La hipótesis se refuerza cada vez que se toma en cuenta las acusaciones que pesan sobre el ex juez Carlos Soto Dávila quien está detenido acusado de cobrar coimas. Sin embargo, existen imputados por narcotráfico que lo acusan de haber “armado” causas con el solo fin de recibir sobornos.

La cuestión puede ir más allá ya que el mismo letrado estuvo al frente durante 23 años del Juzgado Electoral Federal de Corrientes y era quien tomaba las determinaciones que podrían marcar la vida de los partidos políticos.

La incógnita abierta es respecto a la posibilidad de la vinculación de este juez con operativos de inteligencia paralelos armados para cobrar coimas. Lo cierto es que el ex juez electoral fue procesado con prisión preventiva y se le embargaron 20.000.000 de pesos y que sus secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina también fueron apresados y se les dictaron medidas económicas.

Pero cabe la duda respecto a que si este avance de una investigación sobre un magistrado corrupto sirve para dar credibilidad a la Justicia y, sobre todo, para lograr que la ciudadanía confíe en los Poderes del Estado.

Esta situación no es privativa del ámbito federal, también la Justicia provincial está viciada y es evidente el entramado familiar, político y de intereses existente en un fuero donde los jueces, secretarios y escribientes son amigos o parientes de quienes detentan el poder gubernamental.

Así, pese a que existe un ex juez detenido, la imagen de la Justicia y el Gobierno están en caída. Lo que cree la sociedad es que la política está corrompida y que tiene anclajes en el sistema judicial también corrupto que opera con fines electoralistas.

En esas circunstancias quienes pagan el costo son los funcionarios honestos que deben abandonar su cargo o soportar presiones y los vecinos que corren el riesgo de ser involucrados en cuestiones ilegales sin posibilidad de hacer valer sus derechos.