Según la presentación, el rodado había sido incautado el año pasado en el contexto de una averiguación por narcotráfico. El secuestro se fundamentó en que la ex pareja de la propietaria del vehículo podría tener relación con una banda criminal.

El letrado comentó a NOVA que “pese a la inexistencia de relación entre el hecho ilícito investigado y la participación de la dueña del rodado, se le confiscó la camioneta”.

Pero el hecho que causó preocupación a la titular del vehículo es el descubrimiento que su camioneta era utilizada por un funcionario público para salir de paseo con su familia y realizar las compras hogareñas.

El hecho ocurrió el pasado 19 de abril, cuando la interesada, M.A.G. observó que una camioneta Toyota Hilux similar a la suya, transitaba con rumbo hacia la Costanera Sur. Debido a esto siguió la trayectoria del rodado hasta la calle Ex Via entre La Rioja y Mendoza.

Allí desdendió del rodado un hombre, y luego una mujer. Pero lo más llamativo fue que ambos habrían encerrado en el rodado a un niño que en ese momento estaba dormido en la parte de atrás de la cabina, situación que causó preocupación por los peligros que supone para el menor ese abandono.

La pareja “se dirigió hasta el Mercado de Abasto para hacer sus compras de verduras para luego nuevamente marcharse”, minutos más tarde.

El rodado había sido secuestrado en año pasado, por orden del juez Carlos Soto Dávila –secretaría a cargo de José Otazo- y quedó bajo la responsabilidad del Juzgado Federal 1 de Corrientes, magistratura que ya es investigada por la entrega irregular de vehículos incautados, lo que derivó incluso en la separación del cargo de un funcionario por haber intervenido supuestamente en estas maniobras.

Lo que se hizo notar ante la Cámara de Apelaciones es que “el automotor supuestamente secuestrado es utilizado para cuestiones personales por personas que lo deben custodiar”.

El escrito advierte también “que no existen constancias que se le haya dado o autorizado el uso de la Camioneta a alguna persona o institución”.

Ante esto, solicitan que se analice el hecho denunciado para que “de manera urgente, identificar conforme la secuencia fotográfica que se acompaña quien es la persona que está utilizando el automotor secuestrado para su uso privado y personal”.

Piden también que se inicie una averiguación para determinar “cómo (el conductor) ha podido retiera de la Gendarmería el rodado, donde debería estar fajado y bajo custodia”.

Solicitaron tambié que “se instruya las medidas necesarias para hacer cesar de manera urgente el delito” y advierten que ante la inacción de los jueces “se estaría incurriendo en algún tipo de incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Peligros

El abogado Rubén Leiva comentó que “la situación preocupa a la dueña de la camioneta porque, al no existir ningún documento judicial que se le otorgue la pesesión a una persona en particular, existe el riesgo que de existir un accidente se la haga responsable”.

Remarcó además que “otro de los riesgos es que el rodado pueda ser objeto de algún delito, incluso que se le quiten partes o resulte averiado, causando un perjuicio para la titular del bien”.

Agregó también que “el hecho pone al descubierto un posible accinar irregular de un funcionario público que utiliza para fines personales un vehículo incautado por la Justicia”.

Recordó que en ocasiones los rodados secuestrados son entregados –conforme a leyes vigentes- a fuerzas de seguridad o instituciones con fines específicos orientada a la lucha contra el crimen organizado, o bien, para facilitar el desarrollo de actividades de judiciales.

La presentación fue realizada este 20 de abril ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y en el escrito se instó a los jueces a que tomen medidas en el caso y dispongan la devolución del rodado.