La maniobra teñiría de ilegalidad al proceso en el que trabajó la Procuración de la Narcocriminalidad en la causa que estaba en manos del fiscal Carlos Stornelli, titular de la Fiscalía Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

Quien puso en evidencia la existencia de posibles maniobras ilegales es la abogada Mariana Barbitta, quien defiende a los hermanos Francisco y Corina Noguera y a Francisco Rachid Neme, los tres detenidos el 14 de marzo de 2017 en el contexto de 44 allanamientos ordenados por el juez Sergio Torres.

Los tres están acusados –junto a otros 23 imputados- de integrar una asociación ilícita para traficar marihuana.

La letrada sostiene que en la causa judicial “se habla de 30 allanamientos por narcotráfico, pero ningún secuestro de drogas. De movida ahí hay algo que está mal. No se sabe cómo se inició la causa. Creemos que hubo un direccionamientos de pruebas, motorizadas por supuestos arrepentidos”.

Aseguró además que “en el expediente se incluyeron declaraciones en las que hay testigos arrepentidos y testigos encubiertos que son efectivos de fuerzas de seguridad, pero no sabemos los orígenes de estas declaraciones y es muy probable que estén vinculadas con la práctica ilegal de D’Alessio”.

En este sentido reveló que “existe un video de diciembre de 2018 en el que D’Alessio habló en el canal de televisión TN de Buenos Aires y lo hizo de una manera tan segura que a nosotros nos dio a entender que habría tenido contacto con la causa de antemano, con Stornelli y con la investigación que se llevaba adelante”.

Es por ello que en las últimas horas pidió que se investigue la posible intromisión del polémico personaje que operaba junto a Stornelli porque “de comprobarse esto, significaría la nulidad de la causa”.

Respecto de sus defendidos sostuvo que “nunca tuvieron nada que ver con el narcotráfico y están presos, ella en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, a más de mil kilómetros de su familia. Ya presentamos un pedido de arresto domiciliario y un habeas corpus, todo fue rechazado”.

Sostuvo además que “en las últimas horas nos enteramos, además, que el Tribunal les dictó una prórroga de un año de la prisión preventiva a los acusados. Esto es una condena por adelantado. Por eso decidimos recurrir en casación para revertir el arresto de mis clientes y también exigimos que se fije fecha para el juicio”, precisó.

“Esta es una causa política. Mis asistidos se encuentran en un contexto de vulnerabilidad que es evidente”, reiteró.

Otro de los que opinó en este sentido es el abogado Roberto Herrera, quien representa al ex intendente de Itatí, quien afirmó que “circulan versiones de que existiría una cámara oculta, pero desconozco esto. Pero pudo haber sucedido, sin embargo habría que ver a quién le hicieron la cámara oculta y cómo pudo haber sido”.

Estas sospechas tienen vinculación con el rol que tuvo el gobierno en relación a la causa. El día del mega operativo la ministra de seguridad Patricia Bullrich viajó a Corrientes y desde la Casa Rosada pusieron en marcha una operación de márketing político y de difusión de medios para instalar la idea que se había desbaratado un sistema de “narcopolítica” en Itatí.

El golpe fue realizado mientras se desarrollaban las campañas electorales para la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador en Corrientes. Es por ello que la detención del intendente itateño Natividad Terán, del Partido Justicialista, fue utilizado para demonizar a todo aquel partido político opositor a Cambiemos.

Fue imputado por supuesta “colaboración” con las bandas narco. Pero nada se dijo del viceintendente de la misma localidad, Fabio Aquino, afiliado a Cambiemos, cuyo hermano seguía libre pese a que había sido detenido tres veces con hasta media tonelada de marihuana.

El oportunismo político volvió a ser un tema de debates en la causa cuando el Tribunal Oral Penal Federal 3 de Buenos Aires resolvió prorrogar por un año el inicio del debate oral y público pese a que ya está finalizada la etapa de instrucción.

“La cuestión política está muy cercana a la Justicia Federal”, afirmó el abogado Jorge Barboza quien representa a Silvina Ayala, Angélica Saucedo, Alejandro Gayoso, Melanio Mareco Vargas y a Ezequiel Saucedo.

En este marco puso en dudas las razones por las que el juicio fue pospuesto al decir que “la mora en el proceso creo que se debe a razones externas y no quiero creer que sea por una pata política, por ser un año electoral y que por ello se patee más cerca de las elecciones el juicio para buscar una condena”.

La opinión del abogado pone a flote la cuestión partidaria, otro condimento que tiñe de descrédito a la causa judicial que fue tomada como emblema por el gobierno para demostrar la supuesta “lucha frontal” contra el narcotráfico.

La relación de Marcelo D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli, los encendidos discursos de Patricia Bullrich en relación a la “narco política” al referirse a causas en las que están involucrados sus adversarios políticos, sólo contribuyen al descrédito de la Justicia que actualmente carece de legitimidad por parte de la ciudadanía.