Judiciales y Policiales
Alquileres sospechosos

Citaron a un concejal y a su pareja por un posible caso de administración infiel

Un referente de Unidad Ciudadana y edil de la Capital correntina, Justo Estoup, es investigado por la Justicia Federal.

Un referente de Unidad Ciudadana y edil de la Capital correntina es investigado por la Justicia Federal por manejos de fondos del Anses destinados al alquiler de inmuebles durante la gestión de su esposa al frente de la delegación de Corrientes.

El sitio de información del Ministerio Público Fiscal dio a conocer que el fiscal Flavio Ferrini, solicitó las indagatorias de un integrante del Concejo Deliberante de esa ciudad, de su pareja -ex titular de la ANSES Corrientes-, su padre y la esposa de éste, en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses.

De acuerdo a la investigación, en abril de 2011 la por entonces jefa de la UDAI Corrientes, Natalia de los Santos -pareja del concejal Justo Alejandro Estoup-, solicitó una nueva locación bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual requirió de 1.152.000 pesos para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de 32.000 pesos. Justificó tal modalidad en la “emergencia edilicia” en que se encontraba el organismo, ante el avance de un juicio por desalojo iniciado por el propietario del edificio donde funcionaba la sede de la capital provincial.

Dos meses después, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la Avenida Armenia 3.850 de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron 585.943 pesos, según se desprende de la escritura. El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor de alquiler mensual de 98.600 pesos (2.366.400 total), es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble.

Finalmente, la comisión evaluadora de la ANSES propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara, “la única propuesta” recibida. El contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de 1.752.000 pesos con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la ANSES y, por la otra parte, sus suegros.

Al pedir la indagatoria de los cuatro imputados, Ferrini encuadró los hechos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además la inhibición general de bienes por 90 días y que se comunique la existencia y estado procesal de la causa a los jefes de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, Emilio Basavilbaso y Laura Alonso, respectivamente.

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