Las resoluciones del cuerpo judicial son el contexto de la causa 3.084/2016 en la que están involucrados 13 funcionarios nacionales acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando, en concurso real con el delito de asociación ilícita. El Tribunal emitió resoluciones en respuesta a los planteos de los abogados defensores de Alfredo Moreno, Miguel Horacio Banda, Carolina Vesga Gómez y Lucía Pompeya Fernández, quienes habían solicitado aguardar en libertad el inicio del debate oral y público de la causa, mientras continúan las investigaciones de causas paralelas originadas en los hechos que se les imputa.

En todos los casos, el Tribunal Oral Federal decidió “no hacer lugar a los pedidos de excarcelación solicitada por los defensores” al hacer lugar a la oposición del Ministerio Público Fiscal que había advertido la posibilidad de fuga de alguno de estos imputados.

Los representantes legales de Alfredo Moreno habían solicitado la excarcelación ya que el imputado está privado de la libertad en la Unidad Penitenciaria Federal No 10 de Formosa y ofreció el pago de una fianza fundando que “no existe posibilidad de entorpecimiento de investigaciones o posibilidad de eludir a la Justicia”. Igual argumento fue esgrimido en la solicitud de Miguel Horacio Banda, quien está alojado en la Unidad Penitenciaria Federal No 7 de Resistencia.

Mientras que el pedido de la defensa de Carolina Vesga Gómez es que se le otorgue la excarcelación bajo caución juratoria. La mujer cumple con el régimen de detención domiciliaria y justifican el pedido de libertad en que “la investigación se haya agotada y por ende no puede ser entorpecida”. Sostienen que “no existe peligro de fuga ya que la señora Vesga Gómez tiene su núcleo familiar comprobado y es madre soltera de una menor de edad”. En tanto, los defensores de Pompeya Fernández habían fundado el pedido en que la imputada “resulta sostén importante de su núcleo familiar, y su familia tiene arraigo comprobado en la Ciudad de Paso de los Libres”.

Agregaron que “el monto de la pena en expectativa no es óbice para otorgar la excarcelación” y remarcaron que “no existe peligro de fuga en virtud de que su defendida nunca se negó a colaborar con la investigación”. Respecto a esto el representante del Ministerio Público Fiscal, Carlos Adolfo Schaffer, ante la petición de los defensores expresó su oposición a otorgar la libertad de los imputados.

El fiscal fundamentó su punto de vista en que corresponde que los imputados continúen privados de la libertad por “la existencia del riesgo procesal”. Valoró para ello la gravedad del delito que se investiga -incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando, todo en concurso real con el delito de asociación ilícita- y remarcó “la complejidad de la causa con más de cien cuerpos de expedientes”.

En lo referido a los pedidos de Miguel Banda y Alfredo Moreno, se señaló que “no se han acompañado elementos tendientes a acreditar la existencia del arraigo”. Esto sería un impedimento para otorgar la libertad a ambos, ya que “en función a los delitos que se imputan hace presumir a la Fiscalía que el encargado intentará eludir el accionar de la Justicia”. En las resoluciones emitida por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas tomaron las recomendaciones de la Fiscalía y negaron las excarcelaciones.

Justificaron las resoluciones en que “las especiales características de la causa, la seriedad y trascendencia de los delitos imputados, definidos por una multiplicidad de maniobras comisivas, y el gran número de sujetos que presuntamente habrían actuado en forma organizada, hacen presumir fundadamente que, de concederse la excarcelación solicitada eventualmente, el encartado podría eludir la acción de la Justicia”. En este sentido, los magistrados coincidieron en “no hacer lugar” a los pedidos de excarcelación.