La declaración de incompetencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal de Corrientes el pasado 5 de septiembre. El fallo dice que “se declara la incompetencia del Tribunal Oral Federal para entender en la causa, en razón de la materia, disponiendo su remisión al Tribunal Oral en los Criminal de Corrientes”.

En la causa fueron acusadas Roxana Edith Cabral y Gladys Dionisia Baez, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.

La escribana Cabral fue acusada de haber supuestamente certificado las firmas de las partes en un contrato de seña, indicando como fecha cierta del acto el 31 de noviembre de 2.006, fecha inexistente en el calendario.

En tanto, Báez está imputada por el hecho de haber supuestamente insertado datos falsos dos escrituras realizadas el 8 de marzo de 2007. La acusada había intervenido como notaría autorizante de la compra venta del inmueble ubicado en la calle 9 de julio N° 2.296 de la ciudad de Corrientes Capital.

Este trámite permitió que Marcelo Laslo y Helena Haddad, empleados públicos del Estado nacional, en la misma fecha puedan adquirir dicho inmueble, y confirieron poder especial de administración y disposición del mismo a Horacio Ricardo Colombi.

En ambas escrituras figura como lugar de realización del acto de cesión la ciudad de Santo Tomé Corrientes, cuando en realidad fueron autorizados en la ciudad capital de Corrientes.

El inmueble había sido vendido a un precio irrisorio de 600 mil pesos y a una persona que no era el verdadero comprador, “todo lo cual denotaba que la Escribana, valiéndose de la autenticidad de instrumentos públicos, insertó declaraciones falsas”.

La causa se originó por una denuncia radicada en 2008 en el Juzgado de Paso de los Libres, por el empresario de medios Hernán González Moreno, quien luego apareció muerto en un campo.

Como consecuencia de esta causa, a principios de este año, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, apeló y solicitó la nulidad de una resolución de la jueza Federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien declaró su incompetencia material y territorial en favor del juzgado de Instrucción de la ciudad de Mercedes (Justicia Provincial), donde tiene domicilio el exgobernador.

La medida dictada por la magistrada el 14 de febrero pasado y apelada en las últimas horas por Schaefer, implica pasar a la Justicia ordinaria de Corrientes la investigación por presunta evasión tributaria y enriquecimiento ilícito en los que habría incurrido Ricardo Colombi cuando era diputado nacional, en 2006.

Ricardo Colombi no fue citado por la causa de "La Casita", pero las escribanas que le tramitaron las escrituras fueron procesadas.