Gustavo Valdés desconoce el Programa de Ajuste Nacional y espera apoyo del Presidente
Tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó la medida como “muy positiva” y destacó “la confianza y respeto” por parte de la banca financiera al proyecto económico llevado adelante desde la gestión macrista.
Consultado al respecto, el funcionario evitó referirse al impacto que tendría en las provincias la toma de 50.000 millones de dólares que, según explicó, “constituyen una medida preventiva para tener mayor cobertura frente a las volatilidades en el mundo”.
Si bien, a través de una aceitada maquinaria mediática el gobierno intentó pulir la imagen del FMI y generar confianza entre dirigentes, sindicalistas y referentes sociales, algunos gobernadores prefirieron mantener cierta reserva en relación a la estocada financiera que, sin lugar a dudas, golpeará con mayor dureza a las economías regionales.
En este sentido, la provincia de Corrientes, resultaría afectada con un recorte que alcanzaría el 74 por ciento de las transferencias ordinarias, dinero que regularmente reciben los Jefes comunales para sostener programas sociales.
Entre las medidas “sugeridas” por el Fondo para achicar el déficit fiscal, la poda de 133.500 pesos destinados a las 23 provincias es un punto fundamental que le permitiría al gobierno de Mauricio Macri continuar con las negociaciones y mantenerse “integrado al mundo”, como gustan llamar a una relación contractual que mantendrá vinculada a la Argentina con la banca financiera durante varias décadas.
Aunque aún se desconocen detalles sobre el impacto real sobre la economía local, la Nación aplicaría además una reducción en el envío de fondos destinados a salarios, bienes y servicios de la administración pública, recorte que se haría efectivo en forma progresiva durante los siguientes dos años, de acuerdo a los requerimientos del Fondo, y que impactará en principio, en la reducción de personal en todas las reparticiones.
Inconsistencias
A contramano de estos lineamientos esbozados por parte del gobierno nacional, el gobernador Gustavo Valdés, anunció una serie de medidas en relación a la obra pública, punto que generó incertidumbre y desconfianza.
Según el Primer mandatario correntino, las obras en Corrientes no serán frenadas y subrayó, además, la necesidad de avanzar en proyectos destinados a incentivar la actividad turística en la región, para lo cual contaría con total apoyo del presidente, quien estaría presente el jueves 14 en la localidad de Paso de la Patria, donde se llevará a cabo la Feria de Turismo Regional.
Administración pública
El gobernador Gustavo Valdés decidió cerrar la semana con declaraciones que, una vez más, dejaron en claro su total obediencia a los lineamientos de la gestión central.
En este marco, Valdés pidió paciencia y compromiso a los correntinos para sobrellevar lo que él considera un paso necesario para avanzar con un proyecto de país que tendrá frutos a largo plazo, por lo que no dudó en expresar su apoyo “al mejor estadista de las últimas décadas”.
Entre estos “esfuerzos” enumeró tímidamente algunos ítems que afectarán a la mayoría de los sectores trabajadores, como el aumento indiscriminado de las tarifas energéticas, la poda en las partidas destinadas a obras públicas y los recortes de gastos de la administración.
Sin embargo, el esfuerzo aparentemente no sería aplicado a todas las reparticiones públicas de manera equitativa, tal es el caso del Instituto de Vivienda de Corrientes, distribución que sería beneficiada con la incorporación de personal, con salarios superiores a los 30 mil pesos.
No obstante, lo que hasta el momento no queda claro es la función que ocuparían los nuevos responsables que estarán al frente de subsecretarías con nombres y funciones indescifrables.
El Decreto Nº1.333 -que el gobernador Gustavo Valdés firmó el 1 de junio- aprueba la resolución Nº617, que resuelve asignar a funciones de gerente a ocho nuevos empleados. En el documento también están las firmas del ex interventor del Invico, Bernardo Rodríguez, y del actual, Julio Veglia.
Las designaciones se dieron en la función de Gerente General de Planificación y Coordinación, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente Administrativo de Finanzas, Gerencias de Promoción y Desarrollo Socio-Habitacional y Consejero Superior.
“Hay una ocupación ilegal de cargos gerenciales y departamentales en franca violación a la Ley de Servicio Civil 4.067”, explicaron referentes sindicales, quienes además denunciaron que existe un “inminente nombramiento a dedo en cargos jerárquicos de personas sin trayectoria ni experiencia, pasando por encima de la carrera administrativa de la gran mayoría de los trabajadores sociales, que tienen más de 25 años de antigüedad en sus cargos”.
Por esta razón, los empleados del Instituto de Vivienda se sumaron esta semana a otros sectores para organizar un plan de lucha, mientras se encuentran en estado de alerta permanente y movilización.
