Las verificaciones del servicio las debe realizar el Ente Regulador del Agua. El organismo debe evaluar las instalaciones de las concesionarias, la composición del líquido que llega a las viviendas y el monto que se cobra a cada usuario.

Este órgano de contralor está intervenido por el Poder Ejecutivo desde donde se designó como responsable al arquitecto Arturo Vázquez, quien tomó el cargo a finales de 2011.

Desde entonces, la empresa Aguas de Corrientes S.A. incrementó el precio del servicio en seis oportunidades sin que la medida cuente con justificativos y la aprobación de los técnicos que deben realizar la evaluación de estos aumentos.

La falta de control estaría dada por la connivencia del interventor que evita que los dictaámenes técnicos que son negativos para la empresa dificulten la puesta en vigencia de las subas.

Estos controles son esporádicos en la Capital y casi nulos en el interior. Tal es así que los técnicos de la institución estuvieron imposibilitados de realizar las tres inspecciones anuales que exige la ley de creación del Ente.

Según una nota presentada por los técnicos de la institución a Vázquez, interventor de la administración de Obras Sanitarias, existe una “situación crítica” en casi todas las áreas del organismo debido a que se carecen de herramientas para desarrollar el trabajo de contralor.

Reclamaron por esto mismo una “solución urgente”. Una de estas carencias es la falta de vehículos dado que “se llegó al extremo que los técnicos deben disponer de sus vehículos particulares para cumplir con el control que se debe desarrollar según lo establece la ley”.

Aseguran que “existe la urgencia de revertir la situación actual de falta de rodados aptos para uso intensivo a fin de desarrollar la actividad para la cual fue creada la institución”.

Debido a esta situación, hubo imposibilidad de cumplir con los controles obligatorios fijados por ley.

Cobros atrasados

Con esta misma actitud también se frenan los cobros de multas por la mala prestación de servicios, “que son miles”, aseguran los administrativos del Ente.

Esta situación causa un doble daño al Estado. Por un lado, el incumplimiento del rol de control para garantizar la distribución de agua con buena calidad genera la posibilidad de la expansión de enfermedades o daño a la salud por el exceso de químicos. Por otro, el grave daño al Estado por la falta de ingresos económicos provenientes de las multas millonarias que la Sociedad Anónima que monopoliza un servicio vital debería abonar por la falta de cumplimiento al contrato de concesión.