En uno de los planteos el abogado defensor cuestionó que no se hiciera lugar al pedido de detención domiciliaria; argumentando una afección de salud de tipo respiratoria grave, con dependencia de un equipamiento indispensable para evitar consecuencias gravísimas.

Ese equipo instrumental requería un mantenimiento que el Servicio de Sanidad del Establecimiento Penal no puede brindar, además de no tener lugar de emergencias ni ambulancia para traslado de pacientes.

En el segundo caso, se interpuso un “recurso de hábeas corpus reparador” porque no se había justificado la rebeldía de Medina -a pesar de que ya se había levantado la medida que pesaba en su contra pero manteniendo la detención a disposición del Juzgado de Instrucción N° 6, desde el 18 de abril de 2017.

Los integrantes de la Corte Provincial fundamentaron el rechazo del primer recurso al señalar que las condiciones de higiene y prevención de la Institución donde la ex funcionaria se halla detenida superaban con creces al domicilio que la misma imputada ofreció. Y citaron un informe socio ambiental en el que constaban que las condiciones habitacionales eran desfavorables.

En el segundo recurso de casación, también rechazado, se indicó que se advertía que la la acción se presentada como hábeas corpus reparador cuando en realidad encuadraba en los conceptos y previsiones de la clásica acción de hábeas corpus.

Para los Ministros del Superior Tribunal “los planteos de la accionante son ajenos a este remedio procesal y en ese sentido, no se incurre en arbitrariedad, ni ilegalidad, para mantener la privación de libertad de la justiciable; porque la privación de libertad proviene del juez competente y no es esta la vía para revertir, la falta de justificación del estado de rebeldía”.

Denuncia interna

La investigación a Medina comenzó en 2013 cuando se advirtieron serias irregularidades en la disposición de bienes incautados por orden judicial.

Según la pieza acusatoria la denuncia en la Fiscalía General fue formulada el 25 de septiembre por una funcionaria del Juzgado Correccional 1, donde Medina ocupaba el cargo de secretaria de la jueza Gabriela Aromí de Sommer.

La denunciante de apellido Sánchez -quien ocupaba el cargo de secretaria relatora cuando hizo la denuncia- contó que en el mes de agosto le habían avisado que una funcionaria que trabaja en el mismo edificio judicial estaría utilizando su apellido en ciertos hechos relacionados con rodados secuestrados a disposición del juzgado.

Las sospechas recayeron sobre Medina, quien -según el relato de la denunciante- "habría concurrido a su lugar de trabajo en un vehículo marca Peugeot, modelo 206, de color gris claro”.

Este vehículo no sólo no tendría chapa patente delantera -y era conducido por una persona allegada a la funcionaria investigada- sino que también habría permanecido una semana estacionado frente al Juzgado Correccional Nº 1, en su sede ubicada en Buenos Aires 428 de la capital correntina, y que dicho vehículo debía hallarse en el depósito judicial.

En la denuncia, también se refiere que Medina "en el año 2011 habría sido vinculada con un hecho de corrupción en relación a la entrega de un vehículo que se encontraba secuestrado por la Comisaría Segunda".

Atento a la gravedad del hecho narrado, se había ordenado una inspección en el Juzgado Correccional Nº 1.

Tras esta diligencia, se pudo constatar que existían vehículos que habían sido llevados a cocheras privadas "sin orden judicial", con simples constancias actuariales.

Esos coches fueron trasladados del depósito judicial al juzgado con el objeto de realizarles los peritajes mecánicos que nunca se llevaron a cabo.

Posteriormente se había solicitado la detención de la sospechosa, pero ésta ya había abandonado la provincia. Fue apresada en Córdoba en 2017.