Aprobaron el Presupuesto con autorización a tomar deudas por 7.500 millones de pesos
El oficialismo logró el objetivo de tener la autorización para endeudarse durante todo el 2019, lo que pone al desnudo la situación crítica de la economía correntina. La aprobación para el empréstito fue dada en el Senado Provincial el jueves 20 de diciembre en una sesión tensa, en la que opositores y oficialistas cruzaron duros mensajes.
Lo cierto es que la normativa que regula los gastos estatales recibió diez votos a favor, cuatro en contra y una ausencia. El PJ había acompañado en general, pero rechazó el empréstito de manera individual. El mandato partidario era ese, a pesar de que los intendentes peronistas habían advertido que se debía condicionar la toma de préstamos exclusivamente para la ejecución de obras y canalizar recursos al interior.
Finalmente, en el Senado pesaron más los votos de Nora Nazar (Panu) y Mario Bofill (PJ), quienes otorgaron así la mayoría calificada para que el Gobierno tome deudas. La ley de presupuesto 2019 contempla gastos por más de 68,4 mil millones de pesos para el ejercicio y están previstos fondos por 21.201 millones de pesos, es decir un 44,85 por ciento más respecto de 2018.
Lo que se cuestionaba desde el Partido Justicialista es la posibilidad de tomar crédito por 7.448 millones de pesos, debido a que, sostenían, se carecían de información respecto del destino de ese monto. La ley presupuestaria de 2019 establece un gasto para el Poder Judicial de 3.591 millones de pesos -menos de 1.069 millones de lo solicitado-; para el Poder Legislativo, 1.302 millones de pesos; y para el sector de Educación una inversión de 18.735 millones de pesos.
En tanto, el sector de Sanidad, 6.325 millones de pesos; el Ministerio de Seguridad, 5.488 millones de pesos; y el Ministerio de Desarrollo Social 1.288 millones de pesos. Para el Ministerio de Producción, Industria, Trabajo y Comercio; Turismo, Instituto Provincial del Tabaco y el Instituto de Desarrollo Rural, 1.444 millones de pesos.
Subas judicializadas
En la Capital correntina se aprobó durante la semana el aumento del boleto de colectivos. Desde el 1 de enero los usuarios que ahora pagan 11 pesos abonarán 19 pesos. La suba superior al 70 por ciento se aplicará en una de las ciudades con más pobres, según el Indec, y una de las más postergadas del país, según los estudios que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El incremento fue aprobado con el voto de los concejales Alfredo Vallejos, Florencia Ojeda, Claudia Campias, Fabián Nieves, Mercedes Mestres, Nelson Lovera, José Romero Feris, Juan Braillard Poccard y Julián Miranda Gallino, de Eco+Cambiemos.
En la sesión los peronistas Ataliva Laprovitta, Germán Braillard Poccard, Justo Estoup, Soledad Pérez y Omar Molina se abstuvieron, mientras que Miriam Sosa, José Salinas, Magdalena Duartes, también del PJ, votaron contra el aumento al igual que Magno Toto Ibánez, este último del Partido Nuevo.
Luego de la aprobación del aumento, la Multisectorial 21F anunció que presentará un reclamo por escrito al intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, debido al desmesurado incremento. El documento cuenta con el aval de gremios y movimientos sociales.
En relación a esto, el representante de la Fundación La Alameda y uno de los coordinadores, José María Serbín, expreso: "Vamos a convocar a la multisectorial a firmar un reclamo contra el brutal ajuste que sufren los capitalinos”.
Asimismo, sostuvo que “se trabajó junto al doctor Marcelo Hong para analizar el impacto que tiene este incremento que supera el 70 por ciento de aumento y es inaudito, porque para un trabajador que se moviliza hasta cuatro veces por día en colectivo, el boleto a 19 pesos representará 1.672 pesos por mes lo que es el 15 por ciento de salario mínimo de un empleado municipal o el 14 por ciento del salario promedio de un trabajador de comercio. Ni hablar de los salarios bajos y los servicios con valores dolarizados".
En el escrito se pedirá al intendente que vete la norma que fue aprobada en el Concejo Deliberante de Corrientes. Agotada esta instancia administrativa, se procederá a llevar a la Justicia el reclamo.
