Judiciales y Policiales
Autos secuestrados

Jueces se apartan de causas de corrupción

Pablo Molina y Carlos Soto Dávila, junto a otro de los secretarios detenidos, Federico Grau. (Foto: NOVA)

Los tres jueces que integran el Tribunal Oral Federal de Corrientes se inhibieron de intervenir en el caso de los autos secuestrados por la Justicia y que luego fueron vendidos por una asociación ilícita encabezada por el ex juez Carlos Soto Dávila y su secretario Pablo Molina.

Es que los integrantes del Cuerpo judicial presentaron sus objeciones para analizar el caso cuando llegue a debate, o bien, cuando deban analizar la situación de detención de algunos de los imputados. Tanto Víctor Alonso como Fermín Ceroleni y Victoria Rojas sostuvieron que tuvieron algún tipo de contacto con el secretario del Juzgado Federal Pablo Molina, sospechado de cuantiosos hechos ilegales en su rol de funcionario, en el contexto de funciones laborales.

Molina está procesado por las maniobras ilícitas para vender automóviles secuestrados en una concesionaria de la ciudad de Posadas que fue utilizada para el lavado de activos, pero también se lo acusa de cobrar coimas a personas detenidas, realizar escuchas telefónicas y falsificar documentos. Los jueces que se inhibieron habían intervenido en el debate oral y público en el que Roberto Rodríguez, dueño de una concesionaria de automóviles, fue condenado a trece años de prisión.

Fueron los autos secuestrados a este imputado los que Molina y Soto Dávila habían vendido en connivencia con Gastón Chapo, cuya madre, María Delfina Denogens, es integrante del Tribunal de Alzada en Resistencia.

“Lo que quiero saber es qué pasó con los autos que me incautaron. Quiero saber qué pasó con mis cosas, porque a mí me sacaron todo”, había dicho Roberto Rodríguez en el marco del juicio oral y público en el que lo condenaron por s liderar una banda integrada por su madre, sus ex parejas y sus socios para lavar dinero del narcotráfico por medio de una agencia de automóviles de alta gama.

Aparentemente en su negocio había 70 autos, pero en las actas de secuestro sólo aparecen 20. Uno de los vehículos que estaban en su salón de ventas fue incautado y luego hallado por la Gendarmería con 10 kilogramos de cocaína en el chaco. El rodado había sido sacado del depósito judicial con la firma de Molina y Soto Dávila.

“Serían aproximadamente 30 automóviles los que fueron sacados de ese modo. Uno de ellos, incluso, fue encontrado en manos de narcotraficantes en un procedimiento de la Gendarmería en el que se encontró más de diez kilogramos de cocaína”, informaron fuentes judiciales. El caso es muy grave y ahora ninguno de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal quiere dictar resoluciones en el contexto de esa causa judicial.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal Federal pide que esa misma causa sea sacada de los juzgados correntinos y se las envíe al Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires por su conexión con las operaciones ilícitas cometidas en el marco del cobro de coimas por los que tuvo que renunciar Soto Dávila.

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