Judiciales y Policiales
Causa del Operativo Sapucay

Funcionarios continuarán detenidos por otro año

Natividad Terán está acusado de financiar su campaña con dinero narco. Su defensa asegura que el PJ correntino le financió parte de la actividad proselitista, pero los peronistas no rinden cuentas de sus finanzas desde 2005. (Dibujo: NOVA)

El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió prorrogar la prisión preventiva para los imputados de la causa del Operativo Sapucay.

El Cuerpo judicial resolvió que las detenciones continúen “a partir del 13 de marzo del corriente y por el término de un año”. Así estableció que siga la prisión preventiva de Carlos Alberto Bareiro, Alejandro Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera.

Además, Liliana Bobadilla Rios, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Hebelin Aida Aquino, Julio César Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Franco Rodríguez, Eduardo Correa, Carlos Romero.

Y también, Natividad Terán, Fabio Adrián Aquino, Diego Ocampo Alvarenga, Gabriela Quintana, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Gabriel Fernando Alcaraz y Omar Antonio Serial.

Esto es después que el abogado Jorge Adrián Barboza presentó un pedido de cese de prisión para sus defendidos. Lo mismo hizo el abogado Roberto Herrera quien representa al ex intendente de la localidad de Itatí, Natividad Terán.

Los profesionales del derecho fundamentan que la normativa establece que las prisiones preventivas sólo pueden extenderse durante dos años, es decir que los acusados pueden estar presos sin juicio durante ese tiempo.

La misma ley fija condiciones para que el juez establezca una prórroga de hasta un ano a esa condición de privación de libertad, según fundamentan. El abogado Herrera, quien representa a Terán, dijo tras la presentación del pedido de libertad que “la solicitud se fundamenta en lo que establece el Código Procesal y los tratados de Derechos Humanos que tienen rango constitucional en nuestro país”.

En su escrito el letrado recordó que “la ley fija categóricamente el plazo máximo posible de duración del encarcelamiento preventivo”. En este contexto hizo referencia a la Ley 24.390 que establece los plazos para sostener la privación de la libertad de los imputados.

La misma especifica que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años”. Pero el Ministerio Público Fiscal había advertido que estaban en proceso varias investigaciones que tenían relación con la causa principal y advirtió que la liberación de los involucrados podría entorpecer el trabajo realizado.

Juicio estancado

La causa que involucra al ex intendente de la localidad correntina de Itatí, su vice Fabio Aquino, y a otras 24 personas -algunas de ellas miembros de fuerzas de seguridad o funcionarios- fue elevada a juicio oral en marzo de 2018.

Los imputados fueron detenidos por supuestamente integrar una asociación ilícita que desde el año 2014 traficaba hasta toneladas de marihuana por semana desde Paraguay y utilizaba niños para concretar sus operaciones.

La elevación a juicio fue luego que el juez federal porteño Sergio Torres dio por finalizada la instrucción de la causa y solicitó que las 26 personas -entre ellas Terán y Aquino- sean llevados ante un Tribunal Oral para que se determine sus responsabilidades por los delitos de "asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años y por la intervención de funcionarios públicos".

En la investigación, el juzgado estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná.

Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores.

La distribución se realizaba "a los lugares acordados con los diferentes compradores, tratándose de otras células delictivas dedicadas a las mismas actividades que continuarían la secuencia ilícita hasta su comercialización final", dice el escrito.

Para el juez, la organización estaba dividida en tres células y los cabecillas de cada una de ellas eran Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebastián Marín, ambos detenidos, y Luis Alberto Saucedo, alias "El Gordo" quien está prófugo y por el que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos.

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