Judiciales y Policiales
También pedían becas y apertura de escuelas

El Gobierno provincial reprimió a docentes que reclamaban el pago de sus sueldos

Docentes e integrantes de las organizaciones sociales fueron apaleados por policías cuando intentaban pacíficamente entregar una nota en el Ministerio de Educación.

Efectivos de la Policía de Corrientes reprimieron este miércoles 13 de febrero a docentes e integrantes de organizaciones civiles que se manifestaron frente al Ministerio de Educación de la Provincia en reclamo de mejoras salariales e inversión en políticas educativas.

La acción policial contra los docentes fue efectuada cuando los representantes gremiales intentaban entregar una nota en la dependencia gubernamental. 

Los agentes cerraron intempestivamente la puerta de acceso del edificio y cuando los gremialistas se acercaron para hacer entrega formal del escrito, los agentes que custodian el lugar arremetieron con violencia tanto contra los representantes sindicales como contra quienes aguardaban en la calle. 

Fue entonces cuando se produjo una refriega en la que hubo heridos a raíz de los golpes propinados por los efectivos policiales. 

Respecto a estos hechos, el Gobierno salió a instalar la versión de un posible intento de toma del local. Lo hizo a través de una conferencia de prensa a la que sólo accedieron los medios que reciben pauta oficial del Gobierno. Allí la ministra de Educación, Susana Benítez –amante de Ricardo Colombi- sostuvo que “este Ministerio fue víctima de violencia por parte de organizaciones sociales que llegaron en virtud de ciertos reclamos”. 

La funcionaria buscó politizar la situación al decir que -el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación-  “se responsabiliza a Fernando Ramírez, que ingresó al Ministerio de forma violenta, de forma pertinente y realizaremos las denuncias penales correspondientes y a la rectora de una escuela muy identificada con el PJ”. 

La versión de la ministra dista mucho de lo que las imágenes de video registraron en el instante que los maestros llegaron al organismo gubernamental, donde fueron apaleados por miembros de la Policía de Corrientes.

La represión se llevó a cabo cuando los representantes intentaban entregar un escrito en el que reclaman que se entreguen becas estudiantiles y canastas escolares para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, y que se pongan en marcha los programas de inclusión socioeducativa (FINES Secundaria) y programas de base tecnológicos para niños, niñas y jóvenes.  

Rechazaron asimismo el cobro de inscripciones y aranceles en las escuelas públicas, el cierre de escuelas nocturnas, programas de terminalidad educativa para jóvenes y adultos.

Y así también demandaron demandan la construcción de nuevas escuelas y jardines de infantes y la habilitación de escuelas en parajes rurales, como la de Yahaveré. 

Luego, desde el Suteco se emitió un comunicado en el que “se aclara que -contrario a las falsas acusación de los funcionarios del Gobierno provincial- no hubo intenciones ni intento alguno de toma de ningún edificio público. Los forcejeos se produjeron cuando agentes de la Policía Provincial, instruidos por autoridades superiores, sin motivo alguno agredieron físicamente y amenazaron con sus armas reglamentarias a compañeras mujeres de las distintas organizaciones sociales que intentaban entregar sus petitorios”. 

Los docentes advirtieron que “las falaces y malintencionadas acusaciones de la ministra de Educación, del subsecretario de Gestión Educativa, del ministro secretario general de la Gobernación contra el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez en particular; y contra los y las integrantes de la Junta Ejecutiva de Suteco en general, tienen como único objetivo desvirtuar e impedir la discusión seria y razonable sobre el Modelo Educativo de la Provincia y la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad que viene proponiendo Suteco en coincidencia con CTERA, CTA de los Trabajadores y varias organizaciones sociales”. 

Indicaron también que “Suteco no será cómplice de un modelo que hoy tiene a más del 75 por ciento de los alumnos y alumnas por debajo de la línea de pobreza; con miles de niños, niñas y jóvenes que abandonan el sistema educativo empujados por las necesidades básicas insatisfechas, con padres y madres desempleados, familias en situación de vulnerabilidad que abarcan a más del 40 por ciento de la población provincial”.

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