El legislador Jorge Antonio Romero también indicó que habilitar camiones Bitrenes generará “mayores índices de siniestralidad” en las rutas. Puso como ejemplo que “hablan de un corredor Zarate-Virasoro (Corrientes) y no tienen en cuenta que sólo existe autovía hasta Paso de los Libres y de allí hasta Virasoro tenemos una ruta de doble mano que ya produce una cantidad considerable de accidentes”.

El diputado nacional por Corrientes, Jorge Antonio Romero; fue uno de los oradores del bloque FpV-PJ que argumentó el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual el presidente Mauricio Macri modificó 140 leyes y normativas; que luego se dividieron en varias iniciativas parlamentarias.

Entre los principales cuestionamientos al paquete, dividida en tres proyectos; es que flexibiliza controles que debe realizar el Estado; violenta derechos laborales; pone en riesgo patrimonios financieros estatales estratégicos; deja abierta la posibilidad de privatizaciones de obras y servicios públicas; violenta el orden jurídico y el sistema federal.

El legislador correntino señaló que la administración del presidente Mauricio Macri pretendió anular la representación democrática expresada en el Congreso de la Nación y violentó la Constitución Nacional.

“El Ejecutivo Nacional deroga y modifica normativas que debieron ser abordadas en el marco de un debate profundo en este Congreso de la Nación. Además no cumple con las exigencias constitucionales respecto de la necesidad y urgencia; realiza modificaciones en materia penal, materia vedada para este por la manda constitucional”, describió en el inicio de su intervención.

Jorge Romero también aclaró que “el DNU 27/2018 no fue ni aceptado ni rechazado por ninguna de las Cámaras del Congreso. Está vigente. Ahora bien, presentan proyectos que replican un DNU, es como presentar un proyecto igual a una ley vigente. Un antecedente grave que no puede admitirse en este Congreso. Más aun cuando el Ejecutivo ya se encuentra reglamentando y aplicando las normas”.

Por esta razón definió que “el debate del presente proyecto es una puesta en escena” del oficialismo y “no tiene efecto jurídico”. Por esta razón “rechazamos este proyecto porque sus disposiciones ya se encuentran en plena vigencia”.

Describió que el proyecto “aborda distintas temáticas agrupados en cuatro capítulos autónomos, todos inconexos”. Lo definió como un “mamarracho jurídico” e “inconstitucional”.