Judiciales y Policiales
Operativo en la ciudad de Esquina

Investigan a un jefe de Prefectura por bloquear un allanamiento antinarco

Efectivos de la Policía Federal encabezaron, junto a policías santafesinos el operativo antinarco. La Prefectura puso trabas al procedimiento.

“Iniciamos una investigación en relación a las dilaciones de un allanamiento realizado en Esquina, por la inacción de la Prefectura Naval Argentina”.

La frase corresponde a la fiscal Viviana Bruno Campaña, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Reconquista quien dio a conocer que se ordenó una averiguación preliminar porque “Se pidió colaboración y (los prefecturianos) se excusaron que ellos recibían orden del Juzgado Federal de Corrientes por jurisdicción”.

La situación es en relación a una causa judicial en la que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde investiga el envío de drogas desde Esquina hasta la localidad santafesina de Romang, donde operaba un clan familiar narco.

En ese marco el juez ordenó intervenir nueve domicilios en Romang, uno en una isla y otro en la ciudad de Esquina, donde se domiciliaba el presunto cabecilla de la banda.

Pero este último operativo tuvo dilaciones ya que el encargado de la Prefectura de Esquina, Jorge Benítez se negó a dar curso a la orden del magistrado de Reconquista.

Es por ello que este 21 de mayo el magistrado federal ordenó investigar a este efectivo de la fuerza de seguridad debido a que se habría negado a intervenir, junto a la Policía de Santa Fe en el allanamiento realizado a metros del hospital San Roque de Esquina, donde detuvieron a R. Pérez, sospechado de transportar marihuana desde Corrientes a la vecina provincia.

La negativa del efectivo habría sido con la excusa de falta de autorización por parte del magistrado federal correntino Carlos Soto Dávila –quien ya tiene denuncias por irregularidades en su gestión- pese a que un día antes del allanamiento se había anoticiado a esta jurisdicción del procedimiento.

En una radio de la provincia de Santa Fe el juez Alurralde dijo que era injustificada la actitud del efectivo ya que “son fuerzas federales, deben colaborar. Si tienen dudas de la firma o del cargo pueden comunicarse y corroborarlo; en la era de las comunicaciones lo pueden hacer inmediatamente. Desconocieron la orden de un Juez Federal”.

Debido a que el prefecturiano evitó proceder en forma rápida al requerimiento de Alurralde, el allanamiento se frenó durante una hora y media. Ante la situación el magistrado santafesino emitió una orden para que la Policía Federal Argentina proceda con la intervención.

Entonces la Subdelegación Goya de la PFA envió efectivos hasta Esquina para que se haga efectiva la detención del narco.

La situación fue confirmada a NOVA por la fiscal Bruno Campaña quien sostuvo: “iniciamos una investigación en relación a las dilaciones de un allanamiento realizado en Esquina, por la inacción de la Prefectura Naval Argentina”.

Las averiguaciones del caso iniciaron hace un año cuando detectaron la existencia de kioscos de droga en Romang, lugares que eran regenteados por el clan Flores-Pérez.

Estos lugares eran abastecidos con droga que llegaba desde Esquina previo paso por las islas del río Paraná desde donde se llevaban los paquetes a Romang, donde se la comercializaba.

Sospechas de connivencia

No es la primera vez que la fiscal Bruno Campaña y el juez Alurralde tienen inconvenientes para investigar organizaciones de narcotráfico en Corrientes.

En 2016 un allanamiento fue interrumpido por el entonces gobernador de la provincia, Ricardo Colombi quien actualmente está encausado por ese hecho.

La investigación iniciada contra el gobernador Ricardo Colombi por haber interrumpido un operativo antidrogas en Goya tiene dos cuerpos pero “todavía quedan muchas medidas que tomar”, dijo la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña quien lleva adelante las averiguaciones.

La funcionaria informó que la causa fue enviada a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) “que solicitó una serie de medidas más” en el contexto de la etapa de recolección de pruebas por lo que aclaró que “se trata de un tema hay que tomarlo con seriedad, y no hay que decir que se va a llamar a indagatorias porque recién estamos en etapa de investigación”.

En este contexto la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia contó que las averiguaciones están en relación al supuesto delito de entorpecimiento a la Justicia cuando el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde mandó una comisión de policías santafesinos a detener a dos narcos acusados de vender 250 kilogramos de marihuana por semana en su jurisdicción.

La titular del Ministerio Publico recordó entonces que “el conflicto se suscitó por la recolección de testigos, según los argumentos de Colombi”, acción que podría haber imposibilitado la detención de los narcos.

Así, relató que “si bien los procedimientos fueron exitosos se demoraron mucho por esta cuestión (de la irrupción) y se extendió hasta las 16 porque se demoraron a los jefes de la Policía que estaban a cargo del operativo y que no se podían comunicar con el juez que ordenó el allanamiento”.

Es que Colombi en ese acto mandó a detener al jefe del operativo, José Moyano y en esta imposibilidad de contacto con el magistrado Alurralde estuvo imposibilitado de recibir instrucciones “y es por ello que se investiga si hubo una obstrucción a la Justicia por parte del gobernador”, dijo la fiscal.

En su inoportuna aparición el jefe de gobierno provincial había expuesto que fue en búsqueda de los testigos que están domiciliados en la Capital correntina pero que fueron trasladados a Goya para colaborar con el operativo.

Aparentemente Colombi se enteró de la situación porque uno de los jóvenes es familiar de un funcionario de la Policía de Corrientes, y éste le informó de la situación a través de un llamado telefónico.

Ante la solicitud de intervención el gobernador viajó hasta la ciudad de Goya para intervenir, y una vez allí pidió la presencia del juez local Carlos Balestra y los fiscales Patricio Palisá y Guillermo Barry.

Entonces el gobernador había asegurado que existía una denuncia en el juzgado de instrucción 6 de Corrientes a cargo de la jueza Graciela Ferreyra.

Respecto a esto la fiscal federal Bruno Campaña dijo que se desconoce la existencia de un recurso de Habeas Corpus en favor de los testigos y que “es importante la rendición de las actuaciones a raíz de las supuestas denuncias de los padres de los testigos para ver si estas derivaron en la intervención”, dijo la funcionaria este jueves en Radio Amanecer de Reconquista y lo confirmó luego a NOVA.

Los pedidos de información a la Justicia Provincial se realizan desde diciembre, pero a tres meses del conflicto “no sabemos cuál es el motivo real y por eso se investiga”.

Remarcó que “nunca tuvimos un problema similar y por ello queremos saber si hay Habeas Corpus, pero hasta ahora no tenemos nada”.

Aparentemente en ninguna oficina de la justicia correntina existen trámites que justifiquen el accionar de Colombi y de la Policía de Corrientes, lo que significaría que con la intervención en el operativo se pudo haber configurado un delito.

En el caso de establecerse la responsabilidad del delito de obstrucción a la Justicia se podría imponer al actual gobernador una pena que va de los seis a ocho años de prisión y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión pública, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

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