Panorama Político Correntino
Quieren instalar pasteras en Corrientes

Impulsan una ley que avala el daño ambiental

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes impulsó una norma para instalar fábricas de papel a la vera de los ríos correntinos (Dibujo: NOVA).

Mientras que las provincias de la región alertan sobre la catástrofe climática y los desajustes ecológicos a raíz de la tala de montes y la instalación de fábricas que contaminan los ríos, en Corrientes se aprobó una ley para instalar fábricas de pastas celulósicas.

El emprendimiento es similar al que pretendía instalar en Uruguay la empresa Botnia y que, por el daño que podría causar al medioambiente, el Estado argentino inició un conflicto diplomático entre 2005 y 2010 y que terminó en la Corte de la Haya. 

Solamente se construyó una de las dos plantas proyectadas, pero posteriormente hubo reclamos por la contaminación que produce en el agua del río Uruguay.

En Corrientes la iniciativa de instalar la pastera es del Estado. Es el mismo Gobierno correntino el que avanza en la idea de la poner en marcha el emprendimiento que podría profundizar el desajuste ambiental en la región.

Esta norma fue tratada el miércoles. Entonces, la Legislatura de Corrientes aprobó una ley que declara de interés estratégico para el desarrollo económico la instalación de industrias de pasta celulosa para papel. Contradictoriamente, ese mismo día también se aprobó una norma complementaria para regular el factor ambiental.

Concretamente la nueva normativa –Ley 6.495- otorga rango legal al interés provincial por “la actividad industrial celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía, y sus obras complementarias que generen impacto ambiental crítico o significativo".

La aprobación de la ley de pasteras contó con el voto de los legisladores del Frente para la Victoria, Félix Pacayut y Martín Barrionuevo, y todos los legisladores del oficialismo.

Para el Gobierno, una fábrica de pasta sería el modo en que posibilitaría la industrialización de la provincia al aprovecharse la mayor cuenta forestal de Argentina, con casi 530.000 hectáreas de pinos y eucaliptus y a la vez.

Este hecho genera un nuevo reclamo de las organizaciones ecologistas. Los árboles están destruyendo la zona de humedales y causan un serio daño a la biodiversidad en la zona de los Esteros del Iberá.

La mayor parte de los árboles plantados en Corrientes están en terrenos de empresas multinacionales –cedidas por el Estado- y llevan el producto a otras provincias donde existe desarrollo industrial.

Pese a ello, el gobierno tiene previsto entregar a firmas privadas unas 3.000.000 de hectáreas aptas para la implantación forestal, precisaron oficialmente.

La situación generó alerta en las organizaciones sociales y grupos ecologistas que ya preparan acciones legales para solicitar la ilegalidad de la norma por generar riesgo ambiental y a la salud.

Igualmente, para que se haga efectiva, se debe contar con un decreto del Gobierno nacional para que autorice la explotación de los recursos naturales.

Es por ello que el recurso de amparo podría ser presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque trascendió que un juez federal en Corrientes ya tomó nota del asunto y podría actuar de oficio contra la ley provincial aprobada este 8 de mayo.

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