ante una encarnizada interna partidaria.

Estas diferencias llevaron a que algunos jefes comunales, enojados por la falta de participación en los debates partidarios, pero también agobiados por la falta de recursos en sus Comunas, resuelvan incentivar a que sus simpatizantes a votar por el radicalismo en las elecciones legislativas provinciales de 2015 en las que Eco+Cambiemos se quedó con la mayoría de las bancas en la Legislatura provincial.

Las circunstancias en 2018 son distintas. El peronismo recuperó municipios que habían estado gobernado por los radicales por más de una década. Quienes logaron esa hazaña son en su mayoría jóvenes dirigentes que carecen de identificación con los actuales dirigentes de la “mesa chica” del PJ.

Ellos lograron victorias inesperadas. Esto, porque la dirigencia provincial puso en marcha estrategias electorales que llevó al peronismo a perder, primero, la elección a intendente de la Capital correntina. Luego, en las votaciones a gobernador y las legislativas.

Ante la situación el jefe comunal de Paso de los Libres, Martín Ascúa incentivó a sus pares a crear un espacio de fortalecimiento político, pero también institucional.

En la iniciativa lo acompañan José Sanánez, experimentado intendente de Santa Lucía, y Raúl Hadad, quien administra la municipalidad de San Roque.

Junto a Elvira Sánchez de Cemporain, intendente de Mercedes, pusieron en marcha nuevamente el foro de intendentes del Justicialismo.

El primer paso será evaluar qué postura tomarán frente a la requisitoria de los gobiernos Nacional y de la Provincia a firmar el conocido como Pacto Fiscal.

La normativa nacional es, en términos reales, un acuerdo para la reducción de recursos destinados a las economías regionales o, lo que es lo mismo, el plan del Gobierno Nacional para obtener recursos a fin de pagar las deudas que se tomaron desde diciembre de 2015.

El Pacto Fiscal ya fue firmado por la provincia que aceptó ceder recursos y se comprometió a pagar $870,8 millones de pasivos que estaban financiados a 20 años, pero que Mauricio Macri quiere cobrar antes de 2019.

Pero, además, con esta ley la provincia no recibirá unos $1.300 millones porque se dejará de coparticipar el Impuesto al Cheque; de los cuales el 19% debían coparticiparse a los 71 municipios que, además, perderán la automaticidad y libre disponibilidad de esos recursos.

En total los municipios dejarán de recibir $250.000.000 anualmente, aunque, de adherirse al Pacto Fiscal, tienen la promesa de recibir fondos para obras públicas desde el Estado Nacional.

Esto es porque, según los legisladores que votaron la adhesión al Pacto Fiscal, la ley establece que se quiten asignaciones específicas a unos 3.359 millones de pesos. Este monto debe ser dividido entre las comunas, y en definitiva, los municipios recuperarán cerca de 400 millones de pesos para sus arcas, un 10% de los recursos de coparticipación nacional.

Esto lleva a pensar estrategias entre los intendentes opositores ya que necesitan asegurar recursos para llevar adelante las gestiones.

Todo apunta a que la mayor parte de los peronistas accederán –presionados- a firmar el acuerdo con la provincia, pero antes buscarían acuerdos directos con la provincia principalmente en lo relacionado con obras de infraestructura.

En el plano político partidario, los jefes comunales no dejan de ver qué postura tomarán ante un inminente proceso de reorganización interna. Es que tanto los militantes de base como los dirigentes territoriales reclaman un urgente cambio de autoridades en el PJ que desde hace 30 años tiene los mismos referentes.

Los intendentes saben que en los hechos legitimidad cada uno en su territorio. Pero para hacer valer esas facultades se deberá trabajar en forma organizada y en unidad. De esta manera evitarán que las estructuras peronistas más añosas los dividan y los releguen –como pasó en 2015- de los espacios de Poder.

Lo que pretenden los dirigentes exitosos del PJ es tomar la posta para conducir los destinos del Peronismo en 2019, un año electoral en el que se deberá renovar la mitad de las Cámaras Legislativas y también se elegirá presidente.

El desafío es revertir la racha perdedora que arrastra el PJ correntino desde hace más de 40 años.

El perverso plan de Cambiemos para lucrar

El plan de negocios con espacios públicos costeros en la Capital de corrientes se llama Proyecto Agua Brillante para la instalación de oficinas y hoteles de lujo en la zona Costera de la ciudad.

Esto implica, además del desalojo de las oficinas donde funcionan la Afip, Vías Navegables y el Puerto, también el vaciamiento y demolición de la Escuela de Construcciones Portuarias y Vias Navegables.

Lo que pretende el gobierno de Cambiemos es desguazar un colegio al que asisten mil alumnos para ceder esos terrenos a empresas privadas que instalarán allí emprendimientos inmobiliarios.

También serían demolidos el Centro Cultural Asamblea Ciudadana, que funciona en un edificio ubicado en San Lorenzo y avenida Juan de Vera, y el Club Talleres, donde se enseña boxeo, y que está emplazado en el mismo predio.

La planificación también pretende avanzar sobre el predio donde actualmente funciona el Regimiento de Infantería 9.

Ese lugar fue declarado Espacio de la Memoria, ya que allí funcionaban los centros clandestinos de detención durante la Dictadura Militar. Pese a ello, el gobierno de Mauricio Macri en connivencia con el de Gustavo Valdés en Corrientes, avanzan la idea de entregar esos terrenos a inversores privados.

Otro edificio histórico que pretenden demoler es la Unidad Penal 1, donde se alojan a los condenados por la Justicia Provincial.

El espacio está en paupérrimas condiciones y no es apto para el alojamiento de personas. Aún así, esta construcción inaugurada en 1888, y pensada para albergar 250 internos.

En la actualidad llegan a los 800 y la falta de mantenimiento lo convierte en un espacio de riesgo para los internos y los penitenciarios.

Aun así, este edificio de estilo neorománico fue declarado patrimonio arquitectónico pero el gobierno proyecta demolerlo.

El anhelo de utilizar esa cárcel para emprendimientos privados tiene más de una década. La idea ya fue presentada por Gustavo Valdés en su gestión como Ministro de Gobierno y Seguridad.

En ese entonces había propuesto unificar las Unidades Penales 1 y 6 en San Cayetano.

En aquellos años el plan era entregar esos terrenos a Jorge Alberto Goitía, el zar del juego de Corrientes, amigo del ex gobernador y actual Senador, Ricardo Colombi.

El proyecto Agua Brillante pretende reflotar la iniciativa que podría beneficiar al dueño de los Casinos del Litoral, pero también a firmas privadas vinculadas a Mauricio Macri.

Aunque, la diputada nacional peronista, Araceli Ferreyra sostiene que el proyecto inmobiliario primero deberá aprobarse en el Congreso, pero lo cierto es que el macrismo es poco apegado al cumplimiento de las normativas, por lo que es posible que el traspaso de todos los inmuebles y la ejecución de las obras se realice por medio de un decreto presidencial, con anuencia de la Provincia.

La misma legisladora le había cuestionado el proyecto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña quien -en el recinto de la Cámara Baja- confirmó la existencia del plan inmobiliario.

Este proyecto ya está en marcha y es por ello que la comunidad educativa de la Escuela Portuaria salieron a la calle el jueves pasado para manifestarse contra el ciere de la escuela.

Casi en forma simultánea el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús llevaba adelante la firma de acuerdos con los funcionarios gubernamentales.

El funcionario recorrió los predios en la ciudad de Corrientes con miras al desarrollo costero, una suerte de Puerto Madero local. Junto a él estaba el director nacional de Promoción de Inversiones del Plan Belgrano, Juan Pablo Ybarra quien estará a cargo de la tramitación de parte de los fondos para las obras.

Los administrativos nacionales estuvieron acompañados por el gobernador Gustavo Valdés quien reconoció que “estamos en los primeros pasos para diseñar un proyecto colectivo que incorpore predios que son nacionales y provinciales”.

Sostuvo además que “el desafío es que el desarrollo costero esté incluido como primera línea en la planificación de la ciudad”.

Todo esto, a costa del cierre de espacios culturales, deportivos y escuelas.