En el último plenario, el primero que se realizó con la nueva conformación, ya se había dispuesto la citación del magistrado correntino, para que sea efectiva debe surgir de una votación en la Comisión de Disciplina, para lo que se necesita la mayoría simple de votos, algo que esta semana se logró.

El magistrado, con competencia electoral en Corrientes, está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en su provincia, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. El juez correntino suma 14 expedientes con denuncias en su contra que serán tomadas en cuenta para esta citación.

Soto Dávila en la función que ocupa desde 7 de noviembre de 1996 en la Magistratura federal, fue cuestionado por las supuestas actividades irregulares en su cargo de titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes.

Está sospechado de cobrar coimas para liberar a narcotraficantes, acciones por las que fueron detenidos dos de sus secretarios. Se trata de Pablo Molina y Federico Grau, ambos acusados de negociar con abogados la liberación de narcos a cambio de una coima.

Las sospechas de irregularidades habían surgido por una serie de episodios que generaron una relación controversial entre el Ministerio Público y el Juzgado Federal, publicó diario Norte de Corrientes.

Estos hechos tienen que ver con causas judiciales por narcotráfico en los que, a partir de investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Corrientes y la Fiscalía General Federal, se detectaron conexidad entre los expedientes, por lo que se había pedido la unificación de todos ellos.

La respuesta del magistrado había sido negativa. Por otra parte, los funcionarios del Ministerio Público habían advertido que el magistrado había decretado la liberación de acusados por tráfico de drogas, pese a que estaban exentos del beneficio de la excarcelación. Ante esto denunciaron “gravedad institucional” y solicitaron a la Cámara de Apelaciones de Corrientes que se lo separe de al menos 21 procesos judiciales.

Para entonces la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) consideró necesaria la unificación de todas las causas en las que se investiga el transporte de marihuana desde Itatí hacia varias provincias argentinas.

Es por ello que la oficina a cargo de Diego Iglesias hizo un pedido al juez porteño Sergio Torres para que éste le solicite al magistrado Carlos Soto Dávila el envío de esas causas por narcotráfico, en las que están involucrados los mismos sospechosos de integrar una asociación ilícita conformada por tres grupos narcos de Itatí que se repartían el tráfico de unas 15 toneladas semanales de marihuana paraguaya.