En San Isidro, en una cancha de fútbol en un paraje ubicado a 25 kilómetros del pueblo, llegó un helicóptero con funcionarios nacionales. En los caminos de tierra, anegados por la crecida de los bañados, circularon camiones del Ejército que llevaron bolsitas con alimentos. Raudamente los uniformados montaron gazebos y carteles para un operativo que duró no más de una hora en la que repartieron –además de raciones de alimentos- repelentes.

Finalizada la sesión de fotografías y videos, el aparato aéreo remontó vuelo, las camionetas y transportes de carga rodaron sobre la huella del barro y desaparecieron. Desde entonces los vecinos sólo pudieron contar con la asistencia de la Municipalidad que, con recursos propios, intenta dar soluciones a los problemas urgentes.

Pasaron varias semanas, pero la situación en el Sur provincial continúa grave. En algunos lugares el agua bajó y quedaron los estragos en las viviendas. En otros, como en las localidades de Santa Lucía y San Roque, el caudal de los cursos de agua sigue altos. Los techos de las casas sobresalen en la horizontalidad del espejo del río Santa Lucía que refleja los nubarrones que acechan.

En estas ciudades lograron organizar centros de evacuados que sostienen con alimentos que son donados y comprados con fondos municipales. Los recursos de la Provincia fueron canalizados por los hospitales, donde los directores hacen las veces de “punteros” de Cambiemos y ordenan a enfermeros, médicos y personal de servicio organizar la distribución de cajas que llevan inscripta la leyenda “Arriba Corrientes”, el sello del Gobierno.

La misma operatoria ocurre en todos los municipios que son gobernados por intendentes peronistas, opositores al gobierno. Para el Ejecutivo provincial la situación crítica ya pasó. Como una moda, como un tema que ya “no vende” en los medios, la cuestión de las inundaciones quedó en un segundo plano.

Así, las recorridas de los funcionarios nacionales volvieron a los temas rutinarios: los negociados. Esta vez relacionados con obras que serían realizadas en la represa Yacyretá que, hace dos décadas, fue bautizada como “el monumento a la corrupción”.

Fue el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación Rogelio Frigerio quien estuvo en Ituzaingó, donde se encuentra emplazada la represa hidroeléctrica. Allí anunció que se licitará una obra para la instalación de turbinas por 600 millones de dólares, y que ya habían empresarios chinos, argentinos, paraguayos y alemanes para tomar la obra.

Lo que se desconoce es qué firmas son las interesadas. Esto genera suspicacias ya que es sabido que el presidente Mauricio Macri y sus familiares como también Nicolás Martín Caputo, el amigo más cercano al mandatario, son dueños de las firmas de construcción más importantes del país.

El funcionario además había anunciado que se habilitaría una ruta que se ubica sobre la represa y que une la localidad paraguaya de Ayolas con la ciudad de Ituzaingó. Esta ciudad correntina es el lugar de donde es originario el gobernador Gustavo Valdés. Allí están radicados sus familiares y su tío, Octavio Valdés, tiene el control del poder político y económico.

Es este familiar del mandatario quien está sospechado de estar vinculado a organizaciones de narcotráfico y de trabar la instalación de una escuela de la Gendarmería en esa ciudad, al usurpar un predio público –destinada a la institución- donde instaló una maderera. Esa fábrica es, según las hipótesis de los investigadores de las fuerzas de seguridad, uno de los lugares donde los camiones que se dirigen a Buenos Aires son cargados con marihuana.

Este dato lo manejan los funcionarios de la Justicia Federal correntina, en especial los del Juzgado Federal 1, que es dirigido por Carlos Vicente Soto Dávila, el juez sospechado de cobrar coimas a los narcos para liberarlos. Es este juez el que tiene cajoneado el expediente 2442/2016, que fue iniciado luego que fueran detenidos cuatro hombres y una mujer, que viajaban en un automóvil Volkswagen Passat en el que llevaban 101,330 kilogramos de marihuana que habría sido cargada en Ituzaingó.

Fuentes policiales hicieron saber que el hallazgo de la droga no fue sorpresa porque “el lugar de paso de estupefacientes de Paraguay es por Ituzaingo” y señalaron como lugar de acopio una arenera de esa localidad, también de propiedad de los Valdés.

El lugar es conocido como la arenera de la empresa Punta Ñaró que se dedica a la extracción de arena del río Paraná y, según el relato de los vecinos, “cuenta con la logística necesaria para transportar grandes cargamentos desde la frontera con la ciudad paraguaya de Ayolas hacia el resto del país”.

Todo esto sin que los camiones sean debidamente controlados gracias a que Valdés mantiene una fuerte ascendencia sobre las fuerzas policiales desde que fue ministro de Seguridad de la provincia entre 2009 y 2013.

La arenera figura a nombre de Octavio Valdés, ex comisario de Policía y ex intendente de Ituzaingó, pero como accionista figura también Gustavo, quien admitió ser socio de la firma en su declaración jurada como diputado nacional.

Es vox pópuli que la firma habría incrementado notoriamente su patrimonio desde que el actual candidato a gobernador estuvo al frente de la cartera de Seguridad de Corrientes, período que coincide con el exponencial crecimiento del tráfico de estupefacientes en la zona.

Una de las vecinas que se animó a dar pistas sobre el modus operandi de la arenera es Irma Esquivel, quien denunció que el clan Valdés se apropió de 500 hectáreas de un perímetro estratégico: se trata de un tupido monte nativo con acceso al Río Paraná, dotado de caminos vecinales por los cuales se puede transportar carga con el sigilo que proporciona la vegetación.

Otro dato que dio Esquivel a los medios locales fue que el campo en cuestión permite la salida de camiones desde la zona rural de Ituzaingó hacia los Esteros del Iberá, por carreteras desoladas que atraviesan la provincia hasta el límite con Entre Ríos.