Judiciales y Policiales
Escándalo

Funcionarios federales vendían autos incautados a narcos chaqueños

Pablo Molina y Carlos Soto Dávila, cabezas de una organización criminal. (Foto: NOVA)

El secuestro de un automóvil en un operativo antinarco reveló que un grupo de abogados y funcionarios judiciales de Chaco y de Corrientes vendían de forma ilegal los rodados que habían sido incautados en el contexto de causas por venta de drogas.

Los rodados eran comercializados con documentos truchos y al menos uno de ellos fue entregado a una banda que distribuía cocaína en tres provincias. En estas maniobras de halla involucrado el hijo de una magistrada de Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, un ex secretario judicial del Juzgado Federal 1 de Corrientes, y un ex juez.

El primero es el letrado chaqueño Gastón Chapo, cuya madre María Delfina Denogens es integrante del Tribunal de Alzada de la ciudad de Resistencia, pero además es subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes en causas en las que se inhiben los magistrados correntinos.

El abogado, es amigo personal de Pablo Molina, ex funcionario judicial que está preso por cobrar coimas para liberar a narcos. Ambos son investigados por haber intervenido en triangulaciones por las que los funcionarios del Juzgado Federal N°1 de Corrientes fraguaron documentos para entregar a terceros vehículos de alta gama secuestrados en el marco de causas por narcotráfico.

La operatoria consistiría en que Gastón Chapo aprovechaba sus vínculos familiares para conseguir “clientes” para comercializar automóviles que estaban bajo resguardo de la Justicia. Una vez contactado el comprador lo comunicaba a Zacarías Issolio, un escribiente del Juzgado Federal. Este, a su vez informaba de la situación al secretario penal Pablo Molina quien fijaba el precio del vehículo junto con el juez Carlos Soto Dávila.

En el mismo juzgado se falsificaban los documentos que debía firmar el “comprador” del rodado. Uno de estos papeles es el documento conocido como Cero Ocho que era completado con los datos de un tercero que debía retirar el rodado. La fecha de la firma siempre era anterior a la del día en que fue secuestrado el rodado. Entonces, se tramitaba un pedido de entrega justificado en la compra de “buena fe” del rodado.

Pero quien realizaba el pedido de entrega –o, quien aducía haber comprado el rodado antes del secuestro- no sería quien recibía el automóvil sino un “prestanombre”, alguien extraño a la operación. En una de las operaciones se detectó que un albañil de escaso poder adquisitivo recibió 3.000 pesos para firmar los documentos y recibir los papeles del vehículo.

Una vez finalizada esta operación, Molina llevaba la resolución de entrega al juez Soto Dávila quien autorizaba la desafección del rodado de la causa judicial y ordenaba que se ponga en manos del solicitante la llave del automotor.

El último paso constaba en una venta ficticia del auto por parte del adquiriente –quien retiró el automóvil del juzgado- al dueño final, es decir, al cliente que había contactado con Chapo. Así, se pudo comprobar transacciones millonarias por la venta de rodados, dinero que se dividiría entre los abogados que intervenían, el juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y el escribiente.

La investigación tuvo origen en la tramitación de entrega de un automóvil Mercedes Benz que había sido secuestrado en una concesionaria de autos perteneciente a un narco, Roberto Rodríguez, condenado a 13 años de cárcel.

Este auto fue sacado del juzgado con la intervención de la abogada Noelia Carolina Agnello, el letrado Duylio Horacio Barboza Galeano, y Víctor Manuel Fernández, en complicidad con Pablo Molina y Soto Dávila.

La operatoria dio origen a una causa por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento, y a partir de allí surgieron datos referidos a otras actividades similares. Es así que se detectaron entregas irregulares de al menos tres automóviles, uno de ellos un Peugeot 206 que luego volvió a ser incautado en Chaco en una causa donde se incautaron más de 4 kilogramos de cocaína.

Debido a que estos automóviles tienen orígenes en causas de narcotráfico en los que estarían involucrado el juez Carlos Soto Dávila, investigado por cobrar coimas a narcos, los fiscales Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Ferrini enviaron estos datos al juez porteño Sergio Torres, quien es el que lo investiga.

Ahora Torres pidió la inhibición del magistrado correntino, Juan Carlos Vallejos, quien tiene esos expedientes para poder profundizar en la investigación. Mientras, Soto Dávila continúa en prisión domiciliaria ordenada por el juez en el marco de otra causa, en la que se le endilga el cobro de coimas a narcos.

Por esta causa también están detenidos sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau junto a Barboza Galeano. Issolio está libre y fue trasladado al Juzgado Federal 2 de Resistencia.

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