Judiciales y Policiales
Sospechado de cobrar coimas

Juez porteño investiga a Soto Dávila por vender bienes secuestrados a narcos

Carlos Vicente Soto Dávila debe presentarse el 26 de febrero en el Consejo Nacional de la Magistratura para defenderse de los cargos de asociación ilícita y cobro de coimas a narcos (Dibujo: NOVA).

El juez federal porteño Sergio Torres, quien investiga el tráfico de grandes cantidades de marihuana desde Corrientes y las conexiones políticas y judiciales de tres bandas narcos que operaban desde Itatí, analiza incorporar al expediente otra causa que involucra al juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de cobrar coimas a delincuentes para liberarlos.

El magistrado del Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires tomó interés de la acusación a su par respecto de irregularidades en la entrega a terceros de automóviles secuestrados a narcotraficantes.

En estas maniobras, además de Soto Dávila, están involucrados su ex secretario penal, Pablo Molina y el abogado Duilio “Lilo” Barboza Galeano.

Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita destinada al cobro de coimas para favorecer a personas privadas de la libertad por delitos de narcotráfico. Pero además, a partir de una denuncia del Ministerio Público Fiscal, Torres quiere confirmar que también realizaban negocios con bienes secuestrados en el contexto de causas penales.

En estas acciones también se lo involucra a un escribiente, Zacarías “Chuky” Issolio, quien actuaba bajo las órdenes de Molina.

Los fiscales Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Ferrini informaron a Torres que según los datos obtenidos del análisis de causas tramitadas en el Juzgado Federal 1 –el único con competencia electoral en la provincia- “se le atribuye a Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Zacarías Issolio, la conformación de una estructura criminal organizada y coordinada por estos dos últimos en forma conjunta y alternada con al menos los abogados Duylio Barboza Galeano, Noelia Agnello, Gastón Chapo, Roni Tunik, y los ciudadanos Renzon Meucci y Víctor Fernánez sostenida en el tiempo y con habitualidad a través de la cual se habrían sustraído diversos bienes secuestrados en el marco de causas tramitadas en el Juzgado Federal 1 de Corrientes”.

Los fiscales aseguran que “estas personas luego, convirtieron, transfirieron, administraron, gravaron y pusieron en circulación estos bienes, procurando darle apariencia de ilicitud”.

Ahora el juez Sergio Torre deberá evaluar las pruebas para comprobar la conexión de estas acusaciones con las demás obrantes de las causas tramitadas por él, relacionadas con los hechos derivados de la investigación que derivó en el Operativo Sapucay.

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