Judiciales y Policiales
Falta de controles viales

Puente caído en Esquina: apelan el procesamiento de policías acusados de homicidio

Trascendió que habría una demanda millonaria contra el Estado por el fallecimiento del turista misionero, quien falleció al caer del puente. (Dibujo: NOVA).

El abogado Jorge Monti, representante de dos de los diez policías imputados por la muerte de un turista que cayó al arroyo Guazú con su vehículo en 2016, sostuvo que apelará el procesamiento de sus defendidos y puso en dudas las actuaciones de la Justicia en el caso.

Monti explicó que durante la mañana de este miércoles presentó un pedido de eximición de prisión respecto de dos de los funcionarios, quienes actualmente están en libertad, aunque con medidas administrativas a raíz de la imputación.

Explicó que sus defendidos están procesados por homicidio culposo pero que también existen otros ocho encausados a quienes se les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario. “Presenté el pedido de eximición de prisión y considero que es viable por la jurisprudencia existente”, afirmó.

Agregó además que cuestionará el contenido del auto de procesamiento al llevar el tema a la Cámara de Apelaciones de Mercedes "por considerar que es incompleto, faltó actividad investigativa y se obvió la responsabilidad de la superioridad policial y sobre todo de Vialidad Nacional”.

“En varios escritos sugerí la necesidad de exigir información fundamental por parte de la Unidad Regional II de la Policía y de parte de Vialidad Nacional referido a los protocolos de contingencia y de la cadena de órdenes que se debió realizar entre los oficiales y los suboficiales, porque esto no fue agregado al expediente”, denunció Monti.

En este contexto, sostuvo que “nos encontramos que la Justicia cortó el hilo por lo más fino, la lógica indica que la responsabilidad es desde la línea jerárquica desde arriba”.

Respecto a la investigación, dijo que “llama la atención que habiendo una sola testimonial válida y que es la de la señora que acompañaba a la víctima, quien ratifica que desde Corrientes hasta el lugar del accidente ninguna autoridad policial le interrumpió el paso ni  recibió advertencias, por lo que no hubo elementos de prevención ni de la Policía ni de Vialidad. No se cortó la ruta con medios idóneos. Esa declaración hubiera sido suficiente para procesar a quien correspondiere, pero no a estos dos cabos”. 

Agregó también que “el jefe de la Unidad Regional no fue llamado a declarar, sólo declaró el jefe del Priar y en las declaraciones hay contradicciones respecto a las responsabilidades respecto de la actividad preventiva. Cuando pedimos que se solicite a la Unidad Regional las órdenes escritas a los subalternos, no se halló nada”.

Esto ocurre después de que la Justicia Provincial ordenara la detención dos efectivos de la Policía de Corrientes, quienes fueron procesados junto a otros ocho por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y homicidio culposo tras la muerte de Rogelio Schweig, de 47 años, turista misionero que cayó al puente Santa Rosa, cerca de Esquina, debido a la falta de controles viales en 2016. 

El Juzgado de Instrucción de la ciudad de Esquina dispuso el procesamiento de estos 10 funcionarios policiales –suboficiales de distinto rango- por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario” por haber supuestamente evitado el control del tránsito en el tramo de la Ruta Nacional 12 entre la ciudad de Goya y cauce el arroyo Guazú, entre las localidades de Esquina y San Isidro.

El puente Santa Rosa se desplomó el 7 de julio de 2016. Desde entonces se había dispuesto el control vehicular para evitar accidentes en la zona. Pero el miércoles 12 a las 5.30 Schweig conducía un vehículo en el que viajaba junto a su esposa, Elena Dzikosvski, y ambos cayeron al precipicio que quedó a la altura del kilómetro 715 de la Ruta Nacional 12. 

Tras el siniestro, la mujer pudo ser rescatada del agua, pero el hombre murió y su cadáver fue encontrado cuatro días después a dos kilómetros del lugar desde donde se precipitaron. 

Luego se realizó una investigación preliminar para determinar la razón por la que los viajeros que circulaban hacia el sur, habían continuado el periplo por el tramo que supuestamente debía estar cerrado y custodiado por las fuerzas de seguridad y de la DNV. 

Semanas después del siniestro, una fuente judicial informó a NOVA que “la Policía provincial no había hecho nada en relación a la investigación”, por lo que se había arbitrado los medios para que intervenga directamente el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción. 

Para la Justicia provincial, está claro que fallaron los controles en la Ruta Nacional y se sospecha que hubo negligencia de los funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la DNV ya que “la ruta no estaba señalizada”, razón por la que el automovilista siguió el camino hasta caer al agua.

En el caso también se investiga la posible responsabilidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad debido a que habrían omitido señalizar el trayecto, para evitar que los vehículos lleguen hasta el viaducto destruido.

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