El ex funcionario está sospechado de haber adjudicado la compra de un terreno y la construcción de un edificio en forma irregular, al rechazar ofertas menos costosas para el Estado.

El juez titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila había otorgado el sobreseimiento al ex funcionario, pero esta medida fue apelada por el fiscal Carlos Adolfo Schaefer.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que era improcedente el fallo del juez debido a que faltaba tomar declaración a martilleros públicos convocados testigos y también quedaba por realizarse peritajes contables en las empresas que habían recibidos los pagos en la maniobra cuestionada.

Sostuvo el fiscal que esas pruebas faltantes serían de importancia para aclarar la posible existencia del delito porque “lo que se pretende investigar, es si Peroni, como funcionario del Pami, direccionó la adquisición aconsejando el inmueble en cuestión, cuando no reunía las condiciones del pliego, se encontraba sobrevaluado en relación a otros inmuebles de Corrientes”.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Corrientes le dieron la razón al funcionario del Ministerio Público Fiscal y reconocieron falencias en el proceder del juez Soto Dávila.

Es por ello que resolvieron “declarar la nulidad” de lo dispuesto por el juez de primera instancia, “disponer el apartamiento del magistrado interviniente (Soto Dávila) y remitir la causa, previa notificación al juez apartado, a quien deba subrogarlo conforme la ley”, según el fallo al que tuvo acceso NOVA.

Es por ello que Peroni, volverá a ser encausado pero el expediente quedará en manos del juez federal Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes.

Funcionario de carrera

El imputado en la causa por irregularidades se desempeñó en cargos públicos por aproximadamente 30 años.

Oriundo de Monte Caseros, de donde había sido concejal fue electo Senador Provincial, cargo en el que asumió el 29 de noviembre de 1995. Posteriormente, en 1999, luego de la crisis institucional provincial, fue designado Ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Cuando regresó la institucionalidad un acuerdo político entre radicales, liberales y peronistas le permitió acceder a un cargo de secretario en la Cámara Baja provincial.

En 2008 –y por medio de las gestiones de Fabián Ríos y Rubén Perié- fue designado Director Ejecutivo del Programa de Asistencia Médico Integral (Pami) en Corrientes.

Posteriormente fue removido del cargo y designado nuevamente como funcionario de la Legislatura Provincial donde accedió a los beneficios de la jubilación.

Denuncia institucional

Cuando Oscar Peroni asumió en el cargo de Director, las oficinas del Pami funcionaban en un edificio alquilado, pero la administración central de la institución puso en marcha un plan para que todas las dependencias cuenten con un espacio propio.

Es por ello que se le ordenó convocar a licitación para adquirir un terreno céntrico y edificar allí las nuevas instalaciones de la entidad nacional.

Estas operatorias fueron denunciadas como irregulares por las propias autoridades del Pami –pertenecientes el mismo partido al que estaba afiliado Peroni- quienes advirtieron sobreprecios en la compra del inmueble e inconsistencias en los fundamentos para la elección de la firma que construyó las oficinas.

Quien expuso a Peroni ante la Justicia fue Pablo Piqué, Secretario de la Unidad Fiscal (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ­ Pami).

Este funcionario, el 02 de julio de 2013, puso en conocimiento ante la Justicia Fedral que se había detectado “una serie de irregularidades acontecidas en el marco del Expediente Administrativo Nº 230­ 2008­02563­4­0000, mediante el cual se sustancio la Licitación Pública Nº 07/08 para la adquisición de un inmueble destinado al funcionamiento de la delegación del instituto con asiento en la provincia de Corrientes”.

En la denuncia consta que la compra del inmueble fue autorizada por Peroni el 31 de marzo de 2009, por un valor de $7.800.000 y recayó sobre un inmueble en calle Jujuy Nº 1140, y un terreno baldío por una superficie total de 951.31 metros cuadrados, donde actualmente funciona la entidad.

Según la denuncia “no puede dejar de remarcarse la clara violación de criterio de economía que debe regir las contrataciones, ya que el precio abonado no fue acorde a los requerimiento de la obra social, pues conforme lo estimara el Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Corrientes, el precio efectivo del metro cuadrado de un inmueble de las características de mención, tenía a la fecha de la operación un precio muy inferior al abonado”.

Otra irregularidad detectada, según el expediente judicial, es que una de las empresas contratadas por Peroni “no registra actividades en el mercado inmobiliario” y que además “nunca estuvo inscripta” en el Colegio de Corredores inmobiliarios y “tampoco se conocían publicaciones de su actividad”.

Lo que expuso el Ministerio Público Fiscal respecto a esto es que Peroni tendría responsabilidad en la acción de “torcer” la el otorgamiento de la licitación a esa firma.

Remarcó que el oferente presentó costos más elevados respecto a otros, ofrecidos en la convocatoria. “Dentro del proceso de adquisición del inmueble, fue Peroni el que elevó a la Dirección Ejecutiva del Nivel Central el informe sobre las condiciones de los inmuebles, y aconsejó como más apropiada la propuesta N° 3, es decir, la del inmueble en cuestión”, sostuvo el fiscal Carlos Schaefer en su presentación.

Aclaró, que “allí radica su participación en el hecho presuntamente irregular y no en incumplimientos de los aspectos formales de la licitación”.