Judiciales y Policiales
Intermediación financiera no autorizada

Elevaron a juicio la causa por el banco trucho donde guardaba dinero el diputado Pedro Cassani

El fiscal Ferrini pidió a un juzgado provincial que investigue los bienes del diputado de ECO+Cambiemos, Pedro Cassani.

El juez federal Juan Carlos Vallejos dio por cerrada la instrucción de la causa en la que se investiga la actividades de una firma financiera que funcionaba como un banco sin autorización del Estado y envió el expediente al Tribunal Oral Federal para que sean juzgados los responsables de esa empresa.

La causa es en relación a las actividades que se ejecutaban en la firma, Cooperativa de Créditos Pyramis donde se comercializaba moneda extranjera por fuera del mercado, se entregaban créditos y se recibían depósitos al tiempo que se alquilaban cajas de seguridad, todo sin permiso del Banco Central.

Las investigaciones fueron desarrolladas desde 2014 por el fiscal federal de Primera Instancia de Corrientes, Flavio Ferrini quien en julio de  pidió la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a los directivos de una Cooperativa de Crédito.

La elevación a juicio es “parcial” porque el debate será sólo por el delito de intermediación financiera no autorizada, mientras que continúan las investigaciones por evasión fiscal y lavado de activos, entre otros delitos económicos.

El fiscal federal Flavio Ferrini había informado el año pasado que había finalizado la averiguación llevada adelante con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a -cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta- en la que se responsabiliza de las maniobras a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi, integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y de Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, pero que en realidad efectuaba cambio de cheques, compra y venta de moneda extranjera y préstamos de dinero, sin la debida autorización del Banco Central.

En esa oportunidad también se pidió la extinción de la acción penal contra Horacio Boschetti por fallecimiento del imputado. Este murió el pasado 5 de julio a raíz de una enfermedad.

Tras haberse resuelto una serie de apelaciones presentadas por los acusados, la causa finalmente fue elevada a juicio este martes  de junio de 2018.

Según el expediente, los responsables de la firma están acusados haber captado fondos por cerca de 68,5 millones de pesos por parte de personas ajenas a la entidad entre los años 2012 y 2015 y, a su vez, de capitalar intereses por más de 9,5 millones de pesos, aun cuando el propio estatuto mantenía la prohibición de realizar operaciones de ahorro y préstamo.

En el pedido de elevación a juicio se informa que está probado de la firma investigada tenía vínculos económicos con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. 

Uno de estos clientes era Marcelo Laslo, testaferro del gobernador Ricardo Colombi era usuario de la caja de seguridad 222 A de Pyramis, donde se hallaron 130.000 dólares que estaban sin declarar ante la Afip. Debido a esto se abrió una investigación paralela por evasión fiscal.

Además se encontraron cajas de seguridad del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, donde habían 598.771 dólares y 1.109.400 pesos.

También se halló dinero del ex legislador, Manuel Sussini, donde había 120.000 dólares.

Aparece también en la nómina de clientes de Pyramis el juez Carlos Soto Dávila quien habría comprado y vendido moneda extranjera en negro por medio de la Cooperativa de Créditos Pyramis.

En la sede de la firma se hallaron documentos relacionados con la compra y venta de divisas sin autorización del Estado, como también de transacciones financieras por fuera del sistema legal como la compra 63.730 dólares estadounidenses a un precio “diferenciado”, y que la venta de esa moneda por un total de $209.825.