El primero está encausado por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas; el otro fue relacionado con causas que van desde el tráfico de cocaína con aviones hasta negociados con un ex juez federal que actualmente está detenido por sus vínculos con el narcotráfico.

La desesperación de ambos llevó a que se generen tensiones internas que ponen en jaque a la tan buscada “unidad partidaria”. Esta polarización hace tambalear hasta a los organismos internos del partido. El grupo político se constituye de un Consejo Partidario cuyo presidente es Gerardo Bassi, secundado por Jorge Romero, quienes tienen funciones ejecutivas.

Fue este órgano el que decidió prorrogar mandatos partidarios y aplazó el cronograma de las elecciones internas. En este sentido, dio libertad para que las distintas líneas internas se abran por fuera del peronismo pero pudiendo utilizar simbología del PJ, de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio.

Lo que ocurre es que el año pasado el Congreso Partidario, “órgano representativo de la soberanía local partidaria y la máxima autoridad” -según lo indica la Carta Orgánica partidaria- otorgó la facultad de fijar fechas de interna al Consejo, pero “ad referéndum”, es decir, que toda resolución se debe poner a consideración de los afiliados.

Es por ello que varios sectores del PJ propusieron que el Congreso se reúna el próximo 23 de marzo con el fin de analizar la disposición establecida por la presidencia. La convocatoria, sin embargo, tiene dos inconvenientes. El primero es que la mayoría de los integrantes son del interior provincial, pero son pocos los que cuentan con recursos para llegar a la Capital, por lo que sería difícil que se logre el quórum suficiente para sesionar.

El otro problema es que el titular del Congreso Provincial del PJ es el ingeniero Fabián Ríos, ex intendente capitalino y quien tiene intereses personales. Institucionalmente sería quien debe convocar a la reunión, pero debido a que sería un inconveniente para sus aspiraciones, es difícil que realice este llamado.

La otra opción es que seis representantes del interior provincial –titulares de los Consejos Departamentales- pidan una reunión del Congreso, en cuyo caso estarán legitimados legalmente para pedir que se anulen las disposiciones realizadas, esto es, evitar que la Lista 2 participe de las votaciones legislativas.

Mientras todo esto ocurre, un sector liderado por Andrés Barboza, de la línea interna La Doctrina, realizó una presentación judicial a fin de “solicitar a la jurisdicción local con competencia electoral la intervención al Partido Justicialista distrito Corrientes a los efectos de normalizar su funcionamiento, en virtud de lo normado en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298”.

Argumentó su pedido en que “los consejeros de la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial del partido se reunieron el viernes pasado y resolvieron suspender las internas para cargos partidarios y electivos a celebrarse el 31 de marzo de 2019, que fueran convocadas el 01 de setiembre de 2018 en la reunión de Consejo celebrada en Saladas, pero es atribución del Consejo Provincial convocar a internas partidarias”.

Este trámite aún no fue analizado en el Poder Judicial Federal, pero de darse lugar se anularía por completo la participación del PJ en las elecciones.

Cuatro líneas

En medio de las confusiones, debido a la libertad que se le otorgó a las líneas internas a presentar sus listas por separado y armar alianzas, ya son cuatro los sectores que pretenden presentar candidatos.

Uno de ellos es el de los intendentes. El líder de este grupo es Martín Ascúa, uno de los pocos con poder territorial y autonomía financiera y quien puso tras él a varios referentes del interior provincial.

Junto con Raúl Hadad, Mariano Garay y José Sanánez pretenden conformar una lista –con el aval de militantes de 35 municipios- para presentar candidatos a legisladores provinciales. Uno de los nombres que estaría en la nómina sería el de Celeste Ascúa, actual funcionaria de Paso de los Libres quien podría encabezar la lista de postulantes al Senado provincial.

Otro sector es el que conformaron Agustín Payes –Defensor de los Vecinos- junto a Tamandaré Ramírez Forte (Corriente Peronista Federal) quienes podrían conformar un sector en el que contengan a las organizaciones de base del interior provincial y de la Capital, especialmente a los grupos que integran las organizaciones sociales. Uno de los postulantes de este sector sería Mario Payes, hermano del funcionario municipal.

Los otros dos espacios de esta interna son los que generaron el intríngulis partidario. El gerenciado por el magnate de medios, representante de la oligarquía y referente de la mafia política, José Martínez Llano quien pretende presidir el PJ y además ocupar un cargo de diputado provincial; y el representado por Fabián Ríos, ex intendente capitalino que perdió las elecciones ante Cambiemos y quedó fuera del esquema estatal.

Así las cosas, el partido de Perón es un polvorín en Corrientes y con este contexto todo indica que Cambiemos, aún con el enfrentamiento abierto entre el PRO y la Unión Cívica Radical, obtendrá la mayoría de las bancas en disputa: 15 de diputados, 5 de senadores y 3 de diputados nacionales.