Panorama Político Correntino
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Escuchas ilegales dejan fuera del PJ a "Camau"

Carlos Mauricio Espínola, senador nacional, que en los hechos fue "expulsado" del PJ por un apoderado. (Dibujo: NOVA)

La declaración de un ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia dejó "pegado" al senador nacional correntino Carlos Mauricio Espínola -alias "Camau"- en una trama de escuchas ilegales y aprovechamiento de recursos del Estado, en la que se investiga la posible existencia de una asociación ilícita para extorsionar a empresarios y políticos.

El hecho que se le endilga al actual legislador es la supuesta contratación de un agente de inteligencia y del falso abogado Marcelo D'Alessio para escuchar las conversaciones de Gustavo Valdés, actual gobernador de Corrientes y de su antecesor, Ricardo Colombi.

Esta maniobra fue revelada por los mismos espías. La sospecha hacia Espínola fue plantada por Hugo Rolando Barreiro, quien declaró ante el juez Alejo Ramos Padilla, magistrado que investiga estas maniobras. El agente de la AFI dijo que la organización de espionaje ilegal, inorgánica de la Agencia Federal de Inteligencia, hizo "trabajos" para el senador del Bloque Justicialista. 

Habría ocurrido durante la campaña electoral en la que el ex medallista olímpico, ex intendente de la Capital correntina y ex kirchnerista, desarrollaba su campaña electoral en la que se postuló para gobernador de la provincia.

En la contienda electoral competía contra Valdés quien finalmente triunfó en las votaciones del 8 de octubre de 2017. Luego que se conoció este dato, la dirigencia del Partido Justicialista correntino desestimó la cuestión. Según el apoderado del grupo político, Félix Pacayut, la cuestión fue desatendida porque estaban "ocupados" en la planificación de las maniobras para presentar una nómina de candidatos para las elecciones del 2 de junio próximo.

Incluso el abogado buscó negar la pertenencia de Espínola del Partido Justicialista. "Estuvimos dedicados a la construir la propuesta del Frente para la Victoria, pero ‘Camau’ no participa en estas cuestiones partidarias en la provincia", dijo Pacayut. Sin embargo, se contradijo al indicar que "existen personas que pertenecieron a su espacio y que integran el Frente para la Victoria".

Esta supuesta maniobra ilegal fue realizada en plena campaña en Corrientes y con herramientas del Estado. Para Pacayut "la agenda nacional no incide de ninguna manera". La dirigencia del Partido Justicialista es la misma desde hace al menos una década y fueron quienes designaron a Espínola -sin convocar a Internas- como postulante a gobernador.

Para el abogado apoderado del PJ esta cuestión fue sacada de su análisis. Dijo que “Camau” “fue candidato hace dos años y desde esas elecciones fue funcional a Macri desde su banca de senador". En otros términos, reconoció así que el peronismo postuló como gobernador a un hombre que coincide con la ideología de Cambiemos.

Y quedó más claro su punto de vista al decir que "es el oficialismo nacional el que debe analizar la situación. No fue tema a analizar en el PJ y es un problema que se debe ventilar en un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires y que no impacta en los correntinos".  

Evidenciada su falta, Espínola salió a defenderse:  "Hubo una reunión, pero fue exclusivamente a modo de información para saber qué experiencia tenía de lucha contra el narcotráfico y desde aquella vez ya no tuve contacto con esa gente", dijo respecto a la reunión con Barreiro y D'Alessio.

Sostuvo, en forma ambigua, que “la reunión de la que hablan fue en un lugar público, en mi despacho" y justificó ese encuentro en que "D'Alessio era una persona que salía en los medios importantes, como abogados especialistas en narcotráfico, uno de los temas que plantee en mi campaña".

 Aún si Espínola pudiera probar su buena fe en la reunión, esta junta no pierde gravedad. Es que D'Alessio además está acusado de haber, supuestamente, intervenido en "aprietes" a empresarios para que entreguen sus emprendimientos a personas cercanas al gobierno en connivencia con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío.

También se sospecha que intervino en al menos dos oportunidades en Corrientes y que hasta se reunió con funcionarios gubernamentales, "casualmente" con Ricardo Colombi, supuestamente espiado por este mismo abogado "trucho".

Esto coincide con las mismas declaraciones de D'Alessio en una escucha telefónica. "Teníamos previsto proponer el tema de la base militar en Corrientes, una base militar americana", dijo al hablar de su relación con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Esto fue en 2016 cuando se había instalado, desde el Gobierno, la versión de que existían terroristas en la frontera entre Corrientes y Brasil, algo que fue desestimado por la Justicia.

Pero existe otro indicio respecto a la presencia de D'Alessio en Corrientes, y fue advertido por los abogados que intervienen en la causa del Operativo Sapucay por el tráfico de toneladas de marihuana desde Corrientes, quienes aseguran que todo lo actuado puede caer si se prueba que el falso abogado participó de las investigaciones en su rol de “espía ilegal” del fiscal federal Stornelli, quien participó de la etapa de instrucción de esta causa.

Esta maniobra, de haber existido, teñiría de ilegalidad al proceso en el que trabajó la Procuración de la Narcocriminalidad en la causa que estaba en manos de Stornelli, titular de la Fiscalía Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

Quien puso en evidencia la existencia de posibles maniobras ilegales es la abogada Mariana Barbitta, quien defiende a los hermanos Francisco y Corina Noguera y a Francisco Rachid Neme, los tres detenidos el 14 de marzo de 2017 en el contexto de 44 allanamientos ordenados por el juez Sergio Torres. Los tres están acusados –junto a otros 23 imputados- de integrar una asociación ilícita para traficar marihuana.

La letrada sostiene que en la causa judicial “se habla de 30 allanamientos por narcotráfico, pero ningún secuestro de drogas. De movida ahí hay algo que está mal. No se sabe cómo se inició la causa. Creemos que hubo un direccionamiento de pruebas, motorizadas por supuestos arrepentidos”.

Aseguró, además, que “en el expediente se incluyeron declaraciones en las que hay testigos arrepentidos y testigos encubiertos que son efectivos de fuerzas de seguridad, pero no sabemos los orígenes de estas declaraciones y es muy probable que estén vinculadas con la práctica ilegal de D’Alessio”.

En este sentido reveló que “existe un video de diciembre de 2018 en el que D’Alessio habló en el canal de televisión TN de Buenos Aires y lo hizo de una manera tan segura que a nosotros nos dio a entender que habría tenido contacto con la causa de antemano, con Stornelli y con la investigación que se llevaba adelante”.

Esta situación deberá ser analizada en la Justicia, al igual que la supuesta contratación de espías por parte de Espínola. Por el momento, toda declaración de los implicados respecto al caso es sospechosa y carecen de credibilidad. A veces, una duda puede más que una razón.

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