Judiciales y Policiales
Corrupción en la Justicia

Sospechan de la existencia de un mecanismo instaurado para cobrar coimas

Desde hace más de 20 años existen sospechas de connivencias entre delincuentes y el juez Carlos Soto Dávila. (Dibujo: NOVA)

El fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, aseguró que la investigación de supuestas coimas en el Juzgado Federal a cargo de Carlos Soto Dávila sigue las pistas de “un mecanismo que no es nuevo, que estaba aceitado y por el cual la Cámara Federal ya lo había apartado en al menos ocho casos por hechos de gravedad institucional”.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “el juez no debería preocuparse por lo que digan los arrepentidos, dado que los dichos de quienes se acogen a esa figura en la investigación por supuestas coimas deben ser contrastados y lo que vienen a hacer es a corroborar un cúmulo de evidencias surgidas anteriormente”.

Además, indicó que “el juez Soto Dávila fue apartado en ocho casos de narcotráfico por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes por hechos de gravedad institucional”, lo que en otros términos significa la sospecha de manejos dudosos de causas de narcotráfico.

Pero la acusación de los fiscales Carlos Stornelli, Diego Iglesias, Carlos Schaefer y Flavio Ferrini no se basan sólo en los hechos de supuestos cobros de coimas dados a conocer por los involucrados en causas narco.

Además de estos hechos existen elementos aportados por la Unidad de Investigaciones Financieras y la Administración Federal de Ingresos Públicos en relación de “30 a incidentes de devolución de automóviles a un narcotraficante que fue condenado por lavado de dinero y que el expediente estaba en su juzgado”.

En ese caso, Soto Dávila fue investigado por falsedad ideológica al comprobarse que junto a su secretario Pablo Molina, también detenido por supuestas coimas, entregaban automóviles a supuestos propietarios legítimos de vehículos que estaban a la venta en una concesionaria de Roberto Rodríguez, un narcotraficante condenado a diez años de prisión por contrabando de marihuana.

Por su parte, Soto Dávila aseguró que probará su inocencia en la causa en la que se lo acusa de haber recibido coimas para garantizar la impunidad de narcotraficantes de la ciudad de Itatí y dijo que la acusación en su contra es “una falsa denuncia”.

El magistrado imputado presentó un escrito de 50 páginas ante el juez Sergio Torres  en el que expresó que “jamás en mi larga trayectoria como juez exigí ni hice exigir un solo peso ni prebenda alguna de ningún imputado sometido a mi juzgamiento, y lo único que percibí siempre por mi tarea fue mi sueldo, y así lo demuestra la vida que llevo”.

Soto Dávila está acusado de ser el jefe, organizador o cabeza de una asociación ilícita tendiente a proteger delincuentes a cambio de dinero, en supuesta connivencia con sus secretarios -dos de ellos detenidos- y demás miembros de fuerzas del estado. En su descargo por escrito, lo primero que hizo el juez federal de Corrientes fue intentar desmentir las acusaciones en su contra a través de la solicitud de ser sometido a una “verificación patrimonial”.

En su presentación aseguró: “Mi casa donde vivo la compré antes de ser Juez, mi auto es un Volkswagen Vento del año 2015 y mi mujer (ya jubilada de sus labores en el Banco de la provincia de Corrientes) tiene un Suzuki Swift del año 2008. También un terreno en Paso de la Patria que recibí antes de entrar a la justicia y durante el ejercicio de mi profesión”.

Advirtió que “mi único lujo que escapa a estos bienes que estoy enumerando, son dos bicicletas ya que es mi pasatiempo y mi deporte mediante el cual me manejo por la ciudad donde vivo y donde todos me conocen”.

Mientras tanto, Jorge Eduardo Alcántara, el abogado que representa a Soto Dávila sostuvo que le pidió al juez Torres la producción de una serie de medidas probatorias. “Queremos que traten de acreditar lo que dicen los arrepentidos”, expresó y aseguró que “no hay una sola llamada donde esté involucrada la voz del juez”.

Remarcó también que “se mezclaron situaciones que se habían dado en distintos expedientes por eso fue la decisión de que no declare. Se decidió organizar la estructura y adjuntar las constancias de cada una de esas causas, y presentarlas como elemento de prueba para que puedan ser analizadas en su integridad por el juez Sergio Torres”.

El juez Soto Dávila continúa en funciones. Seguirá con su actividad debido a que el Consejo de la Magistratura aún no resolvió su situación. El magistrado deberá presentarse el 18 de diciembre ante la Comisión de Acusaciones.

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