Procesaron a los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
En instancias del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó con prisión preventiva a los principales directivos de la "Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis", en el marco de una causa donde se investiga la canalización a la economía formal, principalmente a través de la compra de vehículos de alta gama e inmuebles, de los millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través la intermediación financiera no autorizada, delito por el que ya cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Corrientes.
La medida alcanza a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y a Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios.
Una banca de hecho
La investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) permitió constatar que al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la cooperativa Pyramis funcionó como un banco clandestino. Bajo la fachada de una cooperativa, la entidad desarrolló una operatoria caracterizada por la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques, y operaciones cambiarias. Durante los allanamientos se logró acreditar, incluso, que ofrecía a sus clientes –tanto asociados como terceros ajenos- el servicio de cajas de seguridad.
Tal actividad, desplegada fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina, le permitió a la cooperativa obtener alrededor de 68,5 millones de pesos, personas ajenas a la entidad y capitalizar más de 9,5 pesos en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. La pesquisa puso en evidencia los vínculos económicos que la cooperativa mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual la entidad recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero en préstamo.
Habitualidad
Según se desprende del auto de procesamiento, los imputados utilizaron los cuantiosos recursos obtenidos de la intermediación financiera no autorizada para sostener y retroalimentar el funcionamiento de la cooperativa, pero también –y fundamentalmente- para volcar a la economía formal dinero que permita disimular su ilicitud de origen y, de este modo, facilitar a las personas investigadas su mejor disfrute.
En esa línea, la resolución enumera y precisa los significativos crecimientos patrimoniales registrados por cada uno de los imputados, en especial a partir de la adquisición de una importante cantidad de inmuebles, vehículos de alta gama e inversiones en fideicomisos inmobiliarios.
En efecto, el análisis de la información referida a la titularidad de automotores y adquisición de derechos patrimoniales a su respecto (ya sea mediante boletos o contratos de compraventa) durante 2012 y 2016 identificó 25 vehículos de alta gama -(BMW, Ferrari y Porsche, entre otros) vinculados a tan sólo uno de los acusados -Alfonso Siviero- lo que sumado a las inversiones inmobiliarias y tenencia de dinero en efectivo permite dimensionar las maniobras bajo análisis.
“Es así que con el producido de la intermediación financiera no autorizada se efectuó la adquisición, administración y disposición de bienes inmuebles y rodados, así como la celebración de distintos contratos vinculados al rubro de la construcción que facilitaron la aplicación e inversión de fondos, tales como fideicomisos y locaciones de obras, lo que permitió dotar de mayor opacidad al origen de los fondos, maniobras características del delito de lavado de activos de origen delictivo”, concluyó el juez.
