Durante la sesión del miércoles por la noche, estalló otro conflicto cuando el viceintendente Altamirano, que es del Partido Popular en la alianza ECO-Cambiemos, se negó abiertamente a habilitar el tratamiento de varios pedidos de informes sobre el manejo de las cuentas que él ejecuta en el Concejo sanroqueño.

“No voy a dar lugar, no lo voy a someter, no voy a someter a votación esos proyectos”, gritó varias veces Altamirano desde la Presidencia cuando la concejal Adriana Carmagnola pidió que se permita a los demás ediles votar los pedidos de rendición de cuentas.

Carmagnola le solicita que rinda la ejecución del presupuesto del Concejo para controlar el gasto del dinero público y determinar si existen casos de corrupción que involucran a Altamirano, ya que las cuentas no son presentadas como exigen las normas.

“De manera insólita, Altamirano se negó a dar tratamiento sobre tablas a mis proyectos porque queremos que demuestre si es transparente o no en el manejo de fondos del Concejo y cuál es el destino que le da a ese dinero público”, explicó Carmagnola en contacto con la prensa local.

“El artículo 70 del reglamento del Concejo establece que los proyectos se pueden tratar sobre tablas, tengan o no despacho de comisión, pero Altamirano se negó abiertamente a tratarlos cuando lo solicité y de esa manera cometió delitos”, agregó Carmagnola.

La concejal se retiró del Concejo y radicó la denuncia contra Altamirano ante la comisaría local para que intervenga en el caso la Justicia de Instrucción de Goya por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no puede impedir el tratamiento de proyectos.

El 21 de marzo pasado, también por la noche y luego de una sesión, la concejal Teresa Alderete denunció por delitos similares en la Policía a la vicepresidenta Laura Salinas, a quien acusó de impedir el tratamiento de proyectos que apoya el Ejecutivo y que benefician a los trabajadores municipales de San Roque.

Salinas actúa en alianza con Altamirano y son opositores al Ejecutivo municipal. Ahora, la Justicia de Goya deberá investigar a ambos por las denuncias penales que acumulan, mientras el resto de los concejales indagan sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos y exigen rendiciones de cuentas del Concejo.

“Ellos hacen que los pedidos de informes duerman en la comisión y luego bloquean el tratamiento en la sesión, por lo que crecen las sospechas de que las cuentas no son claras”, dijo la concejal Carmagnola.