Judiciales y Policiales
Denuncia por corrupción y violencia institucional

Lavado de dinero en Paso de los Libres: piden juicio político para jueza y fiscales por el armado de causas a inocentes

  • La jueza Cristina Pozze Penso, denunciada por corrupción y violencia institucional.
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  • El dueño de Aguirre Automotores, denunciante de las maniobras.
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  • Acusan connivencia entre los Juzgados, la Policía departamental y Gendarmería.
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  • Parte de la documentación considerada en la investigación.
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Paso de los Libres es uno de los pequeños pueblos de la triple frontera sudamericana más cuestionados en materia delictiva, contrabando y narcotráfico. Todo ello sumado a cantidades de denuncias sobre la connivencia entre los Juzgados, la Policía departamental y la Gendarmería.

Este jueves 2 de agosto, ingresó en los juzgados federales de Paso de los Libres una importante denuncia contra la jueza federal subrogante, la doctora Cristina Pozze Penso y los fiscales federales Aníbal Martínez y Miriam Benitez, acusados de Prevaricato (Art. 269 C.P), Resoluciones Falsas y Arbitrarias, Violación de los deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad (Art. 349 C.P.), y por los delitos previstos y reprimidos por los Art. 143 y 144 Bis del Código Penal.

El denunciante es Ricardo Aguirre, quien estuvo detenido ilegalmente durante seis meses sin dictado de prisión preventiva. Entre otras sugestivas acciones, los magistrados denunciados desoyeron los fallos de Cámara para liberarlo, a tal punto de ensañamiento que, enterados de la inminente denuncia y con la excusa de la falta de lugar en penales de Corrientes, enviaron a Aguirre, de 65 años de edad y que padece problemas cardíacos, diabetes e hipertensión, a la Unidad Nº 6 del Penal de Ezeiza en Buenos Aires, quedando detenido junto al contador Jorge Chueco, el “Caballo” Suárez y el primo de Néstor Kirchner.

La denuncia

Aguirre, que es el dueño desde hace 40 años de la tradicional concesionaria Aguirre Automotores, denunció que por una causa iniciada contra la nueva concesionaria Alta Gama (que cuenta con solo dos años de instalada en la triple frontera) por una investigación de trata de personas y lavado de activos, la jueza y los fiscales denunciados (a cambio de una coima de 200 mil dólares y 50 mil dólares, respectivamente) se encargaron de redireccionar la investigación sobre Ricardo Aguirre para salvar al dueño, y socio de la jueza, Gerónimo Acebal. Éste último es uno de los propietarios de la concesionaria Alta Gama, de sorprendente crecimiento patrimonial desde el desmantelamiento y el decomiso de los autos y oficinas del detenido Aguirre.

Si bien los ciudadanos de Paso de los Libres no hablan por miedo a represalias se vieron muy sorprendidos al ver al jefe del Escuadrón Nº 7 de Gendarmería, Héctor David Aguilera, manejando el automóvil Mercedes Benz A200 con dominio/patente OIR 971 de propiedad Aguirre y que, el gendarme estaciona diariamente frente a su domicilio con total impunidad.

Asimismo, la denuncia –según muestran los documentos incluidos en la causa- deja en claro que los fiscales cuestionados fueron reprobados en los concursos judiciales, tal como lo notifica la Procuración General de la Nación, y puestos a dedo por la jueza Pozze Penso para poder armar su grupo de acción por el cual ella y sus fiscales Martínez y Benítez fueron denunciados en la presente investigación.

Por esta causa, en particular, y por otras tantas causas armadas, en general,  por este tridente sospechado de corrupción judicial y violencia institucional un grupo de letrados liderados por los doctores Tomás Chalup y Oscar Tovani, están promoviendo junto a legisladores de Corrientes y con el apoyo del secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, un “Juicio Político” para la jueza Cristina Pozze Penso y la inhabilitación de los fiscales comprometidos.