Sin embargo, a nivel provincial las artimañas son llevadas adelante por los funcionarios del Gobierno provincial, quienes bloquean la llegada de ayuda a los municipios que están afectados por la crecida de los cursos de agua y por la lluvia. Hablamos de tierras gobernadas por partidos opositores.

A la par de ésto, difunden por medio de comunicación oficialista imágenes de distribución de alimentos y despliegue de asistencia en pueblos controlados por el oficialismo, al tiempo que intendentes justicialistas, sobre los padecimientos de los vecinos de las zonas rurales.

Entre Santa Lucía, San Roque, San Isidro, Paso de los Libres y Mercedes –administrada por el movimiento Cambio Solidario- suman más del 60 por ciento de los evacuados.

En este contexto, los diputados del PJ piden articulación de asistencia con los Municipios y proponen declarar Emergencia Hídrica, Social y Productiva. Lo hicieron a través de un documento en el que reclamaron “una Mayor y Mejor articulación de la asistencia Nacional, Provincial y Municipal, respetar a las autoridades locales” y una “distribución equitativa de la asistencia en cada una de las localidades”.

Además, repudiaron la “utilización política-electoral de la catástrofe y el armado de estructuras paralelas de asistencia en algunas comunas” y exigieron tanto al Ejecutivo provincial como a la Cámara de Diputados y Senadores declarar “la Emergencia Hídrica, Social y Productiva de la Provincia de Corrientes”.

El escrito exhibe que “ante la Emergencia Hídrica, Social y Productiva que está sufriendo gran parte de la Provincia de Corrientes, el bloque de Diputados provinciales del Partido Justicialista solicita una Mayor y Mejor articulación de la asistencia Nacional, Provincial y Municipal. Para ello es necesario respetar a las autoridades locales, que son quienes mejor conocen sus territorios y cuentan con la estructura necesaria para disponer de la mejor manera la asistencia en cada una de sus localidades”.

“Respaldamos todos los pedidos institucionales realizados por los Intendentes al Gobierno de la provincial y nacional, solicitando mayor asistencia de maquinarias, vehículos, ropas, alimentos e insumos para asistir a sus comunidades y paliar las consecuencias de las graves inundaciones”, dice la nota.

Entre otros puntos, el documento indica: “Repudiamos enérgicamente la utilización política-electoral de la catástrofe y el armado de estructuras paralelas de asistencia en algunas comunas. Exigimos que la asistencia estatal sea coordinada con los municipios. Es momento de trabajar juntos y sin mezquindades.

Además, manifestaron que tienen “preocupación por la escasa presencia del Estado Nacional en las zonas de emergencia, más allá del invalorable aporte de las fuerzas de seguridad y del Ejército en materia de Logística”.

Motivo por el cual: “Proponemos al Ejecutivo Provincial, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores; a los representantes de Corrientes ante el Congreso de la Nación que nos convoquemos de manera urgente para trabajar en la declaración de la Emergencia Hídrica, Social y Productiva de la Provincia de Corrientes”, señalaron.

En este contexto afirmaron: “Esperamos respuestas institucionales serias, maduras y razonables a nuestros planteos y ratificamos todo nuestro acompañamiento institucional, territorial y acercamos nuestro abrazo solidario a los miles de comprovincianos que están padeciendo las consecuencias de esta catástrofe climática”.

Un dato no menor es que, el escrito se hizo público después que el intendente de Santa Lucía, José Sanánez, dio a conocer que en su municipio Los barrios Acevay, Camino Alternativo, Ladrillero, Bajo Sur y algunos lugares del centro de la ciudad ya fueron evacuados por el ingreso del río en las viviendas y debieron ser reubicados en muchos casos en otros centros de evacuación.

El jefe comunal dijo que “con mucho dolor digo que no necesitamos ni colchones ni zapatillas, sino que pedimos alimentos”. Instancia donde también denunció que“del Gobierno de la provincia llegaron los módulos alimentarios, pero estamos asistiendo a las personas instaladas en los centros de evacuados y al resto de las familias”.

En tanto, Vilma Ojeda, la intendenta de San Isidro denunció que la Gobernación, en manos de Gustavo Valdés (ECO-Cambiemos), retuvo camiones con ayuda proveniente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, enviados desde Buenos Aires y que tenían como destino paliar las necesidades de la población de su localidad.

Recordó que parte de la comuna se encuentra aislada por la crecida de los ríos que la rodean, pero en lugar de recibir ayuda se ve perjudicada por esta práctica aberrante del radicalismo correntino.

En tanto, el jefe comunal de Paso de los Libres, Martín Ascúa, informó en medios locales que carece de conocimiento de la llegada de camiones con mercaderías a su ciudad, pese a que desde el Gobierno provincial anunciaron por medios de comunicación que se enviarían alimentos.

Esto fue confirmado por un concejal radical de esa ciudad, Wilfredo Collinet, quien sostuvo que “lo que llegó son los módulos de asistencia para las familias que ya están ‘inventariadas’, es una asistencia mensual que viene de forma cotidiana para atender a la gente que ya está dentro de los padrones que maneja la delegación y no es una partida específica para la inundación”.

Pese a las denuncias y acusaciones entre unos y otros, la provincia sigue con alerta. Es por eso que localidades como Paso de los Libres ya inició el proceso de evacuación, dado que la crecida del río Uruguay es evidente y las consecuencias que genera también.

Por último, ya son más de cinco mil las personas evacuadas a lo largo y ancho de toda la provincia.